El derecho al pecado

Cada quien tiene derecho a creer en lo que quiera o a no creer en nada. Lo que no puede pretender alguien es imponerle su fe a los otros, menos aún valiéndose del poder de un cargo público para hacerlo. La Constitución de Colombia establece la libertad de cultos que consiste en proteger por igual a los ciudadanos que practican cualquier religión o a quienes no profesan ninguna.

Dicho de otra manera, el poder civil debe estar separado de las iglesias. En una democracia está permitido hacer todo aquello que esté permitido por la ley, aunque vaya en contravía de algún precepto religioso.

Una cosa es el pecado y otra el delito. En ocasiones coinciden las dos nociones: “No robar”, por ejemplo. Pero en otros casos, los mandatos de la fe establecen como pecado lo que es una conducta aceptable ante la ley.

Desde luego nadie puede obligar a un hindú a comer carne de vaca, pero si se diera el caso de que un practicante de esa religión se convirtiera en ministro de Salud de Colombia, no podría imponer la veda a los ciudadanos alegando razones sanitarias para justificar motivos religiosos.

La eutanasia es constitucionalmente aceptada en Colombia desde 1997. Una decisión de la entonces respetable Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Carlos Gaviria, estableció el derecho a morir dignamente para los enfermos terminales que cumplen ciertas condiciones.

La corte ordenó que el Congreso reglamentara la aplicación pero pasaron 18 años sin que lo hiciera. Así que este año una tutela determinó que lo hiciera el Ministerio de Salud. La resolución fue publicada y el primer ciudadano que invocó ese derecho fue don Ovidio González, cuya agonía fue ampliamente difundida por ser padre del reconocido caricaturista Matador.

Lo que vino de ahí en adelante –y aún no termina– fue un inclemente hostigamiento de la Procuraduría General contra el paciente, su familia, la Justicia y los médicos.

Mientras el equipo médico de la Clínica Oncólogos de Occidente discutía el caso, el teléfono repicaba con llamadas de la Procuraduría.

La juez civil de Pereira que estudiaba la tutela interpuesta por don Ovidio recibía comunicaciones de dos procuradores, al mismo tiempo.

Por un lado la procuradora delegada para el Trabajo y la Seguridad Social, Diana Margarita Ojeda Visbal, que –en curiosa interpretación de sus funciones– demandaba que la juez le tutelara el derecho a la vida a don Ovidio. Es decir que la Justicia lo obligara a seguir vivo en contra de su voluntad y del derecho constitucional a la eutanasia. (Ver Oficio Procuraduría)

Por otra parte, el procurador general enviaba al modesto juzgado municipal de Pereira, una nota suya designando como su agente especial al procurador de familia Jesús Guillermo Bohórquez Plazas quien pretendía examinar la historia clínica del paciente. (Ver carta del Procurador designando a Bohórquez)

Cada uno de estos procuradores tiene una historia interesante.
 
Diana Margarita Ojeda Visbal es la hermana de Pedro Ojeda Visbal, un gran amigo del paramilitar extraditado Salvatore Mancuso. La hoy procuradora presentó a su polémico hermano con el abogado Alberto Rojas Ríos para que lo asesorara en un litigio de una de sus empresas dedicada a los alumbrados públicos. La Silla Vacía descubrió que Rojas Ríos –en 2013, durante su campaña para magistrado de la Corte Constitucional– había olvidado declarar y pagar impuestos por los casi 500 millones de pesos que le pagó Ojeda Visbal. (Ver vínculo)

El otro ariete de Ordóñez para este caso, Jesús Guillermo Bohórquez Plazas, fue hasta hace un tiempo asesor del despacho del procurador general. El doctor Bohórquez se muestra en las redes sociales como seguidor del Diario de San Josémaría Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, una prelatura ultracatólica que no necesita presentación. (Ver Facebook Bohórquez)

A pesar de la ofensiva de la Procuraduría, la juez defendió la aplicación del derecho y don Ovidio pudo recibir la eutanasia.

Sin embargo, la persecución prosigue.

La Fundación Marido y Mujer anunció que pedirá procesar penalmente a los médicos que cumplieron la tutela. Detrás de esa fundación está un político conservador –y exnovicio– llamado Javier Suárez Pascagaza. Él fue uno de los mayores impulsores de la campaña del procurador general contra el matrimonio igualitario. (Ver acta)

Detrás de todos estos alegatos, pretendidamente jurídicos, asoman las orejas del oscurantismo de Ordóñez.