Procurador versus Petro: habrá baculazo

Permítaseme hacer una reflexión –a modo de apuesta- sobre la decisión que tomará el señor procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, en torno a si destituye o no de su cargo al alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro. Mi impresión personal es que en efecto lo destituirá y sancionará, pues en caso contrario se estaría traicionando a sí mismo. 

 

Cada día que pasa es más claro que Ordóñez viene librando una verdadera cruzada por la imposición de sus creencias religiosas en la vida nacional, pero no puede reconocerlo porque no solo sería políticamente incorrecto, sino causal para su propia destitución, por aplicar normas de cumplimiento confesional en un Estado laico.

 

La suya es por supuesto una cruzada fundamentalista, y para probarlo dan ‘fe’ algunas decisiones que ha tomado, pero basta con remitirse a la tesis con la que se graduó, titulada Presupuestos Fundamentales del Estado Católico y a buena hora revelada por Mauricio Albarracín para La Silla Vacía. No es de extrañar ahí la palabra “Fundamentales”, pues es precisamente la manifestación del fundamentalismo religioso que ha venido aplicando con celo y devoción, para gloria del Creador y de la Santísima Virgen, a quien en la dedicatoria le suplica “la restauración del Orden Cristiano y el aplastamiento del comunismo ateo, para que brille por doquier la Fe Católica, pues sin ella no hay esperanza para las sociedades y para los hombres”.

 

Entre las decisiones que ha tomado, un espectador desprevenido podría pensar que con Piedad Córdoba obró en justicia, por sus aparentes relaciones de cercanía y/o cooperación con las FARC (aunque según el abogado Ramiro Bejarano con base en pruebas obtenidas ilegalmente). Pero hay un caso donde actuó movido por la urgencia de infligir castigo y penitencia sobre un pecador: nos referimos a Alonso Salazar, a quien destituyó e inhabilitó por 12 años por intervenir en política, cuando este denunció supuestos vínculos criminales de su rival a la alcaldía de Medellín, Luis Pérez. 

 

Lo llamativo es que no le pareció participación en política el homenaje que en mayo de este año le rindió en esa misma ciudad el conservatismo antioqueño en pleno, donde quizás el único asistente no conservador fue el exarquero René Higuita (del partido de Pablo Escobar, según Blu Radio), y donde entre los oferentes figuraba el exgobernador Luis Alfredo Ramos, quien durante su intervención dijo que “Ordóñez tiene los valores para ser presidente”, y de quien en solidaria retribución la Procuraduría solicitó que fuera dejado en libertad “inmediatamente”, luego de la detención que la Corte Suprema ordenó en su contra por sus vínculos con grupos paramilitares.

 

El verdadero motivo –de índole estrictamente religiosa- por el cual Alonso Salazar fue objeto de tan severa sanción, es porque mientras fue alcalde de Medellín trató de poner a funcionar la Clínica de la Mujer, como había prometido en su campaña electoral, y donde se realizarían abortos para los tres casos permitidos por la Corte Constitucional: violencia sexual o incesto, riesgo para la vida o la salud de la madre, o inviabilidad del feto. Y es que Ordóñez puede perdonar todo –por ejemplo, la orgía de saqueos que disfrutaron sus copartidarios con la DNE- pero no que aquello que para la soberana majestad de un Estado Católico constituiría un delito, como es el aborto en cualquier modalidad, pudiera quedarse sin castigo divino. 

 

Por eso no se cae en error al hablar de un procurador que ejerce en la práctica una tarea fundamentalista cristiana (“la cosmovisión católica del  Estado”, según el propio Ordóñez), mientras en la teoría, o sea de labios para afuera, asegure que lo que hace es defender la Constitución.

 

Una circunstancia idéntica a la de Salazar opera con Gustavo Petro, otra personificación del mal a los ojos de alguien que percibe la tolerancia y permisividad del Distrito Capital con la comunidad gay (para citar un solo ejemplo de dicha “cosmovisión atea y comunista”) como la instauración de una especie de Sodoma y Gomorra a los pies del santuario del Señor de Monserrate, y por tanto debe ser sometida al “aplastamiento”, pues en caso contrario estaría faltando al deber de ejercer la autoridad en los términos que corresponden, siendo que “la autoridad viene de Dios y el poder terrenal está limitado por el plan divino”, como lo determina con celestial sapiencia la tesis de marras.

 

Así las cosas, a no ser que en respuesta a la demanda de Petro la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le imponga una medida cautelar al Estado colombiano, al eminentísimo señor Procurador General de la Nación no le quedará salida diferente a la de retirar de su cargo al Alcalde Mayor de Bogotá y sancionarlo por un periodo de tiempo sujeto a lo que el Espíritu Santo tenga a bien iluminarle, pues en caso contrario se estaría traicionando a sí mismo y a la causa que representa, como humilde cruzado de Cristo Redentor.