FARC + UP, ¿otra vez?

La falta de entendimiento de la historia hace imposible aprender sus lecciones y lleva a la repetición de errores fatales. Es lo que está sucediendo con los diálogos de La Habana, donde se están repitiendo los errores de fracasos anteriores: diálogo en medio de la violencia, negociación de la agenda nacional, impunidad anticipada. Ahora algunos ingenuos y otros calculadores, le quieren adicionar la repetición del inmenso error que fue aceptar la combinación simultánea de la lucha armada y la legal, como algo válido en una democracia. Este error ocasionó trágicos resultados que no debemos olvidar.

Conviene recordar que la Unión Patriótica (UP) surgió como resultado de los diálogos de paz durante el gobierno del presidente Belisario Betancur. Era el brazo político legal de las FARC. O, mejor dicho, era un partido político legal que tenía un brazo armado, obviamente ilegal. Algo absolutamente inaceptable en cualquier democracia con dos dedos de sensatez y de respeto por sus propias leyes y principios. Pero en Colombia sucedió: presenciamos una guerrilla que seguía asesinando y secuestrando civiles, asaltando cuarteles militares y puestos de Policía, reclutando niños masivamente, destruyendo la infraestructura del país, y, simultáneamente, hacía campañas políticas legales y participaba en elecciones en las que muchos de sus candidatos eran miembros o comandantes activos de frentes guerrilleros, y lo hacían con un partido político que abiertamente era una rama de la guerrilla.

La guerra sucia no se hizo esperar. Sectores de la extrema derecha violenta, capos de la droga, familiares de víctimas de la guerrilla y disidentes de ese grupo terrorista vieron la ocasión propicia para hacer ajustes de cuentas con las FARC. El candidato presidencial de la UP, Jaime Pardo Leal, fue asesinado por orden del mafioso Gonzalo Rodríguez Gacha, alias el ‘Mexicano’, para vengarse de las FARC por el robo de un cargamento de cocaína. Así, centenares de sus miembros cayeron asesinados, por la mencionada combinación de factores violentos que buscaban venganza.

Es falso que esta matanza haya sido una política del Estado colombiano. Este la presenció impotente. Así como, por aquellos mismos días, presenció impotente la matanza de miles de miembros del Partido Liberal y del Partido Conservador por parte de la guerrillas de las FARC y del ELN, como parte de una estrategia terrorista destinada a tomarse los poderes local y departamental en el país. También el Estado colombiano fue impotente para evitar en Urabá la matanza que realizaron las FARC de más de 500 miembros del partido Esperanza, Paz y Libertad, conformado por desmovilizados de la guerrilla del EPL. Dicho sea de paso, sin que la UP condenara jamás todas estas atrocidades. Pero esa impotencia no convierte el Estado colombiano en un Estado criminal. Ni se puede afirmar que todos esos fueron crímenes de Estado. Ni el Estado colombiano tiene que pedir perdón por crímenes que no cometió.

Si recordamos todo esto, es absolutamente absurdo pretender que el Estado pida perdón, que le devuelva la personería jurídica a la UP y que, más extravagante aún, les devuelva sus curules parlamentarias y otros cargos de elección popular, como proponen algunos. De aceptarse esto, el Estado también tendría que pedirle perdón al Partido Liberal, al Conservador y al EPL por los crímenes de las FARC y del ELN, y además devolverles los cientos de cargos de elección popular que perdieron por obra de la acción criminal de estos grupos terroristas. Es como si el Estado colombiano les pidiera perdón a los judíos por las barbaridades de los nazis.

La cosa no es por ahí. Si las FARC quieren tener un partido político legal, primero tienen que abandonar la violencia y el terrorismo, desmovilizarse, reinsertarse y entregar sus armas. La combinación simultánea de la lucha armada y la lucha legal es absoluta y totalmente inaceptable en una democracia. Destruye y corroe sus fundamentos y desmoraliza a la sociedad pacífica y civilizada. Imitemos el ejemplo de España: allí todo partido político tiene que hacer una condena abierta y clara de la violencia como forma de hacer política, y se castiga sin miramientos cualquier defensa o justificación de la violencia o el terrorismo. Si lo que queda de la UP, o Marcha Patriótica, quiere hacer política, que se acoja a las reglas de juego democráticas y que se deslinde sin ambigüedades de la violencia terrorista.

Obrar de otra manera sería inaceptable. Es absurdo y de una irresponsabilidad que raya en lo inmoral pretender entregarle anticipadamente gabelas electorales o de cualquier tipo a una guerrilla que ha repetido hasta la saciedad que nunca va a entregar las armas, que cínicamente insiste en que no tiene secuestrados, que sigue secuestrando y reclutando niños, que se lucra del narcotráfico y que siembra de minas quiebrapatas los campos de Colombia. Cuando se desmovilicen, entreguen las armas, confiesen sus crímenes, pidan perdón, reparen a sus víctimas y salden sus cuentas con la justicia, serán bienvenidos a la democracia. Antes no.