Exmiembros de la ‘Oficina de Envigado’ suspenden diálogo con Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación, a través de su Vicefiscal, Jorge Perdomo, expuso hace unos días en Bogotá las estrategias incluidas en el proyecto de reforma al Código Penal que está en trámite en la Cámara de Representantes para que las estructuras del crimen organizado se sometan a la justicia.

El alto funcionario explicó que se propusieron dos fases: la primera es colectiva y comienza cuando el Fiscal General de la Nación recibe una solicitud de la organización criminal. Para atender el caso se designará un fiscal negociador, quien hará los acercamientos con sus voceros o apoderados. Para facilitar las conversaciones está previsto, incluso, cancelar órdenes de captura.

La segunda fase se adelantará con cada uno de los miembros del grupo delincuencial, por cuanto no todos responden por los mismos hechos. Algunos lo harán por homicidios, otros por porte de armas o por aquellas funciones que cumplen dentro de la estructura criminal.

Negociaciones de este tipo, contempladas en el actual Código Penal, se adelantan con frecuencia en los estrados judiciales. El Vicefiscal reconoció que “aquí también puede haber unas negociaciones generosas, porque esas negociaciones generosas se realizan normalmente con los delincuentes que entregan una información que es necesaria para desmantelar, desvertebrar estructuras (…) eso es perfectamente viable jurídicamente para hacerlo con estas organizaciones”.

No obstante, esa intención de la Fiscalía General de la Nación riñe con el proceder de la Dirección Seccional de Fiscalías de Medellín, donde, al parecer, no comparten las propuestas de sus superiores. Ejemplo de ello, según me explicaron, es la manera cómo se frenó desde allí un proceso de acuerdo que se venía gestando con tres exmiembros de la ‘Oficina de Envigado’, ya condenados y recluidos en distintas cárceles del país.

El proceso comenzó en agosto de 2015 cuando Julián Andrey González Vásquez, alias ‘Barny’; Edinson Rodolfo Rojas, alias ‘Pichi’; y Juan Camilo Rendón Castro, alias ‘Peluco’, buscaron a través de sus abogados un acercamiento con la Unidad de Vida de la Fiscalía en Medellín para encontrar soluciones procesales en el caso de dos homicidios ocurridos en 2009 y en los cuales estaban implicados. A partir de ese momento, se iniciaron las conversaciones con miras a establecer a qué tipo de beneficios podían acceder, ciñéndose a las normas penales.

Estos hombres tenían claro que los beneficios jurídicos eran proporcionales a la información que suministraran. Por ello declararon que estaban en capacidad de aportar a la seguridad ciudadana de Medellín y el área metropolitana, y garantizaron que desde sus sitios de reclusión podrían intermediar en conflictos urbanos, suministrar información sobre caletas de armas, municiones y drogas ilícitas, y brindar otras ayudas que condujeran a la judicialización de otros delitos.

Aún sin llegar a ningún acuerdo y como demostración de lo que podrían aportar, ofrecieron información que le permitió a las autoridades en Medellín lograr algunas judicializaciones. El avance en las conversaciones estaba en tal punto que se había convenido hacer una ceremonia de no agresión entre organizaciones criminales de la comuna 13 que estaban enfrentadas. A finales de diciembre estaba preparado el evento, pero el cambio de administración municipal lo retrasó.

El equipo de la Secretaría de Seguridad del anterior alcalde, Aníbal Gaviria, sabía de estas conversaciones. Una vez posesionado Federico Gutiérrez como nuevo alcalde de la ciudad, fue informado del asunto por uno de sus secretarios. Unos y otros estaban de acuerdo con estos acercamientos y, según las fuentes que he consultado, las apoyaban. Se trataba de una estrategia para atacar la criminalidad en la ciudad.

¿Pero cómo se frenó el proceso? El Director Seccional de Fiscalía de Medellín, Germán Darío Giraldo Jiménez, quien desde un principio fue enterado del asunto y pese a que se estaban dando resultados, decidió, de manera arbitraria, trasladar hace dos semanas a la fiscal que coordinaba la Unidad de Vida y quien estaba al frente de las conversaciones.

En rechazo a esa medida, los exintegrantes de la ‘Oficina’ suspendieron su colaboración con la justicia y así se lo hicieron saber al vicefiscal general de la Nación y al alcalde de Medellín: “Nos sentimos afectados señor Vicefiscal con la decisión de la Fiscalía General de la Nación, cuando ha dispuesto trasladar a esta funcionaria a otro sitio, lo que entorpece las conversaciones, pues confiamos en ella por su seriedad, respeto y capacidad jurídica”. (Leer carta)

La pregunta que se hacen funcionarios y abogados en los pasillos de la Fiscalía en Medellín que conocen este caso es: ¿cuál es el interés de Giraldo Jiménez de frenar este proceso cuando desde la dirección nacional se está proponiendo fortalecer este tipo de negociaciones como una manera de desactivar los conflictos urbanos?

La cuestionada actitud del director seccional de fiscalías de Medellín no para allí. En relevo de la fiscal que coordinaba la Unidad de Vida, puso en ese cargo, en calidad de encargada, a Ángela María Bedoya Vargas, quien, en 2009, se desempeñó como fiscal 122 seccional de la Unidad de Vida.

Uno de los casos que adelantó se derivó de la captura de tres hombres, que, según informes policiales, fueron capturados el 18 de agosto de ese año cuando se alertó sobre un posible atraco a una sede bancaria en el centro de la capital antioqueña. A uno de ellos se le incautó un revolver y cinco cartuchos. Uno de los detenidos fue Harrison Bedoya Castaño, familiar cercano de la fiscal Bedoya Vargas.

Ante ese conflicto de intereses, la funcionaria debió declararse impedida, pero no lo hizo; al contrario, resolvió el caso en tiempo récord y archivo las diligencias en forma definitiva en favor de su pariente.

Frente a esas situaciones, con una reforma al Código Penal en proceso de aprobación y el líder de las llamadas ‘Autodefensas Gaitanistas de Colombia’, Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’, queriendo negociar con la Fiscalía, es bueno advertir que un proceso de sometimiento de estructuras del crimen organizado exige funcionarios transparentes, confiables e incorruptibles. Lo ocurrido en Medellín revela cuán difícil será esa tarea. Son muchos los intereses en juego.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y consultor