Detrás del crimen de Héctor Abad Gómez

Los asesinatos del médico y defensor de derechos humanos Héctor Abad Gómez y del abogado Luis Fernando Vélez serán tramitados como delitos de lesa humanidad, lo que quiere decir que no prescribirán y las autoridades judiciales se verán obligadas a investigar este caso, entre otras razones para que esa declaratoria no sea un canto a la bandera y acabe en la impunidad.

El Artículo 7 del Estatuto de Roma, adoptado el 17 de julio de 1998 y del cual Colombia es firmante, define el crimen de lesa humanidad como cualquier acto de asesinato, tortura, esclavitud, deportación, encarcelación, violencia sexual, persecución o desaparición forzada que se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

En aplicación de esa norma, la Fiscalía consideró que los homicidios de los dos activistas de derechos humanos, perpetrados en Medellín el 25 de agosto de 1987, hicieron parte de “ataques generalizados y reiterados de forma sistemática contra defensores de derechos humanos” que venían perpetrando en Antioquia facciones paramilitares lideradas por Fidel Castaño Gil desde el departamento de Córdoba.

Adicional a esa consideración jurídica, la Fiscalía aseveró que existen nuevos testimonios que permiten reabrir el caso, entre ellos el del confeso narcotraficante y exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo Bejarano, alias ‘Don Berna’, quien declaró el 13 de febrero de 2012 desde una cárcel de Estados Unidos que quien asesinó a Abad Gómez fue el propio Carlos Castaño, tras considerar que el médico humanista “hacía parte de la estructuras de la guerrilla del Epl en la ciudad de Medellín” y, además, porque en su labor defensa de los derechos humanos “hacia algún tipo de denuncia en la cual sectores de las Fuerzas Armadas se consideraban afectados”.

¿Puede considerarse esa versión como la más sólida para construir una línea de investigación? Hurgando entre los voluminosos archivos judiciales del Cartel de Medellín, a los cuales he hecho referencia en columnas anteriores, encontré dos documentos que me generan dudas sobre quiénes fueron los responsables de ese episodio nefasto para la ciudad y el país.

El primer documento es una diligencia de confesión e indagatoria ante un fiscal regional, fechada el 2 de julio de 1993 en Medellín. En ella, el entonces sicario del Cartel de Medellín, Carlos Mario Alzate Urquijo, alias ‘El Arete’, quien se entregó a las autoridades presionado por la cacería que desataron los PEPES (Perseguidos por Pablo Escobar), cuenta detalles de su relación con Carlos Castaño Gil, para esa época un joven sicario al servicio de su hermano Fidel.

“Me hago amigo de Carlos Castaño, y él dentro de la amistad me comentaba de sus andanzas y que le gustaba mucho la milicia, que había hecho un curso un curso en Israel, ya que él es paracaidista y vuela en cometa, y es un buen tirador y maneja muy bien los explosivos. Dentro de esa relación él me comentaba de los negocios que había hecho y que posiblemente iba hacer (sic); que esos negocios fueron todos los personajes de la izquierda que han fallecido trágicamente y todos con el mismo modus operandi. Vea, el caso de Héctor Abad Gómez, es el primero que él me comenta que lo acallan porque lo consideran un ideólogo de la izquierda”.

En esa misma diligencia, alias ‘El Arete’ relaciona los asesinatos casos de Carlos Pizarro Leongómez, Bernardo Jaramillo Ossa, José Antequera (en el que resulta herido Ernesto Samper Pizano) y el de Gabriel Jaime Santamaría, sobre los cuales le detalló Castaño Gil cómo se ejecutaron. Al respecto, el sicario del Cartel de Medellín dijo que “en la guerra del ochenta y nueve a noventa, Carlos es el táctico pero el patrón es el hermano porque él le dice ‘el patrón’”.

El segundo documento es una carta enviada por alias ‘El Arete’ al entonces fiscal general de la Nación, Gustavo De Greiff, y al vicefiscal Francisco José Sintura, fechada en Bogotá el 3 de febrero de 1994, en la que se retracta de todo lo dicho en su diligencia de confesión contra Carlos Castaño Gil y declara que esas acusaciones eran una estrategia de guerra jurídica.

“[…] resulta señor Fiscal que la orden me fue dada por el finado Pablo Escobar Gaviria, pues él consideraba que esta era una arma eficaz como estrategia de guerra, y así nos lo hizo saber a todos sus colaboradores, para que hiciéramos acusaciones contra las personas que él consideraba sus enemigos”, se lee en la misiva.

Y continúa explicando: “La verdad su señoría, y como una demostración sincera de paz, es que ello no corresponde a la realidad, como tampoco es cierto todo lo que dije en relación con las actividades que le endilgué a Carlos Castaño”.

La carta concluye diciendo: “Espero que esta declaración que deseo ampliar ante el Fiscal Delegado de la ciudad de Medellín, sirva para que se haga justicia en relación con las personas que yo señalé como autores o cómplices de esos delitos, pues no deseo perjudicarlos, ya que los verdaderos autores fueron Pablo Escobar Gaviria y Rodrigo González Gacha, ‘El Mexicano’”.

Lo paradójico es que casi 20 años después, Carlos Castaño Gil reivindicó esos crímenes. Por ello las fechas de los dos documentos son importantes para tejer algunas hipótesis. Cuando alias ‘El Arete’ da la declaración inicial, Pablo Escobar Gaviria está vivo y huyendo de las autoridades. En su retractación, el jefe del Cartel de Medellín llevaba dos meses muerto. ¿Qué pasó en esos siete meses?

Mi hipótesis es que los PEPES convencieron a este sicario para que modificara su versión e incriminara a Escobar y a González Gacha con el fin de evitar la acción de la justicia contra Carlos Castaño Gil, uno de los integrantes clave de esa estructura criminal paraestatal, y de fondo, contra quienes, desde sectores legales contrainsurgentes, respaldaron y patrocinaron ese y muchos homicidios más.

Una hipótesis subsidiaria es que no había interés de investigar las confesiones de algunos miembros del Cartel de Medellín que corrieron a buscar protección de la justicia ante la arremetida de los PEPES.  Todo lo que dijeron en relación con negocios, alianzas con industriales y financiación de políticos, debía ser silenciado, entre otras razones, porque involucraba a quienes se habían convertido en sus enemigos.

La reapertura del crimen de Abad Gómez y sus colegas será importante si logra explicar a fondo qué pasó a finales de la década del ochenta en Medellín, cuando un gran aparato de poder armado persiguió hasta la muerte a quienes representaban sectores de izquierda civilista y desarmada, y, de paso, establecer quiénes tejían los hilos desde el anonimato empresarial y castrense para que esa máquina criminal funcionara sin problemas.

En últimas, ya no importa saber quien jaló del gatillo, pues ya están muertos, lo que interesa conocer es quiénes animaron a jalarlo y garantizaron impunidad. Descubrirlos es el nuevo reto de la Fiscalía; si no lo logra, la declaratoria de crimen de lesa humanidad será un rotundo fracaso.

En Twitter: @jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario