El salvavidas

Qué extraño es el pensamiento jurídico del procurador Alejandro Ordóñez. Mientras se opone a la selectividad en el juzgamiento de crímenes de lesa humanidad cometidos por guerrilleros y militares y a la posibilidad de suspensión de las penas que se contemplan en el Marco Jurídico para la Paz, dice estar convencido de que los falsos positivos son crímenes de guerra. Lo dijo en una entrevista que le hizo María Isabel Rueda en El Tiempo, y lo repitió el jueves pasado en el debate sobre los dilemas jurídicos de la paz que organizó la Universidad Externado de Colombia.

Curioso. El Marco Jurídico, que él demandó, excluye a los autores de los falsos positivos de posibles beneficios de la justicia transicional. El Congreso consideró que en los casos en los que se traficó con personas para matarlas y hacerlas pasar por combatientes se configura un crimen que nada tiene que ver con la guerra, dado que quien lo cometió buscaba un beneficio personal, en dinero, tiempo o ascensos. 

El fiscal general, Eduardo Montealegre, coincide con el Congreso y ha dicho en repetidas ocasiones que los falsos positivos no tienen un nexo directo con el conflicto. Y hasta el propio general Fernando Tapias, uno de los más reputados oficiales en retiro del Ejército, dijo en una entrevista reciente con María Jimena Duzán que “los falsos positivos no tienen nada que ver con actos de servicio”.  

Pero Ordóñez va en contravía de todos ellos y su concepto tiene implicaciones interesantes, por decir lo menos. Primero, porque si los falsos positivos se consideran crímenes de guerra, en la práctica podrían quedar por fuera del alcance de la Corte Penal Internacional (CPI).

Como se sabe, Colombia tuvo una salvaguarda para los crímenes de guerra hasta noviembre del 2009. Como los falsos positivos, que se cometieron, en su mayoría, entre el 2004 y el 2008 escaparían a la jurisdicción de la Corte. 

Ahora la CPI podría considerar que los falsos positivos son crímenes de lesa humanidad y juzgarlos, si es que nuestros tribunales no lo hacen, siempre y cuando demuestre que se cometieron bajo un patrón sistemático. Algo difícil pero no imposible. 

De hecho, en su último reporte sobre Colombia, la Fiscalía de ese organismo dice que “existe fundamento suficiente para creer que los actos descritos (falsos positivos) se cometieron conforme a una política adoptada al menos a nivel de ciertas brigadas de las Fuerzas Armadas que constituye una política del Estado o de una organización para cometer esos crímenes”.

La tesis de Ordóñez tiene otros dos efectos prácticos inquietantes. Si los falsos positivos son crímenes de guerra, no tendría sentido que estén por fuera del Marco Jurídico para la Paz, como están en este momento. Y si se aprueba el fuero militar tal como está hoy en el Congreso, pasarían a ser juzgados por los tribunales castrenses y no por los ordinarios.

Qué raro que Ordóñez se oponga a cualquier tipo de amnistía e impunidad mientras les lanza un salvavidas de tres ruedas a los militares de los falsos positivos.

¿Será que el procurador, que tanto reclama que se llore por los dos ojos, lagrimea por uno, y mientras tanto el otro le llora a cántaros?

Twitter: @martaruiz66