El cobarde del pueblo

La última vez que vi a Edgardo Maya fue en diciembre del año 2008. Una entrañable amiga me invitó a su casa para celebrar el comienzo de la novena de navidad. Cuando llegué me encontré –sorpresivamente– con el entonces procurador general, muy animado y con un whisky en la mano. Los vallenatos retumbaban, quizá como homenaje de los anfitriones al funcionario.

La semana anterior Alejandro Ordóñez había sido elegido por el Senado como el sucesor de Maya con el vergonzoso voto del Partido Liberal, de algunos miembros del Polo Democrático encabezados por Gustavo Petro y de otros votos comprados en una operación clientelista de gran calado. A Maya le quedaban tres semanas largas en el cargo.

Tímido, como soy, me fui a un rincón del estudio después de saludar a los dueños de la casa. Hasta allí llegó el procurador Maya y me tomó del brazo para llevarme aparte. Sin que se lo estuviera preguntando, el procurador vino a hablarme de la ‘yidispolítica’. Un tiempo atrás, yo había denunciado y probado que el gobierno había comprado los votos de los congresistas Yidis Medina y Teodolindo Avendaño para la aprobación de la reforma constitucional que permitió la reelección de Álvaro Uribe.

Yidis, Teodolindo e Iván Díaz Mateus estaban en la cárcel por estos hechos, mientras quienes los compraron seguían –como siguen hoy– en la absoluta impunidad.

Sin muchos preámbulos, Maya me contó que su última acción como procurador general de la Nación sería destituir e inhabilitar a los ministros que compraron esos votos. Me aseguró que estaba lista la resolución ordenando las más severas sanciones disciplinarias para Sabas Pretelt de la Vega, ministro del Interior en el momento de la compra de los votos parlamentarios, y Diego Palacio, ministro de Protección Social. Afirmó que ese sería el punto final de su gestión en la Procuraduría y que lo anunciaría antes de terminar el año.

Mientras hablaba sonaba al fondo un vallenato cuyo nombre sirve de título a esta columna: “Porque yo no tengo pantalones pa dejarla a ella y conseguirme a otra”.

Contrario a lo que me dijo esa noche, Edgardo Maya jamás tomó esa decisión. Unos días después pidió vacaciones y solo volvió a Bogotá en enero para entregarle el puesto a Alejandro Ordóñez.

El tema se habría quedado así, si no fuera porque algo muy revelador sucedió unos meses después.

En abril de 2009 el nuevo procurador decidió el caso de la ‘yidispolítica’ absolviendo a Sabas y a Palacio, omitiendo pruebas y contradiciendo todo el trabajo que había hecho la oficina de investigaciones especiales de la Procuraduría. Sin embargo, usó como base la resolución que Maya había dejado lista.

El trabajo de Ordóñez fue tan desgreñado y perezoso que se limitó a borrar el bloque de pruebas de la resolución y a cambiar expresiones como “destituir e inhabilitar” por “absolver”. El control de cambios de los documentos electrónicos dejó claro que el 62 por ciento del documento era el mismo de Maya… pero concluía lo contrario.