El debate sobre narcotráfico y cultivos hoja de coca

La afirmación sorprendió a la opinión pública en general, pues si algo ha hecho Colombia es ser la punta de lanza, en todo el mundo, del modelo norteamericano de lucha contra las drogas. Desde el inicio del Plan Colombia en el año 2000, se han fumigado más de un millón de hectáreas de coca, con el famoso glifosato, que contiene el roundup, una sustancia cancerígena y considerada en muchos países como altamente peligrosa. Es decir, por casi 20 años envenenamos nuestros campesinos y zonas rurales. Además, se han erradicado durante los últimos años centenares de miles de hectáreas de coca y se han mandado a la cárcel miles de campesinos. Invito a cualquier parroquiano a que visite las cárceles en Putumayo, Caquetá, Guaviare, llenas de campesinos que dicen: “Me cogieron por Ley 30”. Las siguientes gráficas muestran los niveles de aspersión aérea y erradicación manual en los últimos años:

El aumento de los cultivos de coca no se puede adjudicar a que el Gobierno nacional hubiese bajado la guardia en la lucha contra las drogas, de hecho, la realidad es más compleja. Se podrían dar cuatro explicaciones, sin embargo, una de ellas es la más importante y es la explicación económica. Con la revaluación del dólar, el precio de la hoja de coca se incrementó casi un 40 por ciento, igual sucedió con la base de la pasta. Un gramo de pasta base pasó de valer 1.200 pesos o 1.400, dependiendo de la región, a valer 1.900 pesos. Obviamente como en cualquier mercado el incentivo para cultivar aumentó. Pero el precio no solo aumentó por el dólar, también por la demanda cada vez más grande de nuevos actores en el mercado, particularmente Brasil. Por ejemplo, en la actualidad el precio de la pasta base de coca en Tumaco está a 1.900 pesos y en Guaviare está a 2.400. Un precio bastante alto.

En segundo lugar, hay un tema de ausencia de capacidad local para generar mercados internos y en gran parte esto se debe a incumplimientos de pactos agrarios en los últimos 25 años. Por ejemplo, hay zonas en Putumayo, como Puerto Ospina, a la que le prometieron luz, vías terciarias y crédito desde las marchas cocaleras de 1996 y casi todo se ha incumplido. En la medida en que no hay condiciones para un mercado local, no le queda otra alternativa a los campesinos que sembrar coca para lograr sobrevivir.

La otra explicación es que muchos campesinos entre el año 2008 y 2011 habían migrado de los cultivos de coca a la minería ilegal, pues los precios del oro estaban bastante altos y los costos de transacción eran bajos. Con la crisis económica los commodities bajaron de precio y la población volvió a migrar a la coca. Claro, como cuarta explicación se podría decir que efectivamente algunos campesinos pudieron haber incrementado los cultivos de coca ante las expectativas de recibir beneficios producto del acuerdo de paz. Sin embargo, resulta un poco curiosos que campesinos que no saben leer, ni escribir, que no tienen acceso a internet y que no tienen una red de comunicación entre ellos, puedan manipular la dinámica de un mercado. Mientras que empresarios colombianos que hablan tres o cuatro idiomas, que saben utilizar internet y que están agrupados en gremios nunca han logrado tal nivel de coordinación. Es decir, pensar que la coordinación en el mundo rural es mejor que en el mundo urbano integrado parece es un chiste.  

Por último, hace poco el experto en cortinas de humo Néstor Humberto Martínez dijo: “Tenemos que triplicar la capacidad operativa contra los narcocultivos”. Solo le puedo decir: después de 20 años de fracaso de esta política todo indica que ese no es el camino. Más bien, en lugar de estar haciendo shows mediáticos, le recomiendo al fiscal combatir las partes no visibles del crimen, donde realmente se hace la riqueza del narcotráfico, al campesino le quedan migajas, pues la gran riqueza está en el blanqueo de dinero. Le doy un dato señor fiscal, donde la institución que usted coordina tiene un papel importante: de cada 200 investigaciones sobre lavado de activos, solo una termina en condena, la mayoría ‘extrañamente‘ se quedan en el camino. Imagínese, qué tal caigan en manos de funcionarios como Gustavo Moreno, el cual usted nombró.

Así que Colombia tiene derecho a iniciar otras estrategias de lucha contra las drogas, la hasta ahora utilizada es una opción, pero no es la única.