El círculo vicioso de la erradicación de hoja de coca

Esas protestas revelan que algo falta para consolidar soluciones eficaces a los cultivos de uso ilícito.
 
Cientos de campesinos se están concentrando nuevamente en la cabecera urbana del municipio de Tarazá, en el Bajo Cauca antioqueño, para protestar por el incumplimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno nacional el pasado 1 de marzo, en los cuales se comprometió a suspender la aspersión aérea con glifosato, reparar los daños causados en los cultivos de pancoger a comienzos de este año, financiar proyectos productivos y fortalecer la inversión social en el sector rural.
 
A su vez, negros e indígenas han salido de las cuencas de los ríos San Juan y Baudó, en el departamento del Chocó, y se han tomado la vía que une a Quibdó con la ciudad de Pereira para solicitar el fin de la aspersión aérea con glifosato en sus territorios de titulación colectiva y reparación por los daños causados.
 
Ambos casos demuestran que el Gobierno nacional hace mal la tarea en el tema de la erradicación de la hoja de coca. De un lado, desactiva la protesta social con promesas incumplidas; y de otro, se convierte en violador de las leyes que rigen en los territorios de propiedad colectiva, pues los interviene irrespetando las normas que exigen la consulta previa.
 
Desde el año 2008, cuando se presentó la primera movilización masiva en el Bajo Cauca antioqueño, no se han podido desactivar con eficacia los problemas derivados de la erradicación de la hoja de coca. Una y otra vez los labriegos involucrados en el ilícito han manifestado su voluntad de dejar esta actividad, pero reclaman mayor presencia del Estado; sin embargo, cuando aparece alguna agencia gubernamental, es tímida en la intervención y solo aplica paliativos que no resuelven los asuntos estructurales.
 
No puede alegarse que no hay con quien discutir. Luego de varias protestas y de los constantes incumplimientos, los labriegos se organizaron y constituyeron la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca Antioqueño (Asocbac), a través de la cual pretenden ser sólidos en las reclamaciones y en la búsqueda de soluciones.
 
En un comunicado divulgado el 26 de septiembre, esta organización señala: “Tras siete meses de firmados los acuerdos encontramos que han sido nulos los proyectos productivos, que han llegado a la zona, ni mucho menos se pagaron daños y perjuicios hechos a cultivos lícitos y de pancoger por las fumigaciones con glifosato”. A comienzos de marzo tuve la oportunidad de viajar a la zona afectada y tomé algunas fotos, que quedan como testimonio de los daños aludidos. (Ver fotos)
 
Asimismo, denuncian que “la inversión social en nuestras zonas rurales es cero, las pocas escuelas que hay están derruidas y a punto de caerse, sin centros de salud, ni planes de atención básica en salud para la zona rural, no se le ha realizado mantenimiento a las vías de penetración lo que incrementa el costo de la vida, junto con las mujeres y niños nos estamos muriendo de hambre porque el veneno del glifosato ha quemado nuestro suelo y subsuelo”.

Pero no solo hay un incumplimiento de los acuerdos. Los líderes de Asocbac están siendo criminalizados por sectores del Estado que consideran que tienen nexos con grupos armados ilegales. Pero esa es la triste condición del campesino: si no protesta, es cómplice de actores armados ilegales que fomentan el cultivo de hoja de coca, si se organiza y protesta, es igualmente cómplice. En cualquier escenario sale perdiendo.
 
El camino que han transitado los campesinos del Bajo Cauca lo están iniciando los afrodescendientes e indígenas de las cuencas del Bajo San Juan y Baudó, en el Chocó. Los territorios colectivos ubicados en los municipios de Nóvita, Sipí, San José del Palmar, Medio San Juan, Litoral de San Juan y Medio Baudó, donde los cultivos de hoja de coca se han incrementado en los últimos años de manera ostensible, están siendo asperjados con glifosato desde hace varias semanas.
 
En una carta enviada al presidente Juan Manuel Santos, las asociaciones campesinas y consejos comunitarios describieron los efectos del herbicida: “se está haciendo de manera indiscriminada sobre áreas de cultivos de maíz, arroz, frutales, yuca, caña, plátano, chontaduro y hortalizas. Los establecimientos de crías de especies menores como gallinas, cerdos y estanques piscícolas”.
 
Además, denunciaron que ha llegado “a los nacimientos de quebradas donde están las bocatomas de los acueductos rurales” y a los techos de las casas, en los cuales “gran parte de la población hace acopio de agua para consumo humano”. Asimismo, reportaron casos de personas, entre niños y adultos, que “han sufrido distintas lesiones con secuelas notables en la piel, órganos de la visión y padecimientos gastrointestinales”. Para llamar la atención sobre esa situación, desde el pasado 25 de septiembre las comunidades negras se declararon en emergencia social y sanitaria, reclamaron el cese de las aspersiones aéreas y se tomaron la vía que de Quibdó conduce a Pereira de manera pacífica.
 
En la búsqueda de soluciones del movimiento de campesinos de Antioquia y Chocó hay coincidencias: en ambas subregiones no se oponen a la erradicación de los cultivos de hoja de coca, siempre y cuando sea concertada y de manera manual; solicitan acompañamiento del Estado en proyectos productivos y mayor inversión social en temas neurálgicos como la salud, la educación, la electrificación, infraestructura vial y créditos agrícolas; así como también que cesen los señalamientos contra sus líderes.
 
El Gobierno nacional no puede dedicarse a deslegitimar los movimientos reivindicativos de los campesinos, negros e indígenas asociándolos con la guerrillas, con el fin de negarles soluciones no solo a los efectos de la aspersión aérea sino al problema que subyace en estas subregiones, que es la falta de infraestructura para fortalecer actividades agrícolas legales y rentables.
 
Tampoco debe solucionar los problemas con promesas que luego serán incumplidas. En el Gobierno de la prosperidad democrática, las soluciones deben ser visibles, concretas y eficaces, que rompan el círculo vicioso que ha generado la erradicación de la hoja de coca. De no hacerlo, en varios meses volveremos a ver a los campesinos, negros e indígenas, saliendo de sus parcelas y protestando nuevamente. Y todo empieza de nuevo.
 
*Periodista y docente universitario