El poder de la transparencia

De unos años para acá la transparencia está de moda en Colombia. Sólo durante el gobierno del presidente Santos se creó la Secretaría de Transparencia de la Presidencia y se aprobaron el Estatuto Anticorrupción (Ley 1474 de 2011), la “Política pública integral anticorrupción” (Documento CONPES 167 de 2013) y la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 de 2014). Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho. En Colombia, la “cultura” de la transparencia varía considerablemente entre sectores y entidades del estado. El ejemplo de dos políticas de regulación de medicamentos muestra que para hacer de la transparencia una realidad se necesita no sólo voluntad política por parte del gobierno sino presión y apersonamiento por parte de la ciudadanía.

Dos políticas públicas de salud se robaron el protagonismo en los medios de comunicación en los últimos años: la regulación de precios de medicamentos y la reglamentación del registro de medicamentos biotecnológicos. De dichas políticas se ha resaltado, por una parte, la valentía del ministro de salud para resistir a las presiones de uno de los gremios más poderosos del mundo. Por otra parte, se señaló con razón que esta política  ahorraría recursos significativos  al sistema de salud. Lo que poco se sabe es que detrás de esas dos políticas y de su éxito hay un compromiso férreo con la transparencia como mecanismo fundamental para consolidar la legitimidad de las políticas públicas y fortalecer la veeduría ciudadana.

El secreto de la política de transparencia impulsada en estos casos fue que no se limitó a informar pasivamente a la ciudadanía a través de la página web del Ministerio de Salud o a recibir comentarios una vez los actos administrativos estuvieran consolidados, tal como ocurre normalmente. Por el contrario, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos y el Ministerio publicaron documentos, cálculos y fichas técnicas y permitieron que se allegaran comentarios en cada una de las etapas de estos procesos regulatorios.

Esta transparencia radical contrasta con la opacidad que había caracterizado al gobierno del ex presidente Uribe en esta materia. Valga recordar, por ejemplo, los acuerdos secretos de precios entre el entonces Ministerio de Protección Social y la compañía farmacéutica Roche. Dicha cultura de la opacidad alimentó durante años la desconfianza y las acusaciones entre los actores del sistema de salud. Por el contrario la transparencia radical de la regulación actual de medicamentos permitió que los interesados, incluidos organismos internacionales y embajadas de socios comerciales, expresaran sus preocupaciones y participaran identificando errores y aciertos de los procesos regulatorios.

La respuesta de la ciudadanía y de los actores del sistema de salud a las oportunidades de participación no se hicieron esperar. La participación en ambos temas la desató por un lado la complejidad y lo controversial de los temas, y por el otro, los intereses que tocan. En el caso de la regulación de precios de medicamentos los actores del sistema de salud enviaron a la Comisión de regulación de precios alrededor de 72 comentarios en las tres tandas de regulación que se han adelantado desde el 2013 y que dieron origen a las Circulares 05 y 07 de 2013 y 01 de 2014. En el caso de la regulación de medicamentos biotecnológicos el decreto tuvo 5 rondas de discusión desde el primer borrador publicado en 2012 hasta su emisión en 2014. A lo largo de ese proceso de discusión el Ministerio de Salud recibió un total de 175 comentarios, con un promedio de 35 comentarios por ronda. En cada etapa de regulación o ronda de discusión las entidades respectivas no sólo respondieron a los comentarios y adoptaron muchos de ellos, sino que hicieron públicos todos los comentarios recibidos y las respuestas a los mismos.

Esta experiencia de transparencia y participación ha dado sus frutos. Ayudó a evidenciar conflictos entre las posturas de diferentes actores y en ocasiones conflictos de interés. Pero sobre todo hizo a los ciudadanos y grupos de interés  parte integral de la política pública, aumentó la sensación de confianza y le dio legitimidad a los procesos regulatorios. Nada de esto habría sido posible sin la presión y la apropiación de los procesos participativos por parte de los interesados. Ahora, con la autoridad que da el ejemplo, el Ministerio de Salud está por exigir que la industria farmacéutica reporte las dádivas que ofrece a los médicos en Colombia y así ampliar la cultura de la transparencia al sector privado. Ojalá esta experiencia pueda trasplantarse a otras políticas públicas en sectores tan necesitados de confianza como el de salud, en especial el de medio ambiente.