¿Hemos fallado como nación y como sociedad?

Como sociedad y como Nación, Colombia puede ser la expresión de procesos civilizatorios fallidos, débiles, inmaduros o truncos en los que es claro que los límites entre lo legal y lo ilegal, entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo legítimo y lo ilegítimo se perdieron de tal forma, que hoy las actuaciones de funcionarios públicos se igualan o resultan similares a las de delincuentes, entre ellos, narcotraficantes, paramilitares, guerrilleros o simples criminales.

No se trata de una constatación nueva a raíz de los hechos noticiosos que en las últimas semanas ocupan las primeras páginas de los medios y son temas de conversación en disímiles espacios privados y públicos. Entre éstos, bien vale la pena destacar lo sucedido en el Congreso con la fallida reforma a la justicia, en la que los propios congresistas, con la anuencia del gobierno, buscaron legislar en su propio beneficio, en especial los investigados por parapolítica; o el caso del general retirado de la Policía, Mauricio Santoyo, quien se entregó a las autoridades norteamericanas que lo buscan por asuntos de narcotráfico; o el caso de documentos de mafiosos en los que aparecen relaciones de apoyos económicos entregados a políticos, militares y policías, entre otros. Y el listado de hechos se puede hacer eterno.

Por el contrario, es una constatación histórica que deja profundos cuestionamientos morales y éticos que cobijan tanto el actuar del Estado, como el de los empresarios, políticos y en general, las formas de vida de millones de colombianos.

¿Acaso hemos fracasado como Nación en tanto posibilidad de construir un ethos cultural, que a pesar de las diferencias culturales y étnicas, sirva como pivote sobre el cual sostener el diálogo cultural, político, social y económico que se requiere para vivir en armonía, bajo un efectivo respeto a la vida, como un mínimo esencial?

El Estado colombiano es débil y precario gracias al actuar mezquino de familias tradicionales (élites) que en varias regiones del país lo han cooptado para afianzar sus privilegios y así someter a otros que no comparten sus intereses económicos y políticos e incluso, su fino linaje.

Se repite en varios círculos que el Paramilitarismo penetró y cooptó a varias instituciones del Estado, pero no se repite con la misma fuerza que ese mismo Estado ha estado sometido a los intereses de una clase dirigente tradicional a la que sólo le interesa usar a su favor la fuerza económica, política y de coerción de ese orden político.

Al no tener una idea clara de lo que es lo público, un reducido grupo de colombianos naturalizó la debilidad del Estado, hasta tal punto que cada colombiano sabe que debe intentar salir adelante por sí mismo, porque el orden social y político que lo rige no sólo no puede garantizarle la vida y la honra, sino en cualquier momento lo puede violentar o someter, porque está en manos de unos pocos que sí han sabido qué hacer con el poder que otorga saber manejar la función pública y las relaciones entre lo privado y lo público.

Son esas mismas familias tradicionales las que históricamente han propuesto un modelo de sociedad y de Nación sin Estado en el que el ciudadano sabe, intuye o aprende a actuar sin referentes éticos, morales, o bajo reglas de juego que funcionan para unos, pero que otros no están dispuestos a seguir y a cumplir.

Al crecer sin Estado, se ponen en marcha múltiples procesos civilizatorios que bien pueden estar soportados en las ideas de bien común que de manera natural brotan en campos y ciudades, o en las que por supuesto también germinan las ideas amañadas de lo correcto, de lo legal y lo legítimo, con las que finalmente hoy actuamos todos dentro de un orden jurídico-político soportado en un ethos propio de guetos, de logias o de mafias que hoy hacen inviable esta Nación y han profundizado los problemas de una sociedad atomizada, jerarquizada, violenta y profundamente escindida entre las múltiples formas en las que los colombianos entendemos y delimitamos compleja dicotomías como lo correcto-incorrecto, legal-ilegal o legítimo-ilegítimo.

No es fácil comprender y muchos menos explicar qué es lo que pasa en Colombia. Lo cierto es que existen graves fallas en el origen del orden social, jurídico y político del país que no son fáciles de corregir, por cuanto son resultado de la puesta en marcha de mezquinas, reducidas, equivocadas o empobrecidas ideas de lo que debe ser un Estado, de quienes tuvieron en el pasado y tienen aún el privilegio de manejar el Estado como una empresa privada.

Y peor resulta el caso colombiano cuando nos enfrentamos a procesos globalizadores y globalizantes que sirven para agrandar las graves fallas de ese orden social aún vigente, en franca conveniencia con poderes nacionales (familias y élites tradicionales) y transnacionales a los que no les interesa pensar en recomponer el camino de una Nación y de una sociedad que devienen sin rumbo, sin norte, sin referentes, lo que asegura que en este país llamado Colombia la condición humana, compleja, y perversa per se, se manifieste de tal manera, que haga pensar que somos un pueblo naturalmente incapaz para concebir y seguir procesos civilizatorios en los que se reivindique el ser humano.

Ni el camino propuesto por los revolucionarios, y muchos menos, el que nos vienen construyendo los políticos y la clase empresarial y dirigente han servido para vivir bajo premisas y principios en los que sobresalgan unos mínimos éticos y morales (colectivos) con los cuales sea probable recomponer el camino que hoy recorremos como Nación y como sociedad.

* Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
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