Censura, libertad de expresión y el periódico ‘El Colombiano’

Durante los siglos pasados la libertad de expresión tuvo que batallar contra reyes, dictadores, presidentes y diferentes grupos de poder. El escenario se plantea distinto en el siglo XXI, pues la libertad de expresión se enfrenta, también, a los medios de comunicación y a sus dueños, quienes deciden cuándo empieza y cuándo termina la libertad de publicación.

Así ocurrió hace poco en México, cuando Carmen Aristegui, la periodista más influyente de ese país, fue despedida por los dueños para quienes trabajaba después de haber hecho pública la exhaustiva investigación de la ‘Casa Blanca’.

Los dueños de la estación de radio MVS no tuvieron problema en deshacerse de su periodista estrella, ni perder audiencia, con el fin de congraciarse con el gobierno de Peña Nieto que dentro de poco adjudicará licitaciones para comunicaciones digitales.  

También ocurrió en Gran Bretaña, cuando el Daily Telegraph ordenó evitar las historias negativas del HSBC. El editor de política, Peter Oborne, renunció. Y así a lo largo y ancho del mundo.

Por supuesto, en nuestro patio las cosas no son distintas. A finales de abril la FLIP dio a conocer la historia en la que los intereses empresariales del diario antioqueño El Colombiano se terminaron imponiendo a los periodísticos.

La denuncia reúne diferentes elementos de censura e incluye violencia contra los reporteros, materializada en una amenaza por parte de un grupo que no ha sido identificado. Además, deja en evidencia un secreto a voces: las dificultades que tiene el periodismo para contar el proceso de restitución de tierras. Un tema fundamental, pues la suerte que corra este proceso será definitiva para determinar si dentro de 20 años Colombia continúa en guerra o si, por el contrario, celebrará que vive sin ejércitos enfrentados.

Construir la denuncia contra los accionistas de El Colombiano llevó dos meses. Las personas involucradas entendían que lo ocurrido era un escándalo de proporciones mayores y que les podría traer consecuencias. Era necesario tomar todas las precauciones necesarias. Finalmente la historia se hizo pública y una pregunta directa se les planteó a los señores Hernández de la Cuesta: en su doble calidad de dueños de tierras en disputa en el Urabá y accionistas de El Colombiano ¿Intimidaron ustedes a periodistas de ese diario que cubrían temas de restitución de tierras en el municipio de Apartadó?

La respuesta, atendiendo a la verdad, es sí; la familia Hernández de la Cuesta utilizó su jerarquía y su poder para afectar el trabajo que realizaban los reporteros del diario del cual son ellos mismos dueños. Ahí está la evidencia: correos electrónicos, directrices al interior del diario, testimonios de los periodistas afectados y la posterior renuncia de dos reporteros. Además, también es público que la familia propietaria del diario más importante de Antioquia tiene tierras en el Urabá antioqueño que están siendo reclamadas por un grupo de personas.

A pesar de esto, los accionistas evadieron los hechos y enviaron una carta que se hizo pública, que resulta escueta e insípida: “Refrendamos el compromiso -casi centenario- en la libertad de prensa y la autonomía de la empresa periodística a la que hemos estado vinculados por tres generaciones”, dijeron.

Es interesante ver lo que dicen y lo que callan los hermanos: no negaron los hechos, tampoco reconocieron que tuvieran un conflicto de intereses. Su respuesta es un acto protocolario que no incluye una palabra que inspire honestidad ni transparencia.

Alguien que conoció esta historia por dentro comenta que las formas que se utilizaron para acallar a los periodistas le recordaban al borracho que se presenta como un rehabilitado pero que por las noches, a escondidas, sigue tomándose sus copitas.

A pesar de la gravedad de lo denunciado, el asunto ha tenido poca repercusión mediática. Había sangre pero los medios de comunicación no corrieron hacia ella. La mayoría guardó silencio, mientras otros interpretaron a favor de los poderosos hermanos: “el diario rechazó tajantemente que reporteros de su redacción hubieran sentido algún tipo de interferencia editorial”.

Muy distinta fue la reacción frente al caso de Yohir Akerman, a mediados de febrero, cuando el periodista publicó en El Colombiano la columna “Enfermos”. Después de publicarla, el diario, que no compartía lo que ahí se decía, daba por terminada su relación laboral. La indignación fue una avalancha de titulares, manifestaciones de respaldo a Akerman y de rechazo al medio; y por supuesto, generó un tsunami en redes sociales.

Sin embargo, en este capítulo parece que no había mayor interés para enfrentar a los Hernández de la Cuesta.

El conflicto de intereses que existe al interior de El Colombiano es evidente y corresponde a la dirección de ese medio demostrar que su trabajo periodístico será blindado de manera especial para que no queden dudas de su transparencia e independencia. Pero no sólo es un asunto de este diario, la concentración de medios en el país resulta tan evidente, que es imposible ignorar que un enorme elefante se mueve por las salas de redacción. La transparencia de los medios resulta el único mecanismo efectivo para que sean los lectores los jueces de los contenidos editoriales y periodísticos de los diferentes medios de comunicación.

(*)Fundación para la Libertad de Prensa
@Goodluck_bock