¿Y cómo desactivar el paramilitarismo?

Uno de los fantasmas que ronda las negociaciones entre el gobierno nacional y las guerrillas de las FARC y el ELN es el del paramilitarismo, fenómeno que inquieta a quienes pretenden dejar las armas, incorporarse a la vida civil y transitar por el camino de la actividad política. El pasado demostró lo letal que es participar de la democracia sin garantías y con un enemigo de esa magnitud al acecho.

Los diagnósticos que construyen investigadores sociales muestran que ese fenómeno se padece en diversas regiones del país, afectando prácticas culturales, movimientos sociales y economías locales. Sus tentáculos están en pueblos y ciudades. Las recientes denuncias de asesinatos contra activistas sociales y políticos y el paro armado realizado por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia dan cuenta de la magnitud del fenómeno.

La caracterización del actual “paramilitarismo”, es decir, aquel que se supone surgió en agosto de 2006, cuando concluyó la desmovilización colectiva de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) acordada con el gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, no tiene una única explicación. La caracterización de algunos académicos y analistas, así como del gobierno nacional, les restó connotación política y los redujo a simples narcotraficantes; otros consideraron que estos grupos conservan algunos vínculos políticos, económicos y sociales con el pasado; y unos más argumentaron que estas nuevas estructuras, que ya ajustan una década de existencia, están centradas en la apropiación de rentas ilícitas, pero sin olvidarse del “enemigo”, tal como fue definido en la doctrina militar desde la década del sesenta,  y actúan cuando lo consideran necesario.

Mientras unos y otros discutían al respecto, el fenómeno fue creciendo rápidamente, liderado por viejos guerreros surgidos del antiguo Ejército Popular de Liberación (EPL) y las AUC. Ahora, diez años después de las advertencias emitidas por entidades como la Defensoría del Pueblo, varias agencias internacionales y organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, la discusión apenas cobra importancia para algunos sectores políticos. Qué pérdida de tiempo.

El negacionismo gubernamental prevaleció en esta última década. Fue persistente en Medellín, por ejemplo, donde sus gobernantes se obstinaron en desestimarlo, pese a las múltiples evidencias, y se impuso la mirada en el gobierno nacional. Claro, había una razón: la defensa a ultranza del proceso de reinserción de las AUC.

Se desestimó el daño que estas nuevas fuerzas ilegales provocaban en la población civil, como desplazamientos forzados, violencia sexual, reclutamiento de reinsertados bajo presión y tributación forzada, entre otros.

El negacionismo se tradujo en una política de persecución penal tardía, que potenció múltiples expresiones violentas en el país. ¿De quién era la competencia? Como se redujo su perfil, entonces era tarea de la Policía Nacional y no del Ejército.

Esa caracterización como bandas del narcotráfico y de crimen organizado fue efectiva entre 2006 y 2008, mientras se mantuvo la esperanza en la eficacia de la desmovilización de las AUC. Pero las acciones contra sectores sociales alternos, entre ellos las asociaciones de víctimas, comenzaron a registrarse una vez algunos exmiembros de las AUC iniciaron sus confesiones bajo la Ley 975 de 2005, llamada de Justicia y Paz, y se radicalizaron cuando entró en vigencia, el 1 de enero de 2012, la Ley 1448, conocida como Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.

Tales acciones adquieren una dimensión política y evidencia que el rasgo contrainsurgente no desapareció con la desmovilización de las AUC, por el contrario, se mantuvo, aunque con una dimensión violenta menos visible y más focalizada. Ya no se requieren aquellas grandes matanzas, sino homicidios selectivos que, en algunas ocasiones, tienen un mayor impacto entre las comunidades. La noción del enemigo interno y la concepción de orden que había orientado el ejercicio de la violencia de las AUC perviven entre quienes hacen parte de las nuevas organizaciones.

La pregunta entonces es ¿cómo desactivar este paramilitarismo? Inicialmente es necesario que las autoridades civiles, policiales y militares, desde sus altas jerarquías, reconozcan este fenómeno en toda su complejidad, incluidos los riesgos que supone para un escenario de implementación de los acuerdos que se alcancen con las guerrillas de las FARC y el ELN, lo que implica pensar más allá de los guerrilleros que se desmovilicen.

Además del reconocimiento de su existencia, es necesario considerar otros aspectos para pensar en la desarticulación efectiva del paramilitarismo en el país. En ese sentido, suscribo plenamente una de las propuestas presentadas por algunos panelistas durante el Foro Nacional Fin del Conflicto y Refrendación, Implementación y Verificación, convocado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional y realizado entre el 8 y el 10 de febrero en Bogotá.

A la hora de pensar en mecanismos de desactivación del paramilitarismo, la acción debe ser integral, que elimine las estructuras existentes y afecte las condiciones de reproducción del fenómeno como garantía de no repetición. No se trata solo de una política criminal contra grupos armados y economías ilegales porque las condiciones señaladas pueden permitir su rearticulación.

Para su desmonte efectivo como dijo una de las panelistas en aquel Foro, se deben considerar los siguientes aspectos: a) Modificación de la mentalidad militar dada la terminación de la guerra y nueva modificación en su instrucción y operación; b) Reforma del aparato judicial para evitar impunidad, garantizando la investigación oportuna de los crímenes contra sectores sociales que han sido y continúan siendo considerados parte del enemigo; c) La devolución de la riqueza usurpada por mercenarios y beneficiarios. La legitimación de la usurpación sería un riesgo para una paz firme y duradera; d) Protección de los derechos de las comunidades afro, los pueblos indígenas y las comunidades campesinas a la tierra y el territorio, como mecanismo de prevención de la tentación a organizar grupos armados para expulsar y apropiarse de la riqueza; e) Plena protección y garantías para el ejercicio de las libertades civiles y políticas. El Estado y la sociedad en conjunto. Empezando por prevenir la criminalización de los procesos reivindicativos, el pensamiento crítico y la oposición política; f) Ética en los medios de comunicación que les impida hacer eco de la realización simbólica del exterminio o la construcción de otredades negativas; g) Procurar el cambio en las mentalidades de los auspiciadores de modelos de protección violenta.

De no tomarse medidas efectivas desde distintas instancias del Estado, es muy probable que, en un futuro, nos lamentemos sobre los féretros de valiosas personas cuyas muertes pudieron evitarse. Las advertencias llevan diez años, ya es hora de atenderlas.

(*) Periodista, director de VerdadAbierta.com

En Twitter: @jdrestrepoe