Coronel (r) del Ejército: ¿destituido, condenado y con privilegios?

Al coronel (r) Wilson Ramírez Cedeño parece que ni la destitución decretada por el entonces presidente Álvaro Uribe en octubre del 2008 ni la condena proferida recientemente por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Descongestión en Cartagena le afectan sus privilegios castrenses. ¿Es cierto que vive en la base de Apiay, en Villavicencio, Meta, como si fuera un oficial más?

La historia de Ramírez Cedeño está cargada de “litros de sangre”, para emplear sus propias palabras. Su paso por la comandancia del Batallón de Ingenieros No.14 Batalla de Calibío, unidad militar adscrita a la Brigada XIV del Ejército, con sede en Puerto Berrío, Antioquia, lo catapultó como uno de los oficiales más ambiciosos en dar resultados contra el “enemigo” en aplicación de las estrategias de lucha contrainsurgente que promovía las “bajas” de la guerrilla a cambio de recompensas en dinero y en días de descanso.

Conocí su manera de actuar en el 2010 a través de una diligencia de queja presentada en Medellín el 15 de diciembre del 2009 ante la Procuraduría General de la Nación por el entonces teniente Édgar Iván Flórez Maestre, quien estuvo bajo las órdenes de Ramírez Cedeño en el Batallón Calibío y por aquello de la presión de resultados se vio involucrado en la ejecución sumaria del campesino Aycardo Antonio Ortiz, ocurrida en la vereda Jabonal Alto, en Yondó, Antioquia, el 8 de julio del 2008.

En su queja, Flórez Maestre recordó las arengas de su superior: “Cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes y la sección segunda me debe responder por tres muertos al mes. En este momento la guerra se mide por litros de sangre, el comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida”.

Tal era el talante de Ramírez Cedeño en aquellos años en que a oficiales como él se les exigían resultados de operaciones contra las guerrillas de las FARC y el ELN en una amplia región que incluía el sur de Bolívar, enclave histórico de los grupos subversivos, donde se aplicó con rigor la ejecución sumaria de campesinos para luego ser presentados como “guerrilleros muertos en combate”.

A la queja de Flórez Maestre se sumó una investigación interna del Ministerio de Defensa sobre las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por soldados adscritos a diversas guarniciones en todo el país. En ese documento, que el presidente Uribe tuvo como base para destituir a 27 militares en octubre del 2008, entre ellos a Ramírez Cedeño, se citó el caso del campesino Aycardo Antonio Ortiz, quien, además, era el padre de un soldado campesino que perteneció al Batallón Calibío. Sin duda alguna una aberración de la estrategia de choque contra el “enemigo”.

No obstante, tal destitución no pareció afectar la vida del entonces teniente coronel Ramírez Cedeño, quien, de acuerdo con personas que han seguido su trayectoria, no fue afectado en sus privilegios, de los cuales estaría gozando en la base de Apiay, Meta, razón por la cual el Ministerio de Defensa debería dar alguna respuesta de ser eso cierto. Según la organización no gubernamental Humanidad Vigente, el oficial está recluido allí desde septiembre del 2012, cuando se hizo efectiva la medida de aseguramiento impuesta por la Fiscalía Octava Delegada ante el Tribunal Superior de Barranquilla.

El nombre de Wilson Ramírez Cedeño volvió a emerger el pasado 17 de junio, cuando Mercedes Estela Bueno Busto, jueza del Circuito Especializado de Descongestión en Cartagena, lo condenó a 37 años de prisión por los delitos de homicidio en persona protegida y secuestro simple, junto a 11 militares más, tras ser encontrados responsables de la ejecución extrajudicial del campesino Parmenio Manuel Hernández Anaya, ocurrida el 28 de diciembre del 2007 en la vereda La Poza, del municipio de Cantagallo, en el Sur de Bolívar.

En sus declaraciones a la justicia, la esposa del labriego, María Eugenia Álvarez, recordó la crueldad con la que uno de los uniformados le habló minutos antes de asesinar a su esposo con tiros de fusil: “… Mire, señora, yo a usted le voy a pedir que guarde silencio porque yo soy correcto y no me voy a poner a hablar bobadas, yo soy al vino vino y al pan pan, y nosotros lo vamos a matar”.

En su más reciente informe sobre este fenómeno criminal perpetrado por agentes estatales, la organización no gubernamental estadounidense Human Rigths Watch afirmó tras revisar numerosos expedientes judiciales y examinar testimonios de testigos, que “existen abundantes evidencias que indican que son muchos los oficiales de alto rango del Ejército que tienen responsabilidad por lo sucedido”. Según sus análisis, en esta estrategia contrainsurgente estarían comprometidas 11 brigadas y 180 batallones en todo el país.

El informe de Human Rigths Watch complementa lo dicho por el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, a mediados de abril pasado, cuando confirmó que por lo menos 22 generales de la República están siendo investigados por el tema de las ejecuciones extrajudiciales: “No se han tomado decisiones de fondo frente a los generales, pero eso no significa que los generales no estén siendo investigados por el tema de los falsos positivos".

En sus conclusiones, la organización norteamericana admitió que la judicialización de este fenómeno criminal de origen estatal es compleja: “Llevar ante la justicia a los máximos responsables de uno de los capítulos más oscuros del conflicto colombiano no será fácil, pero es una tarea irrenunciable y completamente factible para el Gobierno”.

Y se complica en casos como el del coronel (r) Wilson Ramírez Cedeño, quien por alguna razón parece que goza de privilegios, a pesar de su destitución y su condena. No se puede admitir que en casos en que ya hay sentencia, la solidaridad de cuerpo castrense se imponga para proteger a oficiales de alto rango que acumularon sobre sus conciencias “litros de sangre” de ciudadanos inocentes.

En Twitter: jdrestrepoe
(*) Periodista y docente universitario