Estado derrotado. Estados paralelos

Ha sido un lugar común criticar el paramilitarismo, se trata de una usurpación del monopolio de la fuerza y de una de las principales funciones del Estado y del Derecho, que pueden conllevar la comisión de distintos delitos. Su existencia se explica por las insuficiencias y deficiencias del Estado, que no logra garantizar la seguridad a todas las personas a lo largo del territorio nacional, induciendo a algunos a ejercer la fuerza y la autodefensa, directamente o mediante la organización y financiación grupos armados ilegales. El tema fue objeto de concesiones penales a través de la Ley 975 de 2005, así como, de las negociaciones del Gobierno con las FARC, en el punto 3.4 del acuerdo final. El denominador común es la debilidad e ineficiencia del Estado.

Son esas debilidades e ineficiencias estatales, las causas de las muchas injusticias e inequidades sociales.

En salud, no solo se presentan asimetrías entre los regímenes subsidiado y contributivo, sino que gracias a la medicina prepagada, las personas con mayores ingresos pueden acceder más rápido a servicios de mejor calidad. En educación, a pesar de la existencia de escuelas, colegios y universidades públicas, en muchos casos la educación privada ofrece más oportunidades y mejores calidades.

La seguridad privada es una muestra de las limitaciones de la policía y entraña ingentes costos para las empresas e industrias privadas.

La justicia es uno de los casos más dramáticos, mientras los despachos judiciales están congestionados y pueden tardar un par de lustros en resolver los litigios, los centros de arbitraje y conciliación ofrecen alternativas más expeditas, con personas idóneas, siempre que puedan asumir los costos.

Las empresas públicas de transporte, puertos y comunicaciones demostraron ser inviables hace una década. El Estado tuvo que cambiar su papel de empresario a regulador para buscar modelos más eficientes, con coberturas más amplias y mejores servicios.

El diagnóstico parece sencillo, la corrupción y las malas prácticas políticas, minaron el Estado, con ello promovieron la economía extractiva a la sombra de las concesiones y favores oficiales, y desestimularon la competencia y la inventiva. En fin, condujeron a la sociedad a una desmedida concentración de riqueza y falta de oportunidades para las mayorías.

Así los estados paralelos abundan, van desde los espontáneos que cuidan carros en las esquinas y dirigen eventualmente el tráfico, hasta las bandas criminales y los grupos armados que administran justicia y ofrecen seguridad en su áreas de influencia. El ciudadano, inerme, no puede confiar solamente en Estado, tiene que buscar aliados de ocasión o procurarse servicios complementarios si sus ingresos se lo permiten.

El acuerdo final entre el gobierno y las FARC es una muestra más de la debilidad del Estado, incapaz de imponer el orden constitucional y de sancionar judicialmente a los infractores, se ve avocado a pactar indultos, amnistías y justicias de transición a cambio de sometimiento al orden establecido.

El Estado fue derrotado por la burocracia, el clientelismo y la corrupción. Su debilidad fue convertida en responsabilidades judiciales por omisión y fallas del servicio, que deben ser indemnizadas. Así mismo, justificaron las luchas insurgentes, los pactos de paz y los consabidos compromisos.

No olvidemos que el Estado somos todos, que las ventajas de unos pocos son las derrotas de todos.