La catedral del fiscal general

Quienes están familiarizados con el mundo de los negocios espléndidos, asocian mecánicamente el nombre de Luis Carlos Sarmiento Angulo con el de Néstor Humberto Martínez, así como las gentes del común –de tanto oírlos juntos– ligamos de manera automática el de San Andrés con el de Providencia, el de Tola con el de Maruja y el de Benitín con el de Eneas.

El fiscal general de la Nación es Néstor Humberto Martínez y ha recurrido a la táctica sin futuro de desmentir acusaciones que nadie le ha hecho. Así, intenta armar un enredo que tape el conflicto de intereses, del tamaño de una catedral, que tiene en el caso de las corruptelas en Colombia de la firma brasileña Odebrecht, asociadas al hombre más rico del país, el banquero Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien ha sido reconocido y eficiente abogado de cabecera, amigo entrañable y miembro de juntas directivas de muchas de sus empresas y negocios.

Desde cuando Martínez llegó a ese cargo, el primero de agosto del 2016, proliferan las advertencias acerca de investigaciones en las que hay claros intereses de clientes de su oficina particular de abogado. Por ello, el senador Jorge Enrique Robledo le preguntó –al tomar posesión de la cabeza del órgano de control más grande del país– en qué casos se declararía impedido y el nuevo funcionario le contestó que en el camino vería en cuáles.

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En diciembre del 2015 fue apresado en Brasil el empresario Marcelo Odebrecht y el 21 de diciembre siguiente el escándalo de sus negociados estalló en Estados Unidos, cuya justicia más tarde reveló que ha pagado sobornos, al menos, por US$ 800 millones, en 12 países, sumado Colombia, en donde ya se estableció que repartió coimas por US$ 11 millones, gracias a lo cual logró tres contrataciones, ligado con Sarmiento Angulo, a saber:

1) Ruta del Sol. Se refiere a una carretera planteada entre San Roque y Puerto Salgar. Cada kilómetro construido nos cuesta a los colombianos $ 5.000 millones. Odebrecht y Episol (esta última de Sarmiento Angulo) ya deberían haber entregado el trabajo, pero solamente han hecho el 50 %.

2) Ruta del Sol II. Es una adición u “otrosí” al contrato anterior, a pesar de que nada tiene que ver con él. Fue concedida, sin licitación, para una carretera que debe ir de Ocaña a Gamarra. Los constructores (Concesionaria Ruta del Sol S.AS.) son Odebrechet (62 %), Episol (33 %) y Grupo Solarte (5 %). Cada kilómetro aquí nos cuesta más de tres veces que el anterior: $17.000 millones, a pesar de que los materiales que se emplearán son, según la Contraloría General de la República, de inferior calidad. El documento número 3817 del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES) que aprobó este exabrupto (con la firma del entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez) se produjo siete meses después de haber sido concedido el “otrosí”, cuando ha debido ser al revés. Como esta carretera no es una continuación física de la anterior, la ley prohíbe taxativamente que se hubiera otorgado la extensión sin licitación. Es como si a la empresa constructora de El Dorado se le otorgaran como prolongación de esa obra concreta las reconstrucciones de las centrales de abastos de Barranquilla, Cali y Medellín.

3) Obras de dragado del río Magdalena concedidas a Odebrecht (84 %) y Valorcon (16 %), unidos en lo que se conoce como consorcio Navelena. En este caso, Sarmiento Angulo no es socio, sino que su firma Corficolombiana ejerce el papel de banca de inversión. Tanto Navelena como Corficolombiana llegaron al negocio con la oficina de Néstor Humberto Martínez como consejera legal principal y acreditaron con orgullo esa asesoría para conseguir un crédito del Banco Agrario (estatal), por valor de $120.000 millones para financiar la proyección y la preconstrucción. Las utilidades de Sarmiento en este caso, dijo Robledo, pueden ser hasta de $75.000 millones. El préstamo con fondos públicos fue concedido sin reparos y hoy está en mora si bien el 17 de diciembre del 2016 debió pagar 70.000 millones y cinco días más tarde $ 50.000 millones. Hoy, se cree que los colombianos perdimos ese dinero porque el préstamo no tiene garantía real.

Las tres grandes obras están hoy bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, que encabeza Néstor Humberto Martínez.

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Cuando arreció el escándalo en Estados Unidos, el fiscal general Martínez se precipitó a declarar que era imposible que hubiera corrupción en el caso de Navelena y cerró la investigación que acababa de abrir. Pero debió revivirla de inmediato, forzado por el peso de las evidencias y el escándalo público.

Ha dicho el fiscal que Robledo miente de manera infame por haber afirmado que él gestionó el infortunado crédito del Banco Agrario, cosa que, en verdad, nunca dijo, pues el senador solamente informó que su bufete había asesorado a Navelena y Corficolombiana, tal como estas lo acreditaron –orgullosas– en documentos que entregaron al banco y que este luego se vio obligado a suministrarle oficialmente a Robledo. No obstante, Martínez asegura ahora que es documentación falsa, con lo cual estaría indicando que quien cometió la falsificación fue la organización de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de la que su firma profesional sigue siendo consultora.

Mientras más se demora el fiscal en declararse impedido en las investigaciones a los negocios turbios de su gran cliente y amigo –o en renunciar al cargo–, más se desprestigia la Fiscalía misma. De nada le vale asegurarse de que sus tergiversaciones las desplieguen medios como El Tiempo, que, lo mismo que él, son de Sarmiento Angulo.