OPINIÓN
La viuda olvidada
La viuda y sus tres hijos se quedaron sin la indemnzación que habían ganado y entendieron el paradójico significado de la palabra justicia en Colombia. El abogado Alberto Rojas Ríos, inocente por prescripción, siguió creciendo y enriqueciéndose.
Alberto Rojas Ríos está a punto de volver a ser magistrado de la Corte Constitucional por cuenta de una tutela. El Consejo de Estado, que lo había postulado, anuló su designación por irregularidades en la votación pero él ha usado todos los recursos imaginables para retrasar el cumplimiento de esa decisión. Cuando por fin debió irse, Rojas no tuvo siquiera la delicadeza de desocupar el despacho. Dejó sus cosas en la oficina del Palacio de Justicia, confiado en que maniobrará para volver tan exitosamente como maniobró para llegar.
Rojas fue elegido por el Senado a pesar de varios cuestionamientos éticos que se conocieron antes de la votación. El más evidente tiene que ver con la falsificación de un documento que fue usado para cobrar la indemnización de una viuda de quien él fue abogado.
La señora Isabel Cristina Marín y sus hijos fueron indemnizados con 116 millones de pesos porque su esposo y padre, Julio César Rodríguez, murió en un accidente causado por un empleado público. La suma jamás le llegó a la viuda aunque hay evidencia de que fue cobrada por el abogado Alberto Rojas Ríos. (Ver certificado)
Por eso, doña Isabel Cristina denunció penalmente a quien fuera su abogado por los delitos de estafa y falsedad.
Mientras Rojas sostiene que la viuda vendió los derechos litigiosos a un tercero a quien él dice haberle entregado el dinero, ella lleva años afirmando que no los vendió y que el documento usado para demostrar eso es fraudulento.
El tercero se llama Héctor Hernando Betancourt Monsalve, y resultó ser paisano, colega y admirador del abogado Alberto Rojas Ríos.
El señor Betancourt asegura que se reunió con la viuda en cuatro oportunidades para cerrar la compra de los derechos litigiosos y entregarle el dinero. Lo llamativo es que en la audiencia pública, Betancourt no fue capaz de identificar a la viuda y terminó señalando a otra señora, presente en la sala, como la persona que había negociado con él. (Ver descripción de la audiencia)
Las curiosidades no terminan ahí. No hay una sola evidencia que muestre que el dinero de la indemnización entró al patrimonio de Betancourt.
El proceso rodó de despacho en despacho y se fue demorando y demorando, como buscando la prescripción. Mientras tanto el abogado Alberto Rojas Ríos se convirtió en procurador delegado, viceprocurador general y procurador general encargado, bajo el ala protectora del ahora contralor general Edgardo Maya.
Desde sus encumbradas posiciones, Alberto Rojas Ríos siguió enfrentando a la viuda cuya voz nunca fue oída en esas alturas. En una ocasión doña Isabel Cristina le escribió al entonces procurador Maya contándole sobre el litigio que tenía con su influyente subalterno. El entonces jefe del Ministerio Público respondió que las conductas de Rojas Ríos no le concernían porque se trataba de un asunto personal, que nada tenía que ver con el cargo. (Ver carta de Maya)
En evidente condición de inferioridad, la viuda llegó a la etapa final ante un juez del circuito de Bogotá.
El operador judicial, en su sabiduría, determinó lo siguiente: sobre el delito de estafa declaró atipicidad y dijo que lo cometido se podría adecuar más bien a otro delito: abuso de confianza. Sin embargo, como había pasado tanto tiempo, el abuso de confianza ya había prescrito.
La acusación por falsedad material, sobre la cual existen dos dictámenes grafológicos contradictorios, también la declaro prescrita. El juzgado no mencionó siquiera la existencia del dictamen que señala la falsificación. Como si no existiera. Solo menciona el que favorece la versión de Rojas Ríos. (Ver dictamen)
La sentencia ignoró también que la Superintendencia de Notariado certifica que la notaria encargada que da fe de la firma en el documento del conflicto, no estaba en funciones el día de la autenticación. El titular estaba activo. (Ver certificación)
La viuda y sus tres hijos se quedaron sin la indemnización que habían ganado y entendieron el paradójico significado de la palabra justicia en Colombia. El abogado Alberto Rojas Ríos, inocente por prescripción, siguió creciendo y enriqueciéndose.
