La lunga mano

En 1982 se creó en Bucaramanga una fraternidad de ultraderecha cuyos miembros siguen trabajando juntos 34 años después. Se llama la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” y su presidente fundador, de acuerdo con los documentos oficiales, es el hoy procurador general Alejandro Ordóñez. El vicepresidente es otro funcionario de la Procuraduría llamado Rubén Darío Escobar Cardona. (Ver Sociedad Tradicionalista)

De la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” se derivó otra cofradía ultracatólica llamada “Asociación Colombiana La tradición” que tiene entre sus miembros a otros funcionarios de la Procuraduría, entre ellos al procurador delegado Rafael Quintero Milanés.  (Ver La Tradición)

La relación entre las dos asociaciones es tan estrecha que en los estatutos de “La Tradición” se establece que en caso de liquidación “el remanente de los bienes pasará a ser propiedad de la Sociedad Tradicionalista Colombiana”. (Ver estatutos)

De “La Tradición” también han hecho parte curiosos personajes de Argentina y México, reconocidos en sus países como miembros de movimientos retardatarios.

Si el tema se quedara en lo religioso no habría mucho que decir. Cada cual es libre de creer en lo que quiera. Lo grave es que los cofrades también profesan un credo político que los ha llevado a usar el poder de sus cargos civiles para amparar a sus correligionarios y a otros afines ideológicamente.

Un ejemplo claro es el del procurador Rubén Darío Escobar Cardona, quien secundó a su jefe Alejandro Ordóñez en la fundación de la “Sociedad Tradicionalista Colombiana” y hoy hace convenientes gestiones para amparar a los aliados de sus causas.

Uno de los favorecidos es José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS, y acusado por la Fiscalía de ser determinador del asesinato de Jaime Garzón.

De acuerdo con las evidencias presentadas por el ente acusador, el señor Narváez instigó al jefe paramilitar Carlos Castaño para ordenar el homicidio de Jaime. Los elementos han resultado claros para todos los participantes en el proceso menos para el ministerio público que en diciembre, a través del procurador Rubén Darío Escobar Cardona, pidió la absolución de Narváez.

La petición fue la conclusión de una larga maniobra dilatoria que -con ausencias y demoras- impulsó el procurador Escobar Cardona para posponer en tres oportunidades sucesivas el proceso contra Narváez. La historia detallada de esa estrategia está en una columna llamada “El Aplazador”.

El doctor Escobar Cardona que, de acuerdo con testimonios que obran en expedientes judiciales, ha sido asesor del Ejército es reconocido por haber pedido absoluciones de siete militares procesados por falsos positivos.

La presencia de Rubén Darío Escobar Cardona es notable cuando hay un caso donde el Procurador Ordóñez tiene interés político en el resultado.

Por ejemplo, hace unos meses durante el proceso al señor Luis Alfonso Hoyos por el caso del hacker, el procurador Escobar Cardona se acercó a quien pensaba era el abogado de Hoyos y le susurró “dígale al doctor Hoyos que el señor procurador está muy pendiente de este caso, que él sabe que lo haya que hacer se hace, que no lo desampararemos”.

El depositario del murmullo de Escobar, tristemente para él, no era el apoderado de Hoyos sino un funcionario de la Fiscalía, como lo reveló D’arcy Quinn en su momento. (Ver secretos Darcy )

Pues bien, la más reciente aparición del doctor Escobar Cardona tuvo lugar esta semana en un proceso donde la periodista Cecilia Orozco, directora de Noticias Uno y columnista de El Espectador, presenta una querella por injuria y calumnia contra el señor Ernesto Yamhure.

La diligencia de conciliación, que es un requisito de procedibilidad, no requiere la participación de la Procuraduría pero el procurador Escobar Cardona –tan ausente y negligente en el proceso por el asesinato de Garzón- llegó como caído del cielo a este.

No es muy difícil imaginar por quien va el Procurador en este pleito.