Cuando hablamos de legalización...

Cuando hablamos de la marihuana, la cocaína, la heroína y las mafias en Colombia y en algunos países de América Latina, estamos hablando de la seguridad nacional, de la democracia, de los asesinatos a gran escala. Nos jugamos la institucionalidad y la vida misma. No es el caso de Estados Unidos y Europa. Allá se habla de la seguridad ciudadana, de la salud pública, de la corrupción, de los asesinatos selectivos.

Leí en El País Semanal de Madrid del 12 de junio de 2011 que la ONG Libera, que dirige el sacerdote Luigi Ciotti, calcula en 700 los caídos a manos de la famosa mafia italiana desde 1893. La cifra es menor que la de los asesinatos de propia autoría que confesó algún paramilitar en Colombia y es la mitad del promedio mensual de crímenes que en este momento se producen en México por acción de las mafias. La desproporción asombra y duele.

En los últimos cinco meses he sido invitado a Buenos Aires, Lima, Quito y Ciudad de México para hablar de crimen organizado y política en la experiencia colombiana. Son eventos que convocan a expertos de América Latina y de Estados Unidos para discutir sobre el impacto del tráfico de las drogas prohibidas y de las mafias en la vida de los países.

Había un interés especial por la historia reciente de nuestro país. Entendí la razón cuando empecé a oír los relatos de lo que está ocurriendo en toda la región. Los cambios son impresionantes. El gobierno de Felipe Calderón, en México, le declaró la guerra al narcotráfico y por tal motivo se están produciendo 15.000 homicidios por año ligados a esta confrontación. Las mafias mexicanas se están tomando a Centroamérica.

Brasil es ahora el segundo consumidor de cocaína en el mundo después de Estados Unidos, y Argentina está en camino de ser el tercero. Perú y Bolivia vuelven a ser lugares relevantes de producción y tráfico de drogas. En todos los países las estructuras criminales se han fortalecido, han establecido nexos con sus similares en otros lugares y están metiéndose a fondo en la acción política y en las instituciones.

Querían conocer en detalle cómo fue que en Colombia se produjo la imbricación entre conflicto armado y narcotráfico; cómo se llegó a la vinculación de más de una tercera parte del Congreso con los paramilitares y a la toma de instituciones enteras del Estado por parte de las mafias; querían entender la cifra de 850.000 homicidios que se han producido en el país en los últimos veinte años, una parte importante de los cuales han tenido alguna relación con las drogas y el conflicto; en suma, querían saber cómo la ilegalidad y las mafias se convirtieron en una amenaza para el Estado y la democracia, dado que en varios países se empiezan a producir algunos fenómenos parecidos a los de nuestra patria.

Este es el lugar desde donde hablamos de la legalización. Esta es la angustia que, creo, reflejan los estudios y declaraciones de varios expresidentes de América Latina y las palabras recientes de Juan Manuel Santos en Londres. No se trata solamente de discutir sobre las secuelas del consumo de drogas narcóticas o psicoactivas en la salud de las personas, o de los disturbios, robos, homicidios y eventos de corrupción que generan los adictos o los mafiosos en los países del norte.

Con la sola legalización no se garantiza, ni allá ni aquí, que se disminuya el consumo o se superen los problemas de salud y de seguridad ciudadana que traen los estupefacientes. Tampoco está comprobado que aumenten. Se necesitará un gran proyecto cultural para prevenir y aminorar la recurrencia de las personas a las drogas nocivas. Pero hay una sola cosa que no tiene discusión: con la legalización se viene al suelo el asesinato en masa que se produce en nuestros países por el fenómeno y se conjura una grave afectación a la democracia. Quizás esto es lo que no le gusta a la derecha hirsuta que se opone a un cambio en la estrategia contra el narcotráfico.