“Comisionemos…”

El asistente legislativo del senador Álvaro Uribe Vélez ha hecho gestiones ante una entidad pública tratando de concretar un negocio para recibir una comisión. La revelación está en una de las 12.500 comunicaciones interceptadas por el CTI de la Fiscalía, por orden de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, y dentro de la investigación por manipulación de testigos que implica al senador Uribe y a su abogado Diego Cadena.

Justamente hablando con Cadena fue grabado Fabián Arturo Rojas Puertas. El señor Rojas es un abogado que ha sido miembro de la Unidad de Trabajo Legislativo de Uribe. Frecuentemente es visto acompañando al expresidente. Yo lo vi, hace menos de un año, cuando sin ser parte, ni apoderado, se metió en una diligencia de conciliación en la Corte Suprema de Justicia. No recuerdo haber oído su voz, pero sí lo veía asentir con la cabeza cada vez que su jefe hablaba, incluso cuando decía cosas que no le convenían.

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En el Sistema de Información y Gestión del Empleo Público (Sigep), el señor Rojas aparece hoy como servidor público con el cargo de asistente 04 en el Senado de la República. Aún así no pude encontrar constancia de pagos actuales del Congreso.

La Corte Suprema tiene una comunicación legalmente interceptada entre Rojas y Diego Cadena. Para quienes no lo recuerden, Cadena es un abogado de reconocidos narcotraficantes como Diego Montoya, alias Don Diego y Diego Rastrojo. También es conocido por entrar a las cárceles para sacar cartas o videos de presos que favorezcan a sus clientes o allegados. Esa clase de vueltas las ha adelantado, por ejemplo, para traer de las prisiones comunicaciones de Víctor Patiño Fómeque a favor de Dilian Francisca Toro y de alias Gordo Lindo y alias RQ a favor de Santiago Uribe Vélez.

La llamada ocurrió el 18 de julio de 2018, a las 10:54 de la mañana, y hablan de un negocio de carbón en el que estarían interesados compradores de la India:

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-Fabián vea –dice Cadena- yo ayer conversé con ellos y me manifiestan lo siguiente: que ellos vienen directamente desde la India, llegan a Bogotá y nos desplazamos nosotros a cualquier lado con ellos para darle seriedad al asunto (…) Me dijeron estamos firmes y diga que estamos dispuestos a viajar, inmediatamente nos den una cita a materializar el negocio.

-Listo, perfecto –responde Rojas, el asistente del senador Uribe, y relata lo que ha hecho para materializar el negocio– es que el tema es que no hay carbón. No hay carbón por ningún lado. Entonces la idea es que esta gente se está moviendo como un putas. Me he movido con la Agencia Nacional de Minería. Me he movido con gente del Cerrejón. Me he movido por todo lado. Carbón térmico no hay y el precio está disputadísimo. Están pagando 190.000 tonelada.

-La reunión de mañana es para… –pregunta el abogado Cadena.

-La reunión de mañana es con una persona que es clave –contesta Fabián Rojas– la vaina es para ver mañana qué producciones puede asegurar.

Un poco después la conversación deriva al beneficio que esperan obtener de este negocio el cercano colaborador de Álvaro Uribe y el abogado que recorre cárceles, y otros lugares, buscando testimonios para favorecer al expresidente o para perjudicar a sus contradictores.

-Fabián, recuerde, hágales mañana de una vez de entrada el negocio para que comisionemos –dice Cadena– Ganemos una comisión por el lado de ellos para los dos y por aquí con ellos, que todos nos vamos a sentar el día de la negociación para que todo quede transparente.

-La idea es que se pueda concretar la vaina –afirma Rojas.

Busqué al señor Rojas para escuchar su versión, no me respondió las llamadas. El abogado Cadena sí lo hizo e inicialmente me dijo que no encontraba problemas éticos porque las gestiones del asistente de Uribe “no eran ante una entidad del Estado”. Cuando le hice caer en cuenta de que la Agencia Nacional de Minería es una institución gubernamental me respondió que sí, pero que “en todo caso no se pudo finiquitar ningún negocio”.

El abogado Diego Cadena es un particular que puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Sin embargo, los colombianos tienen derecho a saber por qué uno de los miembros del equipo del senador Uribe hace gestiones ante entidades públicas para tratar de ganarse una comisión pagada por empresarios privados y también si el expresidente Uribe está de acuerdo.