General Navas: respóndale a las víctimas

Hace unas semanas tuve la oportunidad de escuchar a varias mujeres que perdieron a sus familiares en la masacre de La Horqueta, en La Mesa, Cundinamarca, perpetrada el 21 de noviembre de 1997 por un comando armado compuesto por integrantes del Bloque Elmer Cárdenas de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) y miembros de las fuerzas especiales del Ejército.

Con el valor que hoy caracteriza a las víctimas del paramilitarismo, estas mujeres le reclamaron a la justicia que investigara al general Alejandro Navas Ramos, actual comandante de las Fuerzas Militares, pues siendo teniente coronel estuvo al mando del batallón Miguel Antonio Caro, guarnición clave en la comisión del múltiple crimen perpetrado contra civiles inermes en esa región cundinamarquesa.

“Yo quiero que se investigue al general Navas, porque él era el comandante del Ejército de La Mesa”, pidió la esposa de uno de los campesinos asesinados en La Horqueta durante una audiencia realizada en Medellín en el proceso de juzgamiento de exparamilitares del Bloque Elmer Cárdenas. “A nosotros nadie nos ha dicho la verdad y no habíamos hablado antes porque teníamos mucho miedo”. Otra de las víctimas fue clara en su petición: “Lo único que quiero es que se haga justicia, que aclaren lo del Ejército”.

Estas valerosas mujeres presentaron sus solicitudes luego de escuchar en una audiencia pública a Efraín Homero Hernández Padilla, un exintegrante del Bloque Elmer Cárdenas, quien hizo parte del grupo armado que cometió el múltiple crimen en una zona históricamente dominada por la guerrilla de las FARC y muy distante de las áreas de control de esa facción de las AUC.

En esa audiencia, realizada el pasado 6 de mayo en Medellín, Hernández Padilla explicó que la noche anterior a la masacre, el comando armado que llegó del Urabá antioqueño a La Mesa fue recibido, uniformado y armado en el batallón Miguel Antonio Caro: “Nos formaron en la plaza de ese batallón. Nos dieron uniformes, algunos de ellos nuevos. Y al rato, ingresó un carrotanque de Proleche con las armas encaletadas. Volvimos a formar, esta vez con 10 comandos del Ejército, de las Fuerzas Especiales. Esperamos allí como media hora”. Lo que vino después  fue una tragedia: en un operativo contra supuestos auxiliadores de la guerrilla de las FARC, asesinaron a 14 personas.

¿Por qué los familiares de estas víctimas le exigen respuestas del general Alejandro Navas Ramos, Comandante de las Fuerzas Armadas en relación con esta masacre? Porque siendo teniente coronel, tomó mando del batallón Miguel Antonio Caro en mayo de 1997, seis meses antes del múltiple crimen y llegó a esa guarnición militar proveniente del Urabá antioqueño, donde comandó entre los años 1995 y 1997 el batallón Voltígeros, adscrito a la Brigada XVII con sede en Carepa, bajo las órdenes del general Rito Alejo del Río.

Lo que pretende la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín es que las autoridades competentes aclaren las circunstancias por las cuales un grupo de por lo menos 22 paramilitares se acantonó en una unidad militar bajo la responsabilidad del general Navas Ramos, donde además recibieron armas, pertrechos y apoyo logístico y de ahí partieron, con otros 10 soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército, rumbo a La Horqueta para cometer una de las masacres que más dolor e impacto causó en Cundinamarca a finales de la década del noventa.

Otro de los aspectos que deberá aclarar la justicia son las razones por las cuales un comando de paramilitares del Urabá antioqueño se desplazó por tierra desde esa región a Medellín y de allí hasta Bogotá, para luego llegar a un territorio totalmente desconocido y de escasa presencia paramilitar, como era en ese entonces el Alto Tequendama cundinamarqués. ¿Quién sugirió el traslado de ese comando armado ilegal hasta esa zona, distante de las áreas de control del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC? ¿Por qué fueron formados y organizados en el batallón Miguel Antonio Caro?

Este caso también tiene una extraña coincidencia: el jefe de los paramilitares que incursionó en La Horqueta identificado como Luis Carlos Mercado Gutiérrez, alias ‘Pantera’, era, en aquel entonces, representante legal de una cooperativa de vigilancia y seguridad privada conocida como Convivir La Palma, con sede en el municipio de San Juan de Urabá, situación que también suscita múltiples interrogantes, pues se ha podido establecer que llevaba en la región cundinamarquesa varios meses haciendo inteligencia para detectar posibles milicianos y auxiliadores de las FARC.

Un aspecto relevante de la declaración del exparamilitar Hernández Padilla es la explicación que le dio a los magistrados ante un posible control policial que pudiera darse en el casco urbano de La Mesa por su condición de foráneos: “Teníamos que decir que éramos soldados profesionales de la Brigada XVII de Carepa (Urabá antioqueño) que íbamos a hacer un curso de paracaidismo en Tolemaida”.

Hasta el momento la justicia solo ha procesado a los paramilitares Fredy Rendón Herrera, excomandante del Bloque Elmer Cárdenas de las AUC y a Efraín Homero Hernández Padilla, quien participó en la masacre de La Horqueta. Por ello, las víctimas persisten en reclamar acciones judiciales contra otros participantes en este crimen, pues consideran que son otros también los responsables, entre ellos los militares que facilitaron las operaciones contra supuestos integrantes de las FARC.

Lo que dejó muy en claro la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín es que este caso requiere investigaciones serias, rigurosas y eficientes por parte de las autoridades competentes para determinar si algunos miembros de la Fuerza Pública incurrieron en graves fallas durante su mandato constitucional y, en aras de atacar a sus “enemigos”, afectaron de manera directa a la población civil. Las víctimas merecen más claridad y uno de los que puede tener algunas respuestas es el general Alejandro Navas Ramos.

* Periodista y docente universitario.