¿Y ahora quién podrá defendernos?

El defensor del pueblo, Jorge Armando Otálora, es un acosador laboral. Otálora cotidianamente ofende, humilla e insulta a sus subalternos, en franca violación de la Constitución y la ley, sin que le suceda nada. Varios funcionarios y exfuncionarios de la Defensoría del Pueblo me narraron –algunos de ellos entre lágrima los maltratos a los que han sido sometidos por el doctor Otálora, quien se jacta de su influencia que, según él, lo blinda de cualquier investigación e incluso del escrutinio público.

No se trata de uno o dos episodios aislados en un momento de ira. Es una conducta permanente y sistemática.

Según ellos, en las oficinas de la Defensoría ya es usual oír al jefe gritando a sus subalternos expresiones como “bruto”, “idiota”, “imbécil”, “estúpida”, “pendeja”, “guevón”, “se van a la puta mierda”, “no aprenden sino a los madrazos” y “hasta que uno los hijueputea no reaccionan”.

Los blancos de este lenguaje violento han sido desde los más sencillos trabajadores al servicio del defensor, conductores y escoltas, hasta algunos de los más calificados directivos de la entidad. Cada una de las personas con las que hablé recuerda que en algún momento se sintieron pisoteadas por el señor defensor.

Para tener su versión sobre estos hechos –sobre los cuales existen otras pruebas– contacté al señor defensor del pueblo Jorge Armando Otálora.

Inicialmente el doctor Otálora me dijo que nada de eso era cierto. Según él tuvo algunos roces mientras reformó la estructura de la Defensoría para lograr que los directivos fueran personas de libre nombramiento y remoción. Sin embargo, sostenía que jamás había gritado u ofendido a ningún subalterno.

En la siguiente respuesta el señor defensor empezó a modificar su versión: “No yo sí he llamado la atención… He alzado la voz, sí lo reconozco”. Y para recordar el momento exclamó en tono exaltado: “¿Cómo así que usted no va a meter un recurso?”, “¿Usted cree que se manda solo?”.

Entonces le pregunté si había usado palabras como “bruto”, “imbécil” o “pendejo”. El doctor Otálora replicó:

–Sí, pero por ahí molestando con mis amigos.

–¿Nunca ha usado esos términos para insultar a un subalterno? –le insistí.

–He gritado, sí –admitió el doctor Otálora– y he usado algunas expresiones. He sido vehemente... pero no grosero.

–Es decir ¿no puede existir una grabación donde usted use la expresión “guevón” para insultar un subalterno? -reiteré.

–Yo sí he usado el término –aceptó el señor defensor, después de una pausa– pero he usado ese término para aplicármelo yo mismo. He dicho “¿me vieron cara de guevón?”.

Lamentablemente para el defensor hay evidencias de que no se ha limitado a lo que ahora admite.

El doctor Otálora se empeña en que esa conducta solo se ha presentado en momentos de crisis, y que “están siendo injustos” quienes aseguran que usualmente maltrata a los funcionarios que trabajan para la entidad estatal que él dirige.

Curiosamente mientras fue magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, el doctor Jorge Armando Otálora sancionó hasta con destitución a jueces que habían maltratado en términos similares a subalternos de sus despachos.

No es para menos. La Constitución prohíbe los tratos degradantes o indignos. La ley que castiga el acoso laboral condena como falta gravísima el uso de cualquier expresión verbal injuriosa o ultrajante. Esa misma ley establece como circunstancia agravante que el agresor ocupe una posición predominante en la sociedad por su cargo, poder o dignidad.

Cuando le pregunté al señor defensor cuál era la diferencia entre las conductas que él castigaba en el Consejo Superior de la Judicatura y en las que él mismo ha incurrido, me respondió:

–Es que no ha existido queja formal contra mí por lo menos que yo sepa –y agregó–, mi juez natural es el procurador general.

Hace unas semanas el columnista de Semana.com y académico Juan Diego Restrepo denunció, en la edición digital de esta revista, algunos de estos hechos en su artículo ‘Maltrato laboral en la Defensoría del Pueblo’.

A pesar de la reveladora columna nadie reclamó la responsabilidad del señor defensor. Ni la Procuraduría, siempre sorda para lo que le conviene a Alejandro Ordóñez, ni la prensa que dejó pasar el tema como si nada.