OPINIÓN
El tribunal de la alegría
El azar parece empeñado en manifestarse en esa alta corte.
Daniel Coronell, Daniel Coronell
12 de julio de 2014
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Fallos del Tribunal de Cundinamarca han beneficiado, con millonarias sumas, a dos allegados de magistrados de esa Corte. En un caso el favorecido es el esposo de una magistrada. En el otro, se trata de una amiga, excompañera de trabajo y recomendada de otra magistrada. Los dos tienen en común haber trabajado en el despacho de un antiguo concejal de Bogotá que está denunciando esta situación.
El exconcejal y denunciante se llama Luis Fernando Olivares. Cuenta que en diferentes épocas llevó a trabajar a su Unidad de Apoyo Normativo –y en cargos de libre nombramiento y remoción– a dos abogados: Luis Enrique González Villamizar y Francy Yineth Peña Vargas.
Luis Enrique González trabajó en el Concejo de febrero de 2004 a mayo de 2006. Un poco más de dos años. Fue declarado insubsistente y demandó. Un juzgado administrativo de Bogotá analizó el caso y encontró que el abogado González no tenía razón, que la insubsistencia era legal y negó sus pretensiones.
González, entonces, apeló la sentencia que fue al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por reparto vino a caer –oh sorpresa– precisamente en una sala de descongestión de la que su esposa era miembro.
En el Tribunal no vieron semejante impedimento a pesar de que el concejal Olivares envió a la Procuraduría el acta que prueba que el demandante Luis Enrique González se unió en sagrado matrimonio con la magistrada Martha González Gutiérrez en la parroquia del Divino Salvador, hace más de 20 años. (Ver acta de matrimonio)
La Procuraduría le advirtió la situación a la subsección de descongestión del Tribunal en marzo del año pasado. (Ver advertecia) Sin embargo, la magistrada Martha González asegura que vino a darse cuenta de que la demanda de su marido había caído en su sala cuatro meses después: el 16 de julio de 2013. (Ver declaración de impedimento)
Solo se declaró impedida el 17, un día después, coincidiendo –¡otra coincidencia!– con una visita de la Procuraduría para inspeccionar el proceso. (Ver fecha)
Cuando la distraída esposa y magistrada cayó en cuenta, también se declararon impedidos los otros dos miembros de la sala que reconocieron que su amistad con la pareja quizá podía empañar la imparcialidad de sus fallos. (Ver otros impedimentos)
La apelación pasó entonces a otra subsección en donde está el magistrado José María Armenta (¿Lo recuerdan? El afortunado propietario de bellas tierras en Sapzurro).
La nueva subsección estableció –en pocos meses– que los contribuyentes debían indemnizar con más de 1.000 millones de pesos al esposo de la compañera magistrada que trabajó dos años en el Concejo. Hay una tutela fallada en contra de esa decisión, tutela que no se ha cumplido.
El otro caso tiene un ingrediente que debería incluirse en los clásicos de la picaresca. Una de las magistradas que falló a favor de la demanda de Francy Yineth Peña es precisamente quien le consiguió el puesto.
El exconcejal Olivares asegura que la persona que le recomendó a Francy fue la hoy magistrada Fanny Contreras quien había trabajado con ella. Francy laboró en el Concejo menos de un año, de octubre de 2004 a septiembre de 2005. Fue declarada insubsistente y demandó mucho después. (Ver video)
Perdió en primera instancia. El juzgado encontró infundada su demanda, y –siguiendo el camino– apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El azar parece empeñado en manifestarse en esa alta corte. Increíblemente el caso le tocó a la sala de descongestión en donde estaba su amiga, antigua compañera de trabajo y madrina política Fanny Contreras Espinosa.
Ella no pensó siquiera en declararse impedida.
La magistrada Fanny, con una ponencia inolvidable, ordenó que el distrito de Bogotá –es decir los sufridos contribuyentes– le pagaran a su amiga Francy una indemnización que puede llegar a 115 millones de pesos. (Ver firma)
Para algo tienen que servir los amigos.
Luis Enrique González trabajó en el Concejo de febrero de 2004 a mayo de 2006. Un poco más de dos años. Fue declarado insubsistente y demandó. Un juzgado administrativo de Bogotá analizó el caso y encontró que el abogado González no tenía razón, que la insubsistencia era legal y negó sus pretensiones.
González, entonces, apeló la sentencia que fue al Tribunal Administrativo de Cundinamarca y por reparto vino a caer –oh sorpresa– precisamente en una sala de descongestión de la que su esposa era miembro.
En el Tribunal no vieron semejante impedimento a pesar de que el concejal Olivares envió a la Procuraduría el acta que prueba que el demandante Luis Enrique González se unió en sagrado matrimonio con la magistrada Martha González Gutiérrez en la parroquia del Divino Salvador, hace más de 20 años. (Ver acta de matrimonio)
La Procuraduría le advirtió la situación a la subsección de descongestión del Tribunal en marzo del año pasado. (Ver advertecia) Sin embargo, la magistrada Martha González asegura que vino a darse cuenta de que la demanda de su marido había caído en su sala cuatro meses después: el 16 de julio de 2013. (Ver declaración de impedimento)
Solo se declaró impedida el 17, un día después, coincidiendo –¡otra coincidencia!– con una visita de la Procuraduría para inspeccionar el proceso. (Ver fecha)
Cuando la distraída esposa y magistrada cayó en cuenta, también se declararon impedidos los otros dos miembros de la sala que reconocieron que su amistad con la pareja quizá podía empañar la imparcialidad de sus fallos. (Ver otros impedimentos)
La apelación pasó entonces a otra subsección en donde está el magistrado José María Armenta (¿Lo recuerdan? El afortunado propietario de bellas tierras en Sapzurro).
La nueva subsección estableció –en pocos meses– que los contribuyentes debían indemnizar con más de 1.000 millones de pesos al esposo de la compañera magistrada que trabajó dos años en el Concejo. Hay una tutela fallada en contra de esa decisión, tutela que no se ha cumplido.
El otro caso tiene un ingrediente que debería incluirse en los clásicos de la picaresca. Una de las magistradas que falló a favor de la demanda de Francy Yineth Peña es precisamente quien le consiguió el puesto.
El exconcejal Olivares asegura que la persona que le recomendó a Francy fue la hoy magistrada Fanny Contreras quien había trabajado con ella. Francy laboró en el Concejo menos de un año, de octubre de 2004 a septiembre de 2005. Fue declarada insubsistente y demandó mucho después. (Ver video)
Perdió en primera instancia. El juzgado encontró infundada su demanda, y –siguiendo el camino– apeló ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.
El azar parece empeñado en manifestarse en esa alta corte. Increíblemente el caso le tocó a la sala de descongestión en donde estaba su amiga, antigua compañera de trabajo y madrina política Fanny Contreras Espinosa.
Ella no pensó siquiera en declararse impedida.
La magistrada Fanny, con una ponencia inolvidable, ordenó que el distrito de Bogotá –es decir los sufridos contribuyentes– le pagaran a su amiga Francy una indemnización que puede llegar a 115 millones de pesos. (Ver firma)
Para algo tienen que servir los amigos.
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