La alarmante agonía del Magdalena y el Cauca

Esta semana se puede atravesar a pie el río Grande a la altura de Barrancabermeja, donde tiene una profundidad de escasos 32 centímetros, mientras el Cauca tiene apenas 23 centímetros de profundidad desde Candelaria, en Valle, hasta La Virginia, en Risaralda.

Llegamos a esta calamidad en las últimas semanas por la severidad del actual fenómeno del Niño que tiene muchas regiones en grave peligro de desabastecimiento de agua. Pero la destrucción de los ríos es una antigua obra colectiva, mezcla de irresponsabilidad, incompetencia, corrupción, frivolidad, ineficiencia, criminalidad e insensatez de individuos y organizaciones, tanto del Estado como del sector privado.

La cuenca Magdalena-Cauca agrupa 726 municipios y las principales ciudades del país: Bogotá, Medellín Cali y Barranquilla, en donde vive la mayoría de la población. Su lamentable estado actual es una cuenta de cobro por la ineficiencia del Ministerio de Ambiente, la politización e inoperancia de las corporaciones regionales unidas a la falta de visión y competencia de alcaldes y gobernadores para dar un manejo adecuado, integral y sostenible a la cuenca y para poner a raya a la delincuencia organizada que expolia recursos, envenena y aniquila las fuentes de agua.

Nuestros ríos se mueren por la irracional sobreexplotación de sus recursos, la depredación que ocasionan el narcotráfico y la minería criminal, así como por la ignorancia y falta de asesoría y supervisión de muchos alcaldes de municipios de su área de influencia, en los cuales a estas alturas no hay plantas de potabilización ni de tratamiento de aguas residuales, manejo ni disposición de residuos sólidos, lo cual es fuente de insalubridad y grave contaminación.

Muchas de las corporaciones regionales no realizan medición de material en partículas ni fomentan proyectos de mecanismos de desarrollo limpio. También es incesante, raramente detectado y menos aún castigado, el tráfico ilegal de especies de fauna y flora silvestre y de especies maderables.

La magnitud de los daños es descomunal. El río Cauca, en cuya cuenca viven el 25 % de los colombianos, recibe diariamente 330 toneladas de residuos orgánicos mientras que la cuenca del Magdalena ya perdió el 40 % de su cobertura boscosa, que se sigue extinguiendo a razón de 20.530 hectáreas de bosque al año y muchas de las especies que la habitan están en vías de extinción.

A esta crisis por el Niño, que ha reducido hasta en 70 % la pluviosidad en las zonas andina y caribe, se unió la de la parálisis por orden de la Corte Constitucional de la represa de El Quimbo, en Huila, para cuyo funcionamiento se intervino un importante trayecto del cauce en la zona alta del río Magdalena. El Quimbo -otro ejemplo de las contradicciones y disputas entre entidades estatales que acaban con el Magdalena- fue una obra recibida con reservas por muchos habitantes de los seis municipios de su zona de influencia porque implicó anegar 6.000 hectáreas de las mejores tierras con vocación agrícola del departamento y perjudicó a miles de familias.

Desde el inicio el proceso estuvo plagado de pleitos y controversias que llegaron a niveles críticos el pasado mes de julio cuando Emgesa –propiedad de Enel de Italia y de la Empresa de Energía de Bogotá-, operadora de El Quimbo, inició a marchas forzadas, con el visto bueno de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) pero contra el parecer de la Corporación Autónoma del Alto Magdalena (CAM), el llenado de la represa sin retirar 1.000 hectáreas de material forestal y unos 50.000 metros cúbicos de biomasa del vaso del embalse, una entre otras acciones que habían llevado al tribunal Administrativo de Huila a dictar medidas cautelares que detuvieron los trabajos.

En épocas de amenaza de racionamiento, con el comprensible afán de integrar la generación de El Quimbo -5 % del total nacional- el Gobierno autorizó por decreto en la emergencia económica del pasado noviembre encender las máquinas, lo cual fue impugnado por representantes de la comunidad y dio origen al fallo de la Corte Constitucional que el pasado 15 de diciembre dispuso apagarlas. Desde entonces hay más de tres millones de metros cúbicos de agua represada, que se envenenan día tras día con la descomposición de la biomasa en el vaso y amenazan con eliminar las 19.000 toneladas de peces para la exportación que contiene la vecina represa de Betania. Si, como es probable, se llega a superar este escollo judicial, harían falta dos años para resolver la crisis de contaminación de la represa lo cual, según los expertos, tendrá graves repercusiones para la pesca y para la calidad de las aguas del río Magdalena. La Comisión de Regulación de Energía, la Upme, la Superservicios y el Ministerio de Minas y Energía salen mal librados de este pequeño caos que, junto con el potro desbocado que ha sido históricamente el manejo de las aguas en el país, nos enrostra que frente a las decisiones mundiales relativas al cambio climático tenemos que tomar mucho más en serio el manejo de nuestras cuencas.