‘Fracking’ y libertad de expresión

Desde hace unos años, Steve Lipsky está convencido de que el agua que llega por las tuberías a su casa en Texas está contaminada. Él acusó a la empresa Range Resources de ser la causante de la contaminación. Sin embargo, la respuesta de la empresa que explota gas a través de dos pozos de ’fracking” junto a su casa fue demandarlo y exigirle el pago de tres millones de dólares por difamación y afectar el buen nombre de la compañía.

En unos videos se ve como Lipsky, con tan sólo activar un encendedor junto a una llave de agua puede crear una llamarada de fuego que sale del tubo a la par con el líquido. El problema es que él no ha logrado probar que esto suceda como consecuencia de una fuga de gas metano proveniente de los pozos de ‘fracking’.

De forma similar, la familia Hallowich estaba acusando a empresas de gas y petróleo que operaban junto a su finca en Mount Pleasant, Pennsylvania, de contaminar sus fuentes de agua y afectar la salud de sus hijos causándoles ardor en los ojos, irritación en la garganta y dolores de cabeza. El año pasado se supo que Range Resources ofreció 750.000 dólares a los Hallowich a cambio de prohibirles hablar sobre ‘fracking’ durante el resto de su vida. Insólitamente, el acuerdo incluye dos niños de 7 y 10 años que son parte de la familia y que tampoco podrán hablar nunca más sobre el tema.   

De igual forma hace dos meses fue demandado otro hombre por hablar públicamente en contra del ‘fracking’, esta vez, en Ohio. Estos no son casos aislados, es el panorama jurídico a que se enfrentan quienes rechazan los métodos no convencionales de explotación de hidrocarburos en Estados Unidos.

En este período de grandes conflictos ambientales, un sector de la industria extractiva ha optado por utilizar el sistema judicial con el propósito de intimidar y silenciar a quienes públicamente debaten sobre esos problemas. En Norteamérica, académicos, periodistas y activistas están siendo atacados con demandas multimillonarias (conocidas como SLAPP: Strategic Lawsuits Against Public Participation) presentadas generalmente por poderosas corporaciones en contra de voces incómodas que a veces no tienen los medios económicos para pagar un buen abogado.

Para ser justos, algunas de esas voces han caído en el error de lanzar acusaciones incendiarias en contra de empresas diciendo que cometen crímenes ambientales sin contar con evidencia suficiente. Sucede con frecuencia que la información que le permitiría a un ciudadano saber con certeza si una empresa está contaminando reposa exclusivamente en los archivos de la empresa misma. Acceder a ese tipo de información tiende a ser difícil y contratar una investigación científica independiente resulta tan costoso como demorado. A veces se olvida que cuando se acusa a empresas de cometer este tipo de actos la carga de la prueba estará siempre en el dedo acusador.

En cambio, las empresas y los gobiernos cuentan con mayor libertad para hacer declaraciones –igualmente incendiarias– como que “el ‘fracking’ es seguro” o “el ‘fracking’ no contamina”. Este tipo de comentarios afecta nuestro derecho a estar bien informados, pero quienes los hacen están blindados jurídicamente. Esto es porque no contienen imputaciones deshonrosas en contra de una persona en específico, ni tampoco están acusando a nadie de cometer un delito. Por lo tanto, no hay calumnia, ni injuria ni difamación.

En este desequilibrio entre lo poco que los ciudadanos pueden decir, frente a lo mucho que las empresas pueden hablar ¿Qué pueden hacer aquellos que se preocupan por el ambiente para comunicar sus ideas? Un primer paso para evitar problemas legales es articular esas preocupaciones a los avances científicos que con rigor y contundencia continúan desnudando los riesgos del ‘fracking’.

Una de las personas que más saben sobre “fracking” en el mundo es Anthony Ingraffea, profesor de ingeniería en la Universidad de Cornell. Ingraffea explica que el argumento científico en contra de esta práctica implica no solamente la contaminación del agua subterránea, sino filtraciones accidentales de gas metano en el aire y la generación de terremotos. Incluso hace poco, Ingraffea se atrevió a decir que hoy en día existe “consenso científico” de que la actividad sísmica producida por humanos sí existe en conexidad con la explotación no convencional de gas. Ingraffea se apoya en su vasta experiencia trabajando para compañías de petróleo y gas para probar sus afirmaciones. No afirma nada que no estaría en capacidad de demostrar ante un tribunal. De momento, nadie lo ha demandado.

Nota: El ‘fracking’ se ha definido como la práctica de inyectar bajo tierra y a alta presión enormes cantidades de agua, arena y ‘químicos’ para fracturar rocas que albergan petróleo y gas. ¿A qué se refieren exactamente cuando dicen “químicos”? Tenemos derecho a saber qué tipo de sustancias van a inyectar en el subsuelo colombiano. Es parte de nuestro derecho a estar informados y a acceder a la información pública. Que no nos vayan a negar esa información con el cuento de que es un secreto industrial.

*Sebastián Salamanca trabaja en la Fundación Para la Libertad de Prensa y es coordinador del Proyecto Antonio Nariño. Es abogado de la Universidad Nacional y magister en periodismo de la Universidad de Columbia Británica en Canadá.