El carrusel torrado

La representante Ángela María Robledo es una de las pocas personas rescatables de las cenizas del llamado Partido Verde. Ella, junto con su equipo, ha trabajado durante meses para descubrir las irregularidades que están devorando al Bienestar Familiar. La administración de la inamovible directora Elvira Forero está beneficiando a una poderosa familia de políticos, con millonarias contrataciones.

Los favorecidos son miembros de la familia del senador Efraín Torrado y su hermano el concejal de Bogotá Édgar Alfonso Torrado. Dos prósperos dirigentes cuyos nombres aparecen en los documentos de conformación de algunas de las empresas del grupo. Ellos dicen que -preciso ahora que les está yendo tan bien- no tienen relación alguna con el gigantesco contratista.

El Grupo Torrado ha recibido uno de cada cuatro pesos que Bienestar ha contratado con consorcios y uniones temporales en los últimos dos años. A través de dos programas de alimentación, el ICBF les ha entregado 81.000 millones de pesos a empresas o consorcios en los que tiene intereses la familia.

Como si fuera poco, en 2010 los Torrado concentraron uno de cada tres pesos adjudicados por contratación directa por el ICBF en convenios para alimentación de adultos mayores.

Entre las empresas licitantes que giran en la órbita de los Torrado están Cooprosperar, Unidos para Nutrir, Internacional de Negocios, Cooperativa Multiactiva Surcolombiana de Inversiones, Empresa Cooperativa de Servicios Nacionales (Empsenal) y Alfaba.

Sin embargo, lo alarmante no es la inusitada concentración de recursos públicos en un pulpo contratista. Lo más grave es que existen pruebas de reiterados incumplimientos de esas empresas sin que les suceda nada. Como si los hubiera tocado un hada madrina para librarlos de las consecuencias legales.

La Contraloría y la Procuraduría han encontrado que contratos ejecutados por empresas del Grupo Torrado han incumplido con el objeto para el cual les pagaron con dineros públicos. Sin que esto les haya traído consecuencia alguna.

Por ejemplo, la Procuraduría Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia y la Familia encontró informes de auditoría que señalan graves fallas de higiene en el suministro de alimentos a personas mayores. No obstante, el ICBF autorizó el pago de los servicios como si los hubiesen prestado normalmente.

"No se entiende por parte de esta Procuraduría Delegada por qué se certifica cumplimiento del objeto contratado y de las obligaciones contraídas sin haberse adoptado por parte de la entidad contratante los correctivos pertinentes, lo que podría poner en alto riesgo la vida y la salud de los adultos mayores".

Los Torrado ganan y ganan contratos para atender los programas de Bienestar en varios departamentos de Colombia, sin que las quejas de los usuarios merezcan atención.

Ana Mariela Silva, madre de familia del Colegio Metropolitano del Sur en Santander, denunció que los niños reciben alimentos descompuestos: "Carne molida con grandes cantidades de sebo; piña, cebolla, pimentón, papa, auyama y maduro en estado de putrefacción; salchichas sin marca y sin registro Invima (…) estos desayunos a la vista se hacen para favorecer al contratista y no garantizan un desayuno digno para los niños".

En este billonario carrusel, los contratistas han encontrado la forma de incumplir, quedarse con la plata y burlar la caducidad. Cuando es evidente el incumplimiento, ceden el contrato a otra empresa del mismo grupo. Así pasó con Nutricol, consorcio del cual hace parte Cooprosperar, fundada por los hermanos Torrado, que con autorización de Bienestar le cedió un contrato no cumplido en Cundinamarca a Nutrialianza, de la cual es miembro Epsenal. Esas cooperativas son tan cercanas que operan en la misma bodega de Santander.

Esas y otras pruebas tiene Ángela María Robledo, a quien alguien poderoso le viene aplazando su debate de control político a la directora del ICBF. Vamos a ver si finalmente esta semana dejan hablar a la congresista que ha investigado el caso.