OPINIÓN
El rompecabezas
La alcaldía de Rozo en Mosquera fue vital para que la zona franca y las multimillonarias ganancias de los Uribe se hicieran realidad.
Néstor Armando Novoa, director nacional de fiscalías, recibió la comunicación el 19 de octubre de 2011. Es un oficio de cinco párrafos firmado por el Jefe de la Unidad Especializada en delitos contra la Administración Pública, Martín Antonio Moreno Sanjuán. Allí le informa que en poder de tres investigadores del CTI hay un importante material probatorio.
El doctor Moreno Sanjuán en el siguiente párrafo, agrega: “De igual modo hace referencia el material probatorio a conductas punibles contra la administración pública en las que eventualmente estarían involucrados los hijos del Ex Presidente, Álvaro Uribe Vélez, y que se relacionan con la Zona Franca – Cundinamarca asumidos ya por la Dirección Seccional de Fiscalías de Bogotá”. (Ver carta fiscalía.jpg)
Las pruebas a las que se refiere el funcionario llegaron a la fiscalía provenientes de la Corte Suprema de Justicia. Fueron halladas en una oficina de abogados de Medellín, llamada Sanín y Duque, que fue objeto de una diligencia judicial dentro de las investigaciones al senador Mario Uribe Escobar, hoy condenado por parapolítica.
Entre los documentos que los investigadores encontraron hay varios escritos a mano. Uno de ellos da cuenta de un plan cuyo objetivo final es “excluir la tierra del alcalde. El resto llevarlo a sociedad promotora de la Zona Franca de Occidente”.
Los documentos indican que el alcalde, dueño de tieras, al que se refieren es el de Mosquera, Cundinamarca. Se llama Álvaro Rozo Castellanos y era la primera autoridad de ese municipio para la época en que los lotes en los que tienen intereses los señores Tomás y Jerónimo Uribe, se convirtieron en Zona Franca.
Uno de los papeles enumera los pasos que debían seguir para repartir la propiedad entre varias personas que denomina “el grupo” y concluye: “las otras 19 Ha para el (alcalde) a nombre de Luis Rozo y Efraín Fernández” (Ver manuscrito.jpg)
Luis Rozo, es el hermano de Álvaro Rozo y es un hecho que a través de una compañía llamada ALC le compró al Patrimonio Autónomo FC-Lotes Mosquera (constituído por los hermanos Uribe) un apetecido terreno aledaño a la zona franca. Los socios de ALC son los hermanos y los hijos del alcalde de Mosquera, Álvaro Rozo. (Ver accionistas ALC.jpg)
La alcaldía de Rozo fue vital para que la zona franca, y las multimillonarias ganancias de los Uribe, se hicieran realidad. Primero porque expidió -en tiempo record- el decreto que creó el plan parcial que permitió cambiar el uso de la tierra de ‘expansión industrial’ a ‘industrial’. (Ver decreto Plan Parcial.jpg) La norma ordena que, aun existiendo el POT, sin plan parcial “sólo se permite el desarrollo de usos agrícolas y forestales”. (Ver decreto2181/2006.jpg)
Segundo, la alcaldía de Mosquera aumentó el índice máximo de ocupación del terreno. Por decisión de la administración de Álvaro Rozo pasó de 50 a 75 % en ese lugar. Es decir antes sólo se podía construir en la mitad del lote dejando la otra mitad libre, hoy solo deben conservar la cuarta parte. (Ver Así cambió la norma.jpg)
Por eso resulta necesario preguntar: ¿Por qué los Uribe le vendieron a 19 mil pesos cada metro cuadrado a la familia del alcalde (o al alcalde mismo, como lo dice el documento en poder de la fiscalía) ? y ¿Por qué tan sólo dos días después vendieron lotes en el mismo lugar, a otras personas por casi el triple de ese valor?
Esas preguntas se habrían podido quedar sin respuesta. Sobre todo porque el único proceso abierto por el caso- en el campo administrativo y no penal- terminó en septiembre, antes de estas pruebas, con una conveniente conclusión de una magistrada, aspirante a registradora: “no todo lo ilegal es amoral, ni todo lo amoral es ilegal”.
Ahora el turno es de la fiscalía. Y a este punto, con mucha pena, tengo el deber de recordar que el doctor Eduardo Montealegre estuvo inexplicablemente presente en la grabación de una conversación mía con Tomás Uribe mientras yo investigaba el caso. Nunca me dijeron que estuvieran grabando la llamada, ni que estuvieran tres abogados con el señor Uribe.
Unos días después de la publicación, el ingeniero Uribe afirmó en la W Radio: “No vea, ahí hay otra cosa de Daniel. Yo el viernes conversé con Daniel. Esa conversación la presenciaron Eduardo Montealegre, Jaime Lombana y Jimena Lombana. Esa conversación está en la oficina de Jaime Lombana. Daniel me pregunta por mi relación con el alcalde, yo le digo: No tengo más que la relación protocolaria y cordial que procuro tener con todo el mundo”. (Ver video abajo)
Quizás el señor fiscal general se sienta más cómodo apartándose del conocimiento de este asunto.