Castigar a escandalosos en las urnas

Vamos de escándalo en escándalo y las propuestas de los candidatos a la Presidencia de la República para el periodo 2014-2018 se tornan débiles y, por momentos, quedan invisibles ante tanto ruido político. Buena parte del electorado se encuentra confundido y su poder de decisión se enfrenta a los vaivenes de la “guerra sucia” que rodean este proceso electoral. 

El escenario político actual es de los más turbios en los últimos años, resultado de una feroz polarización de corrientes ideológicas que otrora fueron afines y que hoy, en su afán de alcanzar el poder, no vacilan en acudir a oscuras estrategias de propaganda para desvirtuarse entre sí. Con sus prácticas, Santistas y uribistas perpetúan el desgano por la política entre la ciudadanía.

Y es preocupante hasta dónde han llegado esos ataques electorales. En esta campaña hacen parte de ellos sectores de los organismos de control y de investigación, de las Fuerzas Militares y de las entidades descentralizadas. Unos y otros le hacen el juego a las tendencias políticas dominantes, afectando de esta manera la función del Estado, que ya no está puesto al servicio de la gente, sino de los intereses económicos que están en juego.

En las entrañas del Estado hay tanto santistas como uribistas, lo que genera un escenario de disputa electoral pocas veces visto en la historia reciente del país. Mientras los unos defienden con ahínco la gestión del actual presidente de la República, los otros están empeñados en filtrar información para socavarla y dejar en evidencia que su reelección sería altamente inconveniente para el país.

Pero esa defensa y ese ataque constantes no solo pasan por exponer cifras, positivas y negativas, dependiendo del lugar que se ocupe en la disputa; también transitan por la injuria, la calumnia, la difusión de falsas versiones, la exageración de hechos y la desinformación. Hay una paranoia total en unos y otros que están alcanzando niveles inimaginables, con resultados sociales, económicos, políticos y culturales difíciles de prever, pero sin duda alguna dañinos para la democracia.

El enrarecimiento del debate electoral es el resultado de la degeneración de los procesos políticos en los que se embarcó el país hace varias décadas, cuando se decidió que lo mejor, decían en aquellas épocas, era alternarse el poder entre conservadores y liberales, sin dejarle margen de participación a sectores ideológicos distintos a ellos, que emergían con otras propuestas. 

La metástasis de ese fenómeno degenerativo se aceleró cuando irrumpieron en el escenario electoral los grupos paramilitares orientados por los hermanos Fidel, Vicente y Carlos Castaño Gil, impulsados por élites políticas y económicas intolerantes con expresiones diferentes a sus causas ideológicas. La solución contrainsurgente se convirtió entonces en la causa de unos y otros, y fue así como se unieron para cerrarle el paso a todo lo que se percibiera como izquierda, fuera ésta civil o armada. Por eso no es de sorprender que hayamos llegado a este punto, políticamente hablando. 

Para atacar a un enemigo común como la insurgencia se apeló a acuerdos ilegales, débiles concertaciones y cohesiones de papel. En el fondo, no había tanta afinidad, pese a representar élites armadas, económicas y políticas, y tener una causa común. 

La realidad ha mostrado que unos y otros, legales e ilegales, son depredadores. Entre ellos no existen lealtades; por el contrario, apelan a todo tipo de estrategias para atacarse mutuamente y mantener su hegemonía. Crear escándalos es la más común de las prácticas. Día a día surgen hechos, reales o no, que se sobredimensionan o no, dependiendo de quiénes están involucrados y cuáles son los intereses que se pretenden afectar.

En los escándalos recientes, observable en otros del pasado, hay una falta de responsabilidades políticas en quienes están comprometidos en ellos. En el país hizo carrera, gracias a los medios de comunicación, la exposición de los culpables y el ocultamiento de los responsables. 

No puede ser posible que en dos de las campañas, los equipos de comunicaciones y de estrategias los únicos que afronten las consecuencias sean los que operan las redes y diseñan los mensajes. En estricto sentido, son tan responsables ellos como los que los invitaron a participar y los  contrataron. Sus capturas y renuncias son acciones concretas de buen recibo, pero ¿y cuál es el castigo para sus jefes? 

Los escándalos recientes también sugieren otro tipo de preguntas: ¿Qué tipo de conexiones llevaron a los señalados como culpables a dos de los movimientos políticos hoy en contienda? ¿A nombre de quién excedieron sus tareas en el proceso electoral? ¿Estar en uno u otro equipo de trabajo da licencia para hacer lo que les venga en gana con el fin de ganar las elecciones, alterando, incluso, el orden constitucional y bordeando la ilegalidad?

Tal irresponsabilidad debe tener una sanción y es allí donde juega un importante papel el electorado. Ante la absurda campaña electoral que padecemos, es importante pensar en la creación y consolidación de un nuevo escenario político en el que confluyan de manera determinante la comunicación, la información y la política, con el fin de fortalecer en la sociedad civil una sólida cultura deliberativa, que lleve a consensos transparentes, alrededor de los temas vitales para nuestro desarrollo como personas y como comunidades.

Para superar las simples opiniones, los señalamientos sin fundamento y las críticas sin razón, este nuevo espacio exige un arduo trabajo de investigación y de estudio, al cual deben abocarse todos los sectores sociales, para jalonar una transformación efectiva del quehacer político y de la participación ciudadana. No puede ser posible que por cuenta de dos movimientos políticos, que tanta riqueza les han generado a los ricos y tanta pobreza a los pobres, la democracia esté cada vez más degradada y sus fines cada vez más prostituidos. 

El próximo 25 de mayo es la oportunidad para castigar en las urnas a los escandalosos que tanto daño hacen y comenzar a transitar, como país, un camino menos belicoso. Que el castigo se sienta.