Esta semana conocí al abogado Óscar Rodríguez, apoderado del general Mauricio Santoyo, exoficial de la Policía Nacional condenado el mes pasado por una Corte de Virginia. Rodríguez es un veterano de su oficio que tomó el caso de Santoyo en su etapa final y después de otros dos abogados. Heredó una causa complicada y logró que la Justicia de Estados Unidos excluyera a su cliente de los cargos por crímenes violentos y narcotráfico.
El abogado Rodríguez asegura que sin esa exclusión, el antiguo jefe de seguridad presidencial habría podido ser condenado a 30 años de prisión. Con los cargos finales la pena debía ser entre diez y 15 años. Finalmente, fue sentenciado a 13.
Mauricio Santoyo, en otra época condecorado oficial, está a punto de ser trasladado a una nueva prisión. Su apoderado asegura que el general se siente solo y traicionado por quienes lo aconsejaron. También que ha sido rechazado y negado por muchas personas a quienes ayudó y protegió.
El abogado Rodríguez confirmó que el general Santoyo quiere acogerse a la regla 35 que le otorga rebajas en sus condenas a los reos que después de su sentencia entreguen información nueva sobre conductas delictivas de las que tengan conocimiento, hayan participado o no en ellas.
Eso, en plata blanca, significa que el general Santoyo quiere hablar.
Además de esta revelación hay otras también importantes en los documentos del caso que se han hecho públicas. Entre ellos la presentación de la defensa.
En esos alegatos –y por vía de sus apoderados– el general Santoyo cuenta cómo se entero de la existencia de una investigación en su contra. Según él, en octubre de 2010 un familiar del expresidente Álvaro Uribe Vélez le informó que las autoridades de Estados Unidos tenían sospechas de que el exgeneral estaba involucrado en actividades de narcotráfico. La identidad de ese familiar aún no ha sido revelada (ver
Familiar).
Santoyo asegura que, gracias a la advertencia y a su larga experiencia en la Policía, hizo los arreglos necesarios para contactarse con agentes de la DEA y representantes del Departamento de Justicia. Con ellos sostuvo cuatro reuniones en Aruba y Estados Unidos en las que accedió a cooperar.
Esperaba que a cambio de la información le otorgaran un estatus de inmunidad que no se concretó, quizá porque la colaboración no fue completa. El general Santoyo aceptó que cometió delitos entre 2001 y 2008 para advertir a narcotraficantes de las llamadas Autodefensas de investigaciones y operaciones en su contra. Para cumplir ese cometido se valió de información privilegiada e interceptaciones ilegales.
En ese punto hay dos preguntas por resolver: ¿Qué equipos utilizó Santoyo para estas interceptaciones? ¿Quién o quiénes lo ayudaron a hacerlas? En los cargos que ocupó durante este periodo (secretario de Seguridad Presidencial, subsecretario de Policía en el Ministerio de Defensa y agregado Policial en Italia) no podía tener acceso –legal– a equipos de interceptación.
En la defensa, Santoyo acepta que recibió sobornos, sin embargo, asegura que 25.000 dólares que le dio un “conocido narco” llamado Pacho Cifuentes Villa fueron prestados. Cifuentes Villa es el hermano de la recién extraditada Dolly Cifuentes quien mantuvo una relación de más de diez años y tuvo dos hijos con Jaime Uribe Vélez, hermano del expresidente.
Sobre su llegada a la seguridad del entonces candidato Álvaro Uribe en su primera campaña, Santoyo tiene recuerdos distintos a los de su antiguo jefe. Uribe ha sostenido que la Policía lo nombró autónomamente como jefe de seguridad de su campaña, sin intervención suya.
Santoyo, en cambio, afirma que, como exgobernador de Antioquia, Uribe estaba familiarizado con el tema de seguridad en Medellín y el trabajo del entonces coronel. Por esa razón, asegura, el candidato lo escogió “A dedo” –la expresión literal es hand-picked – para manejar su escolta (ver
Hand-picked).
Después, el 7 de agosto de 2002, ya como presidente, Uribe lo nombró como su secretario de Seguridad. Un nombramiento discrecional y exclusivo de los presidentes que en ese cargo han designado retirados, civiles y oficiales de otras fuerzas. Siempre hombres de su entera confianza (ver "
Año del general Santoyo").
Fue también Uribe, incluso con comunicado de la Presidencia, quien mantuvo a Santoyo en el cargo después de notificarse su destitución por la Procuraduría (ver
Comunicado Presidencia). Y fue el uribismo el que impulsó en el Senado su ascenso a general con la gestión directa de Bernardo Moreno, según dijo esta semana el senador Armando Benedetti.