JEP sí pero no así

Yo también creo que a la ley estatutaria de la JEP le hacen falta muchas cosas por arreglar, pero considero, igualmente, que el camino para hacerlo no es el de la objeción presidencial. Duque debería sancionar la ley estatutaria por varias razones prácticas y pragmáticas. Primero, porque no hacerlo es permitirles a los magistrados de esa jurisdicción que busquen –o fijen libremente– criterios de interpretación para la toma de sus decisiones, y eso me parece más peligroso que ponerlos a funcionar con una ley que tiene defectos de bulto, pero que a su vez impone límites ciertos frente al accionar de quienes componen la JEP.

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Segundo, porque firmada la ley, el presidente se liberaría de una presión inconveniente para nuestro país por parte de la comunidad internacional que compró el cuento de la paz perfecta de Santos, y que espera que el primer mandatario honre su palabra y cumpla los acuerdos con las Farc, a pesar de sus protuberantes injusticias. Necesitamos al mundo de nuestro lado ahora que Duque ha decidido liderar un cerco diplomático contra la dictadura en Venezuela y esto podría ponerle obstáculos innecesarios a esa buena relación.

Pero, tercero, me parece que la sanción de dicha ley, acompañada de un proyecto de reforma que se tramite de inmediato en el Legislativo y que ajuste las tuercas sueltas de la JEP, abre un espacio interesante de deliberación que, en todo caso, será más democrático y menos cotoso para el Gobierno que el de la simple objeción.

Será tan corto y limitado el potencial de ajustes que le ofrece la herramienta de la objeción al presidente que el propio fiscal Néstor Humberto Martínez, en su carta al primer mandatario, reconoce que se necesitaría un nuevo proyecto de ley para precisar, por ejemplo, los casos en que la jurisdicción ordinaria sea la competente para investigar y juzgar a los reinsertados que luego del 1 de diciembre de 2016 continúen vinculados a actividades de narcotráfico.

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Lo que Duque no puede hacer es resignarse a dejar las cosas tal y como están. Por eso el mismo día en que sancione la dichosa ley debería presentar este proyecto al Congreso, que, entre otras cosas, le permita a sus copartidarios uribistas abanderar la deliberación y convencer en democracia al resto de bancadas para que introduzcan cambios realistas que permitan preservar la JEP, pero con condiciones y reglas claras de juego.

Este escenario tiene una virtud adicional y es que las eventuales modificaciones serían discutidas con los propios miembros del partido Farc que tienen voz y voto en el Parlamento colombiano, de tal suerte que nadie –ni siquiera ellos– se quedaría por fuera de la deliberación sobre los necesarios ajustes que requiere la justicia especial.

Una acción de esta naturaleza estaría recubierta, sin duda, de gran legitimidad e incluso los mismos intelectuales y políticos, que lucían hace ocho días carteles defendiendo la sanción de la ley, tendrían que reconocerle a Duque que hizo lo que le tocaba y que desplazó –a donde también le tocaba– un debate que no puede darse por concluido simplemente porque algunos creen que la paz es la que fue y no la que se está construyendo con el concurso de todos.

Tampoco habría que esperar mucho tiempo para surtir esas discusiones, pues como no estamos frente a un acto legislativo, en cuatro debates surtidos de marzo a diciembre, ya habría un proyecto aprobado y, si las mayorías son suficientes, dudo mucho que la Corte Constitucional se atreva a desconocer de nuevo la voluntad del constituyente derivado.

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Negar obtusamente la necesidad de una justicia transicional para superar el conflicto es ya una bandera de pocos. Exigir que esa justicia tenga elementos que nos permitan protegernos de nuevas violencias y que reparen de verdad a las víctimas es la tarea que se nos viene por delante. Para eso tendremos que seguir mejorando nuestro marco legal, de manera que podamos decir que tenemos una buena JEP y no la que nos impusieron los victimarios y sus socios políticos a la brava.