Un país mejor en el mediano y largo plazo pasa, de una u otra manera, por una reforma a la educación en Colombia.
Es cierto que el balance no es del todo malo. Como muestran diversos estudios, Colombia ha logrado avances notables en materia de cobertura en educación básica y media.
El problema radica, sin embargo, en la calidad. Primero, porque la calidad es baja; de hecho, muy baja. Como muestran los estudios
PISA sobre la calidad de la educación, Colombia ocupó el puesto 62 entre 65 países, entre los cuales estaban incluidos países de desarrollo económico medio y alto y otros países similares a Colombia. El estudio muestra, entre otras cosas, que el 74 % de los estudiantes colombianos se rajaron en la prueba de matemáticas, mientras que el promedio general de rajados, para todos los países, fue de 32 %. Un golpe duro.
Segundo, porque la calidad es desigual. Una
investigación de DeJusticia que pronto saldrá publicada muestra que la educación que reciben pobres y ricos es muy desigual: a medida que el nivel socioeconómico del estudiante aumenta, también aumenta, y bastante, su desempeño académico (medido a partir de las pruebas Saber). Esta diferencia en el desempeño, que también existe entre zonas rurales y urbanas, termina siendo clave para acceder a una educación superior de calidad, la cual, a su vez, es fundamental para ser competitivo en el mercado laboral. La cuna viene con una condena, y el sistema educativo, en lugar de evitarla, la reproduce.
Las clases sociales no solo reciben una educación desigual, sino que además estudian por separado: el 93 % de los estudiantes de estrato 1 asisten a colegios públicos, mientras que el 98 % de los de estrato seis asisten a colegios privados.
Una mejor educación no sólo hace al país más competitivo económicamente, sino que además es un antídoto contra la
desigualdad: una educación de calidad para los niveles socioeconómicos bajos reduce el efecto de esas desventajas de origen (la falta de dinero, de capital social, etc.) que suelen significar una derrota en la competencia por la educación superior y el mercado laboral.
Además, una educación pública de calidad puede convertir la escuela en un espacio de integración social y de construcción de ciudadanía, en el que personas con diferentes trayectorias de vida se reconozcan como iguales.
El problema de las políticas en educación en Colombia es doble. Primero, algunas de las decisiones que se han tomado no han sido las correctas. Por ejemplo, un
estudio reciente de la Fundación Compartir muestra que es necesario modificar el Estatuto Docente para mejorar la formación, selección, evaluación y remuneración de los profesores. Segundo, algunas de las buenas decisiones que se han tomado han quedado en el aire y no se han ejecutado. El Plan Decenal de Educación 2006-2016, por ejemplo, da varios pasos en la dirección correcta, pero algunos de ellos se han quedado en el papel.
Esta es una invitación, entonces, a que en las próximas elecciones usted vote por los candidatos (al Congreso y a la Presidencia) que tengan la educación como prioridad. Y para eso es importante que nos hagamos dos preguntas. Primero, ¿qué proponen para mejorar la calidad de la educación? Y segundo, ¿cómo van a cumplir con lo que prometen? No basta enarbolar las banderas de la educación; exijamos propuestas concretas que partan de lo que se ha hecho y queda por hacer.
Es importante que siempre hablemos de la educación, de lo que está bien y de lo que está mal. Es importante, también, que pensemos en cómo mejorar la educación a través de otros espacios, sin reducir todos los caminos a la política electoral. Pero ahora, en esta etapa de elecciones y con un posible posconflicto a la vuelta de la esquina, debemos hacernos las preguntas más importantes y votar por las mejores respuestas.
* Investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – www.dejusticia.org