¿Desarrollo rural para favorecer a quiénes?

Después de tres años de gestión, el Gobierno Nacional ha hecho varios intentos para lograr la aprobación de un modelo de desarrollo rural que facilita el acaparamiento de tierras con el fin de promover el desarrollo de proyectos agroindustriales a gran escala. Este proyecto parece ir en contravía de sus propósitos de buscar la paz y alcanzar una sociedad más democrática, capaz de brindarle al campesinado un lugar digno.

Así, desde la expedición del Plan Nacional de Desarrollo, se aprobaron tres artículos que eliminaban las medidas restrictivas de venta de baldíos adjudicados a campesinos y modificaban la disposición de esos terrenos de forma que pudiesen ser adjudicados a empresas agropecuarias sin ninguna limitación. La Corte Constitucional tumbó estas disposiciones por considerarlas regresivas frente al deber del Estado de eliminar y prevenir la inequitativa concentración de la propiedad rural.

Aun cuando a la fecha no se ha garantizado la “democratización” y desconcentración de la tierra, el Gobierno de Santos ha reiterado como uno de los lineamientos de la locomotora del agro “garantizar la inversión en el campo”. Así quedó claro en el proyecto de ley presentado por el Ministro de Agricultura en el mes pasado, el cual creaba nuevas modalidades de acceso a la propiedad de la tierra y modificaba el régimen de baldíos. 

Si bien este proyecto fue retirado por orden del presidente, es importante recordar su contenido a fin de continuar el debate nacional respecto del modelo que se pretende implementar. Al menos tres puntos merecen una particular atención.

En primer lugar, el artículo 21 establecía que las limitaciones y restricciones para la acumulación de Unidades Agrícolas Familiares (UAF) sólo serían aplicables para bienes adjudicados después del 5 de agosto de 1994. Con este artículo se intentaba legalizar la compra masiva de baldíos por parte de empresas como Riopaila Castilla S.A., Poligrow, Indupalma, Cementos Argos, Mónica Semillas, entre otras, que mediante “estrategias sofisticadas” lograron acumular tierras que estaban destinadas a campesinos de escasos recursos y sin tierra.

En segundo lugar, el proyecto reproducía el modelo de alianzas productivas, donde los campesinos podrían transferir los baldíos adjudicados a terceros o gestores. En esta ocasión la novedad se encontraba en que los terceros debían dejar al menos un 20% de la tierra al campesino para que este desarrollara actividades productivas, claro está “articuladas” con las del gestor. Estas normas constituían claramente un retroceso respecto de la ley 160, que impedía la acumulación de baldíos adjudicados en cabeza de grandes propietarios. Si bien con estas alianzas el campesino conserva la propiedad sobre la tierra, en la práctica no sería más que un trabajador o aparcero del tercero.

En tercer lugar, el proyecto promovía la expansión de zonas de interés para el desarrollo económico y social, las cuales podían ser entregadas directamente en arrendamiento y otras modalidades a empresas para la explotación de cultivos agrícolas, actividades forestales o ganadería. El proyecto no establecía restricciones claras respecto de plazos, extensiones máximas y condiciones para la explotación de estos baldíos, circunstancia que abría paso al aprovechamiento sin límites de estas tierras.

Como se observa hasta aquí, el modelo de desarrollo rural propuesto por el gobierno nacional promueve la entrega y concentración de baldíos para desarrollar proyectos agroindustriales a gran escala, impidiendo el acceso y explotación de las tierras por parte de los trabajadores agrarios. 

Aún cuando estas políticas resultan problemáticas pues parecen contrarias a algunos puntos del Pacto Agrario y los acuerdos de La Habana, su contenido se ajusta perfectamente a la dinámica del mercado de tierras internacional que busca resolver los problemas de tenencia de la tierra para dar garantías y seguridad a grandes inversionistas que están interesados en adquirirlas. 

No se trata de hacer lobby mamerto para impedir el “desarrollo del país”. En el fondo lo que se busca es abrir ampliamente la discusión sobre un modelo de desarrollo rural que promueve la acumulación de la tierra para darle un uso en actividades destinadas a la producción de alimentos y agrocombustibles para la exportación. Todo ello facilitando la acumulación y especulación con la tierra y los productos que se obtienen de esta el mercado financiero internacional. 

* Investigadora del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia -