El año del general Santoyo

Para firmar esta clase de decretos ningún presidente –ni Álvaro Uribe, ni quienes lo antecedieron, ni quien lo sucedió– han requerido jamás asignación alguna de la Policía Nacional. Tampoco del Ministerio de Defensa. Escoger su secretario de Seguridad es una atribución exclusiva del presidente de la República.

El manual de funciones de la Presidencia no exige siquiera que el secretario de Seguridad sea un policía, puede ser un miembro del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Armada o simple y llanamente un civil que tenga la confianza del mandatario y que acredite uno de los títulos universitarios previstos.(Ver Requisitos).

En el gobierno de César Gaviria, los civiles Fernando Jaramillo y Eduardo Mendoza fueron secretarios para la Seguridad Presidencial. (Nombramiento de Fernando Jaramillo).

El cargo también lo ocupó un oficial de la Armada Nacional, el capitán de fragata Jorge Cepeda Díaz-Granados. (Nombramiento de Cepeda).

Ernesto Samper nombró en esa posición al coronel retirado de la Policía, Antonio Sánchez Vargas, a quien por cierto ascendió honorariamente al grado de Brigadier General.

En un momento de su gobierno, Andrés Pastrana encargó de las funciones de secretario de Seguridad Presidencial al director del DAS de la época, que casualmente era un policía, el coronel Germán Jaramillo. Sin que eso signifique que para ocupar alguno de los dos cargos que desempeñó simultáneamente fuera necesaria su pertenencia a la Policía Nacional. (Nombramiento de Germán Jaramillo).

La reglamentación y los antecedentes son prueba suficientes de la autonomía de los mandatarios para escoger libremente a su secretario de Seguridad.

Lo particular del caso del general Mauricio Santoyo no es solamente que el presidente a quien cuidó afirme ahora que no intervino en su designación, sino que tantas otras personas le hayan dado la espalda cuando fue solicitado por la Justicia de Estados Unidos.

Hace unas semanas el general Santoyo fue condenado a 13 años de prisión después de confesar que delinquió y ayudó activamente a la comisión de delitos por parte de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia. Su periodo de actividad criminal comprende su paso por la Casa de Nariño.

En Colombia ha hecho carrera la idea de que al general Santoyo le fue bien en su negociación con la Justicia de Estados Unidos. Eso tampoco es cierto. Cuando Santoyo se entregó voluntariamente, ahorrándole a los dos países un prolongado proceso de extradición, había hablado con delegados del gobierno norteamericano de pasar ocho años en prisión y no 13 como establece su condena.

Un caso de similar gravedad, el del exfiscal Ramiro Anturi, terminó con una condena a 55 meses de cárcel. Cuatro años y siete meses.

La condena a 13 años de Santoyo solo puede significar o que no contó con la defensa apropiada o que la Justicia de Estados Unidos espera más de él.

La fórmula para rebajar su sentencia se llama la regla 35. Una norma judicial estadounidense que ofrece beneficios sustanciales a los sentenciados que, dentro del año siguiente a la promulgación de su condena, informen sobre delitos de los que tengan conocimiento, hayan participado o no en ellos.

PS: La periodista Claudia Julieta Duque dirigió la investigación del Equipo Nizkor mencionada en la columna ‘El correo del Zar’ publicada hace una semana.