La Corte Penal Internacional y La Habana

En las últimas semanas se ha reabierto un intenso debate en torno a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya. Por un lado, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, sostiene que es inminente una intervención de la CPI debido al supuesto “pacto de impunidad” que se tejió en La Habana. Por otro lado, el Ministro de Justicia, Yesid Reyes, sostiene que esa afirmación no es cierta, pues los acuerdos entre el gobierno y las FARC se ajustan al Tratado de Roma (1998), que dio origen a la CPI.

A mi modo de ver, tiene razón el Ministro de Justicia. En los últimos años, hubo una enorme presión para una apertura de investigaciones en Colombia. Estas presiones provenían sobre todo de África, pues todas las investigaciones de la CPI en curso tienen lugar en este continente (Congo, Uganda, Sudán, Kenia, Libia, Costa de Marfil, Malí y la República Centroafricana). Este hecho produjo en el continente africano una reacción airada y muchos Estados encabezados por Kenia empezaron a denunciar a la CPI como un organismo neocolonial y anti-africano, que solamente miraba hacia una región del mundo y cerraba los ojos ante los crímenes en otros continentes.

Por ello, desde hace dos años se habla en La Haya de la necesidad urgente de “des-africanizar” las investigaciones de la CPI, abriendo casos en otros continentes. En ese momento, Colombia comenzó a aparecer con fuerza en el radar de la Fiscalía.

La razón era simple: además de los ocho países en los cuales existen investigaciones abiertas, hay otras ocho naciones que están bajo examen preliminar (Colombia, Afganistán, Nigeria, Georgia, Guinea, Irak, Ucrania y Palestina) y, de estos ocho casos, el más antiguo es precisamente nuestro país, que se halla en esta incómoda situación desde el 2004. ¡Hace 12 años!

La Fiscalía de la CPI ha venido desde esa fecha analizando si los crímenes perpetrados en nuestro país desde el año 2002 (en relación con crímenes de lesa humanidad) y 2009 (en cuanto hace a crímenes de guerra), son de jurisdicción de la Corte. Así mismo, ha venido realizando una evaluación sobre la voluntad y capacidad para juzgar estos crímenes por parte de la justicia colombiana. En ese proceso, la Fiscalía de la CPI, aun cuando todavía mantiene a Colombia en observación, ha encontrado notables avances en la aplicación de la justicia contra miembros de las AUC, los “falsos positivos”, las redes de la parapolítica y las cúpulas dirigentes de las FARC y el ELN. ¡Más de 800 fallos condenatorios en primera y segunda instancia se hallan en sus manos! La conclusión de la Fiscal Fatou Bensouda, en distintos pronunciamientos, ha sido clara: en Colombia ha habido tanto capacidad de juzgamiento, como voluntad de llevarla a cabo.

A pesar de esto, el país continúa bajo examen preliminar pues la Fiscalía de la CPI todavía sigue analizando cinco temas que la continúan preocupando: el avance de los juicios contra los “falsos positivos”, los crímenes sexuales en el marco del conflicto armado, el desplazamiento forzado, las “bandas criminales emergentes” y, finalmente, los acuerdos sobre justicia transicional en La Habana.

En el mes de octubre de 2015, la Fiscal Fatou Bensouda le solicitó a los jueces de la Corte autorización para abrir una investigación en Georgia por los crímenes de “limpieza étnica”, ocurridos durante la llamada guerra ruso-georgiana de 2008. Como es sabido, durante esta intervención de Rusia se produjo la secesión de Osetia del Sur y Abjasia, en el marco del proyecto de Vladimir Putin de reconquistar las regiones en donde habita población de origen ruso.

Es decir, es muy probable, si los jueces de la CPI dan la autorización, que la apertura de una investigación fuera del continente africano tenga lugar en esta conflictiva región que es hoy en día la frontera de Rusia y los antiguos Estados de la Unión Soviética.

Por estas razones, es posible concluir que no es inminente una apertura de investigaciones en Colombia. La CPI va a estudiar con sumo cuidado en los próximos años, tanto el texto del acuerdo en La Habana como su aplicación práctica. Y si este acuerdo logra, como creemos, un equilibrio entre los requerimientos de la justicia y las necesidades de la paz, es posible afirmar que una intervención de la Corte es muy improbable.