La industria farmacéutica no cree en lágrimas

En el capitalismo salvaje de la salud está primero el negocio que los enfermos. Lo ratifican los nuevos acontecimientos de la pugna entre nuestro Ministerio de Salud y la multinacional suiza Novartis en torno de la licencia de Glivec, un fármaco para enfermos de leucemia mieloide crónica.

Según la OMS cada año mueren en países subdesarrollados, como el nuestro, 28 millones de personas por enfermedades infecciosas tratables y por enfermedades no transmisibles para las cuales existen tratamientos, pero que están fuera del alcance de los más pobres.

Salvar vidas y atender el mayor número de enfermos sería razón fundamental y suficiente para que el Ministerio de Salud declare de interés público la licencia y permita que otras empresas fabriquen versiones genéricas de Glivec.

La respuesta del laboratorio no ha sido humanitaria ni constructiva. Por el contrario ha desplegado su inmenso poder con movimientos cada vez más audaces y agresivos para evitar la decisión. El  último la intromisión del Embajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, quien a través de un memorando del pasado 27 de abril, que se filtró a la prensa, advirtió al gobierno que liberar la patente –que rebajaría 70% el hoy prohibitivo precio del fármaco - podría llevar a Estados Unidos a retirar su respaldo al Plan Paz y vetar el ingreso de Colombia al Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica, TPP.

También tuvo efecto el lobby ante la Superintendencia de Industria y Comercio que pasó de la defensa del consumidor –con multas millonarias a Novartis y otros laboratorios y comercializadores mayoristas por sobrecostos en 2014 y 2015- a la defensa de la firma suiza. Ahora consideran que la declaratoria de interés público no tiene solidez técnica, es inconstitucional, resulta inútil en la práctica y expone al país a sanciones internacionales, un viraje censurado por la Conferencia Episcopal y otras seis organizaciones que defienden el presupuesto de la salud, que en un comunicado reciente dicen que “…encontramos completamente alejado del interés público que sus funcionarios tomen partido en defensa de la compañía multinacional involucrada en el actual proceso, máxime si se trata de aquellos servidores públicos en cuyas manos puede llegar a estar la definición final del caso”.    

Los laboratorios defienden el sistema de patentes que protege sus derechos sobre los fármacos por veinte años, con el argumento que de ahí vienen los recursos que destinan a la investigación y desarrollo de nuevos productos. El caso colombiano ilustra que también son buenos para meter la mano en el bolsillo ajeno.

Desde el año 2003, cuando el gobierno les concedió la libertad de precios, los laboratorios venden en nuestro país medicamentos para tratar enfermedades como el cáncer, la artritis, el VIH, la diabetes, entre muchas otras, a precios prohibitivos para la mayoría de los particulares y lesivos para el presupuesto público de la salud. Los acompañan y refuerzan en los abusos EPS y empresas monopólicas de importadores y distribuidoras de medicamentos que realizan recobros exorbitantes al gobierno.

El ministro de Salud Alejandro Gaviria dijo recientemente en la Asamblea de la OMS en Suiza que los altos precios de los medicamentos hacen insostenible el sistema de salud en Colombia. Los recobros por medicamentos le costaron al gobierno 3.1 billones en 2010 y $2 billones en 2012. La situación es peor en las farmacias, un mercado competido pero mucho más difícil de controlar. Según un estudio de la Universidad Nacional entre los años 2003 y 2011 los colombianos pagaron sobrecostos por $800.000 millones en medicamentos.

En cualquier otro sector las rentas extraídas abusivamente en los últimos 13 años al gobierno y a los particulares por los laboratorios y algunos intermediarios a través de sobrecostos darían lugar a procesos y graves sanciones penales. Con su inmenso poder político y económico las multinacionales lo han logrado disfrazar impunemente como un tema de comercio internacional, de ciencia y de tecnología. 

En el año 2013 el gobierno reinstauró el control de precios de los medicamentos más onerosos e impuso valores máximos de recobro. Desde entonces ya han sido multados por vender por encima de esos precios el propio Novartis, Abbott, Procaps, Sanofi, Aventis, Lafrancol, Memphis Products y mayoristas como Audifarma, Dempos y Epsifarma.

Los sobrecostos y las malas prácticas de algunos laboratorios tienen alcance regional. Nuestro país trabaja con Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia y Chile en una estrategia conjunta para presionar reducción de precios y la compra conjunta de medicamentos de alto costo. Los laboratorios saben mejor que nadie lo que está en  juego. Hay otros 50 medicamentos como Glivec en la lista de los más caros y ruinosos, varios de ellos cerca de la caducidad de sus patentes. Que el Ministro de Salud Alejandro Gaviria le gane el primer pulso a Novartis crearía un gran precedente que abriría las puertas para que Colombia y otros países puedan contener y controlar a los tiburones farmacéuticos que devoran con voracidad sus presupuestos y salvar a más gente que hoy se muere por no tener acceso a las medicinas.

@germanmanga