¿En Medellín pactarán con las bandas?

La situación de inseguridad en Medellín, derivada de la confrontación entre bandas armadas ilegales y de los férreos controles sociales que han impuesto en diversas comunas, está agobiando cada día a día a los ciudadanos, mientras que la Alcaldía de Medellín da palos de ciego, sin articular soluciones concretas y construyendo alrededor del tema una estructura burocrática ineficiente y costosa.

A los cuatro meses de gobierno, la actual administración anunció la creación de la Secretaría de Seguridad, cuyos objetivos, según el Decreto 0504 del 18 de abril de 2012, son “planificar, gestionar, fortalecer, articular, evaluar y ajustar todas las acciones tendientes a garantizar la seguridad del municipio de Medellín”.  El fin último de esas acciones es implementar “políticas públicas y estrategias administrativas de control, que conserven la institucionalidad, el orden público, proteger los derechos humanos de los ciudadanos y disminuir los índices delictivos”.

Cuando el alcalde Aníbal Gaviria Correa firmó ese decreto, de inmediato envió un trino a través de su cuenta de Twitter en el que afirmó que, con tal decisión, “seguimos avanzando hacia la seguridad, la convivencia y la defensa de la Vida”. Yo no estoy seguro de que los pobladores de las comunas más pobres y afectadas por las disputas armadas lean los mensajes que envían los gobernantes a través de ese medio virtual, lo que sí sienten es el impacto de las balas golpeando paredes, ventanas y puertas.

Pero la burocratización del tema de seguridad se complementó con la creación, en octubre de ese mismo año, de la Vicealcaldía de Seguridad, la cual, según un boletín de la Alcaldía, sería una instancia de “coordinación y articulación de grandes temas estratégicos”.

Sin embargo, de nada ha servido tanta estructura burocrática. Dirán, a su favor, que rebajaron los homicidios, pero ya lo he dicho varias veces en este espacio, y vuelvo y lo repito: la disminución de los asesinatos no es el único indicador para medir el nivel de violencia de una ciudad. En la capital antioqueña hay agobiantes “fronteras invisibles”, controles sociales estrictos, extorsiones a granel, torturas, desapariciones forzadas y falta de gobernabilidad en algunas zonas marginales. Todo eso es violencia, silenciosa y continua. 

Así pues, ante la ineficacia de las políticas diseñadas por la actual Alcaldía de Medellín parece que se está gestando una alternativa a tanta violencia que, de manera silenciosa, se viene abriendo paso, se trata de la posibilidad de negociar con las bandas armadas de Medellín a través de sus jefes, recluidos en algunas cárceles del país. No de otra manera podría leerse la creación de la Consejería por la vida, la reconciliación y la convivencia para Medellín, anunciada la semana pasada por el alcalde Gaviria Correa.

“Queremos que como parte de su propósito, esta Consejería nos ayude a desarmar los espíritus, a desarmar los corazones, que nos ayude a sacar desde sus primeras etapas a jóvenes o incluso niños que están empezando a perderse en el camino de la violencia o de la drogadicción”, dijo el mandatario local en un evento público en la castigada comuna 13, durante un evento público, cuando anunció esta nueva dependencia.

Hasta el momento, el Alcalde no ha dado mayores explicaciones sobre la nueva Consejería, pero en diversos círculos de la ciudad ya se viene hablando con insistencia sobre la posibilidad de entrar en diálogos con bandas armadas ilegales con el fin de lograr su desarme. ¿Será entonces que se está preparando el terreno para avanzar hacia una fase de posibles pactos que se impulsarían desde ese cargo?

Si lo que se viene rumorando en algunos sectores es cierto, es importante entonces que la Alcaldía de Medellín y sus emisarios comiencen a explicar en qué va el eventual proceso de acuerdo con las bandas armadas ilegales, sobre las cuales no hay un dato exacto, pero históricamente se ha manejado un promedio de 200, con cerca de cinco mil integrantes, entre menores y mayores de edad. Se trata de abrir el debate sobre la viabilidad de esta salida.

Y también es importante que respondan un sinnúmero de preguntas, como por ejemplo: ¿Es posible una negociación con sectores de la llamada ‘Oficina de Envigado’, que aglutina a algunas de esas bandas? ¿Se estarían haciendo acuerdos con reconocidos criminales y narcotraficantes, algunos de los cuales ya están condenados y otros esperan vuelo a cárceles de Estados Unidos? ¿Son interlocutores válidos?

Ahora bien, también es importante saber sobre los contenidos, viabilidad y legalidad de esos posibles pactos: ¿Qué se está negociando: un desarme, una tregua prolongada, un sometimiento a la justicia? ¿Qué se les está ofreciendo para atraer a los miembros de esas bandas hacia la legalidad? ¿Con qué recursos se financiarían los programas sociales dirigidos a esos hombres y mujeres para que abandonen la confrontación urbana? ¿Sobre qué base legal se estaría negociando? 

Durante los últimos 20 años, la ciudad ha vivido procesos de dejación de armas y desmovilización de estructuras criminales, tanto de izquierda como de derecha, así como sendos pactos de no agresión y treguas armadas, algunas de las cuales fueron exitosas, pero otras resultaron fallidas, incrementando las expresiones de violencia, de control social y dominio territorial, entre otras razones porque ha sido más influente el poderoso y rentable crimen organizado que la oferta estatal.

La burocratización del tema de la seguridad y su ineficacia para ofrecer soluciones concretas, así como la falta de liderazgo del gobernante y parte de su equipo de trabajo para enfrentar el tema, estaría conduciendo a la Alcaldía a mirar otras alternativas, entre ellas la de eventuales pactos con las bandas armadas ilegales. 

De ser cierto el rumor, lo que espera la ciudadanía es que se revelen los detalles de ese proceso y sus consecuencias futuras,  no vaya y se hagan acuerdos a través de los cuales se legalicen algunas de las prácticas que padecen barrios y comunas, como la de la privatización de la seguridad cotidiana, y las comunidades continúen subyugadas a poderes paraestatales. Creo que alguien debería aclararnos qué pasa.