El caballo de Troya de Duque

Dos años, cinco meses y ocho días. Ese fue el periodo que tuvieron que esperar los uribistas para entender que el 2 de octubre de 2016 significaba algo. Porque, para ser sinceros, el No en el plebiscito no valió nada. No cambió los dos elementos que motivaron la votación negativa: la participación política de las Farc y la ausencia de cárcel. Allí Juan Manuel Santos no pudo hacer más; se habría derrumbado todo el acuerdo.

Para el uribismo, esa derrota política fue el grito de batalla de las elecciones presidenciales de 2018. Solo con su victoria -la de Iván Duque- corregiría lo que consideraba una barbarie. El 10 de marzo de 2019 fue el comienzo. 

No me refiero a la decisión de Duque de presentar seis denuncias por inconvenientes de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Ese fue apenas un preámbulo de la verdadera intención: reformar de fondo la JEP. Y la cabeza de la playa son los tres artículos que presentará Duque en las próximas semanas. 

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El primero es lógico ¿Quién se opondría a que los responsables de abuso de menores paguen las penas correspondientes? Esos crímenes no merecen un tratamiento especial. Que la justicia ordinaria haga lo que toca. El problema es otro: si hubo masivo reclutamiento de menores –como ya ha quedado demostrado– y este fue por dimensiones de responsabilidad de mando, todo el liderazgo de las Farc está comprometido. En otras palabras, por la parte de atrás podrían ser juzgados.

El segundo se refiere a la continuidad del delito más allá del primero de diciembre de 2016. Para Duque es responsabilidad de la Fiscalía la investigación de estos hechos. Y no de la JEP, como se aplica hoy. 

El tercero obligará a las Farc a perder todos sus beneficios en caso de violar uno.  No importa cuál sea. La Corte Constitucional lo consideró muy draconiano y lo puso gradualista. Ese es el cambio que buscará Duque. 

Pero no es lo única propuesta. Ya el Centro Democrático anunció un proyecto especial para las Fuerzas Armadas, que daría casa por cárcel a quienes llevan cinco años detenidos. Es una iniciativa promilitar que tiene serios cuestionamientos en el exterior. No hay duda de que en la Corte Penal Internacional la recibirán con guantes de seda.

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Estas propuestas son apenas las que se conocen. Se anticipa una avalancha de reformas, buscando ponerle más dientes a la JEP.

Lo irónico es que todas estas reformas no pueden hundir a la justicia transicional. Una reforma total de la JEP no se puede hacer porque necesita los votos para hacerlo en las dos cámaras y el Centro Democrático no los tiene. Por eso ha preferido matarla colocándole condicionamientos. A mayor complejidad, más difícil imponer su justicia. Parecería que el uribismo estuviera buscando que la JEP fuera un tribunal ineficiente. 

Si bien es posible entender al uribismo, la actitud del Gobierno es sorprendente. El presidente Duque se ha inmiscuido en una guerra donde no es factible la victoria. Es más: donde el mejor escenario es un empate logrado tras meses de desgastante confrontación. 

Han pasado pocos días y ya enfrenta los primeros reveses. El canciller Carlos Holmes Trujillo tuvo que viajar con urgencia a Nueva York para explicar las objeciones. Hubo una respuesta fría. En Naciones Unidas la JEP tiene sus amigos. 

En Colombia, la Corte Constitucional declaró inexequibles varios artículos de la reglamentación de la JEP, incluyendo uno que prohíbe la práctica de pruebas para decidir sobre la extradición. También se hundió el que establecía una sala especial para militares. Dos objeciones fundamentales del Centro Democrático que no han tenido cabida. 

No es claro cuál es el objetivo final que Duque espera. En el Congreso, cada voto es difícil. Sus mayorías son tenues, en el mejor de los casos. Hay mucho tema en el Legislativo que corre el riesgo de ser ahogado por el debate de las reformas constitucionales. 

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Con un agregado fundamental: la imposibilidad de que se vuelva parte de la Constitución. No solo me refiero al pesado trámite –ocho debates– sino a la inevitable revisión de la corte. No veo el ambiente en los magistrados para un giro tan radical. Ya el consejero presidencial Fernando Barbosa advirtió el jueves que a los miembros de las Farc bajo investigación por la JEP, no les aplicará el artículo. En otras palabras, todo el discurso de castigo a violadores sexuales es solo eso. No cubre a los actuales comandantes. 

Duque propone unas objeciones de difícil aprobación. Unas reformas a la JEP a las que les espera un largo camino y no precisamente un final feliz. Todo, en un año clave para el Gobierno de cuatro años. De verdad, no entiendo por qué embarcarse en esa cruzada.