La violencia sexual de las FARC queda al descubierto

“Lo peor es no poder tener un bebé”, nos dijo Andrea cuando la entrevistamos en 2002. Andrea se refería a la época en que, con apenas 11 años, formó parte de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Dos años antes de que Human Rights Watch la entrevistara, con tan sólo 14 años, miembros de las FARC le abortaron un embarazo contra su voluntad, luego de asegurarle que solamente iban a hacerle un control de salud.

Antes de dejar su cargo recientemente, el entonces Fiscal General en ejercicio Jorge Fernando Perdomo anunció los resultados de una investigación realizada por la fiscalía sobre violencia sexual en las filas de las FARC. La fiscalía documentó 232 casos de niños y niñas que fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por miembros de la guerrilla, incluidas 214 niñas que sufrieron violaciones, esterilización forzada, aborto forzado y otras formas de violencia sexual. Vale la pena subrayar que para la fiscalía la evidencia recopilada demuestra que estos actos de violencia sexual no habrían sido incidentes aislados, sino una política de la guerrilla establecida por los propios comandantes.

Estos hallazgos deberían generar preocupación en Colombia y en la comunidad internacional, en función del acuerdo de justicia alcanzado por el gobierno y las FARC en diciembre pasado en el marco de las negociaciones de paz. El acuerdo permite que los responsables de graves violaciones a los derechos humanos—incluidos crímenes de guerra y de lesa humanidad—no cumplan siquiera un solo día en prisión. En lugar de ello, como se sabe, aquellos que confiesen sus crímenes de forma plena y oportuna quedarán sometidos a modestas restricciones a sus derechos mientras llevan a cabo proyectos para asistir a las víctimas. Estas sanciones —que parecen más bien actividades de trabajo comunitario— resultan escandalosamente desproporcionadas a la gravedad de estos terribles crímenes.

Peor aún, el acuerdo de justicia contiene una definición engañosa de la “responsabilidad de mando” —un principio clave del derecho internacional humanitario—, que podría utilizarse para permitir que los comandantes de las FARC eludan cualquier responsabilidad por los crímenes cometidos por sus subalternos, a pesar que —según la fiscalía— muchos de estos delitos se cometieron sobre la base de políticas abusivas establecidas por los propios comandantes.

Las conversaciones de paz con las FARC ofrecen una oportunidad para detener graves abusos, incluida la violencia sexual contra menores que fueron reclutados de manera forzosa. Pero las víctimas y sus familiares no obtendrán siquiera un mínimo de justicia si se permite que quienes cometieron crímenes atroces, como violar a niñas vulnerables u obligarlas a abortar, eviten cualquier castigo genuino.