¿Estados Unidos sacará a FARC de lista de terroristas?

El nombramiento de Bernard Aronson como representante del gobierno de Estados Unidos para los diálogos del gobierno nacional con la guerrilla de las FARC es un avance importante en estas negociaciones que ya llevan más de dos años e introduce una serie de temas que gravitaban alrededor de la mesa como espectros. Ahora tienen más cuerpo y se abren entonces nuevas discusiones.

El primero en hacerse más visible es la posibilidad de excarcelar a Juvenal Ovidio Ricardo Palmera Pineda, alias ‘Simón Trinidad’, un miembro histórico de las FARC surgido de las élites locales de Valledupar, quien fue capturado en Quito, Ecuador, en enero del 2004 y extraditado a Estados Unidos el 31 de diciembre de ese mismo año, donde fue condenado a 60 años de prisión tras ser encontrado responsable del secuestro de tres contratistas norteamericanos. Los cargos por tráfico de drogas no prosperaron y fue declarado inocente.

Desde cuando comenzaron los diálogos, el 18 de octubre del 2012, en Oslo, Noruega, las FARC han sostenido que la presencia de ‘Simón Trinidad’ es indispensable en la mesa de negociaciones. Y no se trata de un pedido menor, pues este hombre representa una estirpe guerrillera formada, con capacidad discursiva, analítico. Estuvo en las conversaciones durante el gobierno de Andrés Pastrana (1998-2002) y viajó a Europa en una comisión a promover el fallido proceso de paz de esa época. Sin embargo, hasta ahora no había sido posible hablar con más concreción del tema, y eso es lo que permite la presencia de Aronson en La Habana.

Pero detrás de ese tema está el de la extradición de insurgentes a Estados Unidos para que respondan por delitos asociados al tráfico de drogas, aspecto que juega un papel fundamental en el futuro de los acuerdos. El fiscal general Eduardo Montealegre inició el debate cuando dijo que “la extradición no puede convertirse en un obstáculo para un proceso de paz”, y lo continuó el presidente Juan Manuel Santos al señalar que “no creo que ningún guerrillero vaya a entregar las armas para ir a morir a una cárcel norteamericana”. Hasta el momento no se conoce públicamente ningún pronunciamiento de funcionarios del gobierno norteamericano.

Si bien son importantes las declaraciones de Montealegre y Santos, así como la de los voceros de la guerrilla en La Habana, pues ambientan la discusión, no dejan de ser pronunciamientos que para concretarse y favorecer los diálogos con las FARC requieren de una decisión inicial de la administración de Barak Obama: excluir de la lista de grupos terroristas a esta organización subversiva. Ese es, según me lo han explicado abogados norteamericanos, el primer paso para armonizar los demás temas, de lo contrario, todo se complica.

La guerrilla de las FARC está catalogada como “terrorista” desde octubre de 1997, cuando en la presidencia de demócrata Bill Clinton, el Departamento de Estado tomó la decisión de designar esta organización insurgente como “Organización Terrorista Foránea”, bajo la Ley de Antiterrorismo y Pena de Muerte, que entró en vigencia el primero de abril de ese año. Pero esa ley tuvo como antecedente la Directiva Presidencial 35 (PDD 35), fechada el 2 de marzo de 1995, que redefinió las prioridades de inteligencia para ese momento.

El 16 de septiembre de 1997, durante el discurso de conmemoración de los 50 años de la CIA, el presidente Clinton hizo alusión a aquella Directiva y aseveró que una de las prioridades fue “proteger a los ciudadanos estadounidenses de las nuevas amenazas transnacionales, como los traficantes de drogas, terroristas, delincuentes organizados, y las armas de destrucción masiva”. En ese contexto se designan las FARC como “Organización Terrorista Foránea”.

Su inclusión en esa categoría fue ratificada el 2 de noviembre del 2001, cuando se les consideró “Terroristas globales con designación especial”, durante el gobierno de George W. Bush, siguiendo las directrices de la Orden Ejecutiva 13224, firmada el 23 de septiembre de ese año en respuesta a los ataques terroristas perpetrados en ese país 12 días antes.

En ese documento se determinó que serían objeto de sanción todas aquellas personas o grupos que representaran un riesgo para la seguridad nacional estadounidense y la de sus ciudadanos, así como para la política exterior y la economía. La decisión de incluir a cualquiera en esa lista quedó en manos del Secretario de Estado, en consulta con el secretario de Hacienda y el fiscal general.

Como si fuera poco, el gobierno de Bush también designó a las FARC “Narcotraficantes Foráneos Significativos” bajo los lineamientos de las directrices consagradas en el llamado Kingping Act (The Foreign Narcotics Kingpin Designation Act), más conocido como “Lista Clinton”, creada en 1995. La decisión contra el grupo guerrillero se tomó el 29 de mayo del 2003 y se centró en adoptar medidas financieras contra estructuras del tráfico de drogas que afectaban la seguridad de Estados Unidos, la de sus ciudadanos y su economía.

Estar bajo esas designaciones en Estados Unidos tiene implicaciones judiciales que se mantienen mientras la persona o el grupo permanezcan en esas listas. Es por ello que el primer paso que se debe dar en ese país para tomar decisiones con respecto a la excarcelación de ‘Simón Trinidad’, reconsiderar las peticiones de extradición y respetar sus recursos económicos, entre otras, es reconsiderar esas clasificaciones.

El punto es si las valoraciones hechas sobre las FARC por las autoridades norteamericanas, durante los tres momentos reseñados, han cambiado o cambiarán sustancialmente, ante un eventual proceso de paz, que los lleve a reconsiderar sus designaciones. Eso aún no está claro, y todo pasa por cómo se conciba el narcotráfico, actividad que, pese a los diálogos en La Habana, aún continúa, con complejas alianzas con grupos de narcotraficantes.

No es una discusión fácil la que tienen entre manos por estos días en Cuba y en Colombia, y es clave que se tomen decisiones multilaterales, pues de ellas depende, en gran medida, el futuro de los eventuales acuerdos con las FARC y la perspectiva de participación política de algunos de sus miembros, algunos de ellos pedidos en extradición.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Juan Diego Restrepo E.