8,1 billones atrapados en redes de contrataciones

Hace un mes el Procurador General de la Nación señaló en una entrevista que por la corrupción resultan afectados cada año cerca de 20 billones de pesos de los presupuestos públicos (cinco veces el recaudo de una reforma tributaria). Así mismo, que su entidad sancionó cerca de 3.000 funcionarios en las regiones en los últimos siete años.

El Auditor General de la República reveló esta semana las 78 redes empresariales que se apoderaron de la mayor parte de los contratos de las alcaldías y gobernaciones.

Es impresionante que 8,1 billones de pesos se hayan adjudicado a contratistas pertenecientes a esa maraña de redes. Cinco grupos empresariales han concentrado 7,5 billones.

Una vez más se evidencia que la principal vena abierta por la cual fluyen los robos y se desangra al Estado es la contratación directa. El 54% de los contratos se adjudica a los amigos, socios o financistas de campañas políticas. Y muy pocas veces a firmas especializadas con reputación y reconocimiento de excelencia.

Este informe es un gran aporte de la Auditoría General de la República. Propongo un censo y un estudio sobre los ordenadores del gasto, acciones que deben contribuir a diferenciar aquellos que están preparados y cualificados, de los que no tienen el nivel de formación ni la ética para asumir esta trascendental responsabilidad.

Con lo que revela el informe del Auditor Carlos Felipe Córdoba, y con la inseguridad jurídica que atrapó a la contratación, los contratos estatales infortunadamente seguirán siendo la gran fuente de prebendas abusivas para los corruptos.

Circula una posible reforma a la contratación que se presentará al Congreso por parte de la Agencia Colombia Compra Eficiente. Esta iniciativa es un logro que incorpora al país a las buenas prácticas de la OCDE. Pero no lo perfila en asuntos de profesionalización de los ordenadores del gasto ni de sus equipos asesores.

Estoy seguro de que si se omite regular lo esencial de un talento humano especializado, al cabo de unos años se dirá bien redactada la reforma, pero con instituciones débiles y gente corrupta e incompetente, ¡nada cambiará!

Desde la academia la meta es seguir construyendo tejido humano, como lo hacemos en la línea de investigación “Contratación Segura”. Allí se propone una nueva ruta para la seguridad jurídica y las competencias.

Para alcanzar ese objetivo estamos realizando estudios, investigaciones, foros, seminarios y publicaciones. Este mes en el Instituto de Seguridad Jurídica y Probidad cumplimos diez años en esas tareas. Y no podemos dejar de avanzar en ellas.

En ese propósito vamos a liderar un programa colectivo de gestión del conocimiento para la Buena Ordenación del Gasto, a través de la Academia Interamericana BOG. La iniciativa se destinará a quienes sean gestores y ejecutores de recursos. La finalidad de esta nueva institución es profundizar en: la formación de expertos, la ética, la defensa jurídica y la asistencia legal preventiva; en un marco de seguridad jurídica.

*Abogado administrativista, Ph.D. en sociología jurídica e instituciones políticas y profesor. ivandariogl@yahoo.com - www.gomezlee.com.co