El “salto jurídico”

No creo que Antanas Mockus se venda. Lo entrevisté por primera vez en 1991 en la casa de su madre en el barrio Quinta Paredes de Bogotá. En ese vecindario de clase media, a unas cuadras de la Universidad Nacional, ha transcurrido la mayor parte de la vida de Mockus. Hoy, 24 años después, sigue viviendo allí, en una de las típicas viviendas del sector, habitado mayoritariamente por estudiantes y familias trabajadoras. No hay un lujo en esa casa, solo libros, muebles modestos y el piano eléctrico de su hija.

Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo con Mockus. Lo que no puede decir nadie es que se haya enriquecido durante su paso por un cargo público.

Por eso resulta tan paradójico que el uribismo quiera acusar a Mockus de indelicado o de poner en venta sus principios.

Por otro lado, hay pruebas de sobra del uso particular que le dio el gobierno de Álvaro Uribe al Fondo de Programas Especiales para la Paz, incluso para congraciarse con las FARC. Sí, con las FARC, a las que les ofreció secretamente una zona desmilitarizada y discutir la extradición de miembros de ese grupo guerrillero.

Además, le entregó contratos por 1.650 millones de pesos a una empresa de Henry Acosta Patiño, el intermediario con las FARC que hoy desempeña la misma labor para el gobierno Santos.

La prueba irrefutable del interés de la administración Uribe está en una serie de interceptaciones telefónicas, efectuadas en 2006 y 2007 por el CTI por orden legal de la fiscal del Grupo Antiterrorismo Margoth Castellanos.

Sobre la primera llamada ya hemos hablado. El entonces alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, le dice al mediador con las FARC, Henry Acosta Patiño, que puede conseguirse 1.000 millones de pesos para contratos en la zona de influencia de las FARC en la cordillera central. (Ver vínculo)

El propósito de la “inversión” queda claro en la misma conversación, Luis Carlos Restrepo dice: “Bueno, yo lo que quiero es ganarme el crédito. Que se sepa, mire que hay tanta voluntad de este lado, que de una vez el comisionado en persona se puso al frente…y de una vez, traque, Mandrake”. (Ver conversación)

Otra conversación –inédita hasta ahora– muestra que la decisión no paraba en obstáculos legales. Es decir, que los contratos fueron fraccionados y acomodados para entregar el dinero que demostraba “tanta voluntad de este lado”. En esta ocasión, los interlocutores son el intermediario Henry Acosta y el asesor jurídico del Fondo de Programas Especiales para la Paz, Eduardo González.

El doctor González recomienda ajustar los términos de los contratos y en un momento señala: “Eso sería como el ‘salto jurídico’, por decirlo así, para que fuera un poquito más…más fácil”. (Ver conversación)

La ley indica que las entidades públicas contratantes están para honrar las normas y no para buscar “saltos jurídicos”, pero en esa ocasión resultó diferente.

A los contratos por 478 millones de pesos firmados en octubre de 2006 a favor de Consoeco, una empresa de la que son dueños Henry Acosta Patiño y su esposa, se sumaron muchos más. (Ver certificado Cámara de Comercio)

En un solo día, el jueves 14 de junio de 2007, la empresa de Henry Acosta recibió diez contratos por un valor total de 1.172 millones de pesos. El objeto de todos esos contratos –o del contrato partido en diez– es “Prestar sus servicios para lograr el aumento de la producción agropecuaria y facilitar condiciones para alcanzar la paz social”. (Ver contratos)

Pocos quieren ver ahora, los 1.650 millones de pesos –y otros más– que pagaron los contribuyentes colombianos para que las FARC se percataran de estos millonarios “gestos de paz” del gobierno anterior.

El señor expresidente Álvaro Uribe no habla de esos contratos, ni del “salto jurídico” que los hizo posibles. Solo dedica sus trinos, los de sus familiares, simpatizantes y subalternos, a la tarea de enlodar a Antanas Mockus.