La decisión de NO educar

Hace unas semanas me reuní con profesores de Córdoba y Bolívar. Estaban preocupados porque en los colegios rurales la educación la brindan ahora oferentes que aparecieron de la nada; ONG de garaje contratadas por gobernaciones y municipios, bajo la impune vigilancia del Ministerio de Educación. La educación de los niños y los jóvenes del campo está en manos de terceros, como se dice ahora, y esos terceros suelen ser los políticos que usan estos contratos para hacer politiquería.

Es así como el año pasado las clases comenzaron en abril o mayo. Téngase en cuenta que en casi todas las zonas rurales la comida más segura que tienen los muchachos es la que hacen en el colegio. Si no hay clase, no comen.

Muchos profesores nunca llegaron porque se trata a lugares donde hay una presión permanente de las bacrim, que les quitan parte de su sueldo. Las clases son irregulares. En lugares como Tierralta y Montelíbano basta una lluvia para que los maestros no puedan entrar a las veredas a dictar sus clases, pues las carreteras se lo impiden. En el mejor de los casos, dan clase tres días a la semana, y en el peor, los muchachos han sido promovidos sin haber visto asignaturas como matemáticas o español porque no hubo maestros que se le midieran a la educación rural. Por no hablar de los cambios que hacia finales del año se empezaron a dar en la planta docente, contratada a destajo en pésimas condiciones, para cumplir muy seguramente compromisos políticos electorales.

La ministra de Educación, tan interesada como parece en comprar tierrita, debería pasarse por algunos de estos municipios, que por cierto son considerados zonas de consolidación por el Gobierno, para que vea cómo se están educando estas nuevas generaciones rurales. Para que rasgue el velo de la cacareada cobertura universal en educación y se dé cuenta de que aunque la calidad de la educación es mala en todo el país, para los jóvenes rurales que viven en zonas de conflicto es pésima y que estos difícilmente podrán acceder a las universidades en las actuales condiciones.

Este es un aspecto más, no el único, que habrá incidido en que Colombia retrocediera en las pruebas Pisa, que miden las competencias básicas de los estudiantes colombianos y que son el rasero para ubicarnos en la ruta del desarrollo y el progreso, o en la del estancamiento. Haber quedado de 62 entre 65 no es una catástrofe. No es una sorpresa ni un fiasco ni algo que ocurrió de repente. Es el resultado de una decisión política; de una manera de concebir el país, de concebir su crecimiento y de apostar por él.

La educación no ha sido el camino elegido por nuestra clase dirigente para llevarnos por la senda de la anunciada prosperidad. El Gobierno pasado apostó por convertirnos en una potencia militar con el mayor gasto bélico de la región y nos dejó de herencia un pie de fuerza cercano al medio millón de soldados y policías. Y Santos apuesta a seguir creciendo económicamente a punta de exportar minerales y materias primas. ¿Educación como prioridad? Claro que no. ¡Qué tal que eso genere movilidad social, mayor equidad, una clase media deliberante!

No existe la decisión de educar, o mejor, de democratizar a través de la educación. No hay voluntad, por lo menos en los dirigentes de hoy, de generar otros equilibrios sociales a partir de la ciencia, la cultura, el talento y el conocimiento. Como bien lo dijo Armando Montenegro hace unas semanas en su columna de El Espectador, ni la derecha, ni la izquierda están en eso. Otros fueron los tiempos en los que el magisterio y sus sindicatos daban la pelea por el modelo pedagógico. Otros los que el movimiento de estudiantes se preocupaba por los contenidos de la educación.

Que educar es una decisión política lo está demostrando Ecuador, país que los colombianos solíamos mirar en el pasado por debajo del hombro. La revista Arcadia destaca en su más reciente editorial (citando a la revista Dinero) la gran apuesta que está haciendo Rafael Correa en esta materia: “Ha invertido 30 veces más que los últimos siete gobiernos juntos en este frente. Decretó el cierre de 14 universidades por falta de calidad académica y becó más de 5.000 estudiantes para que estudiaran en las mejores universidades del mundo. Como si fuera poco, ayudó a bajar la tasa de interés del crédito educativo del 12 % al 4,6 % y eliminó la deuda por mérito académico.

Correa, además, instrumentó el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que ha permitido duplicar la matrícula de ciudadanos afrodescendientes, indígenas y de las personas pertenecientes a los estratos más pobres del Ecuador (…) Ecuador es el país con mayor participación de pobres en educación superior en América Latina (26 %), por encima de Chile y Argentina”.

En Colombia mientras tanto la educación sigue siendo manejada como una Cámara de Comercio, nos traman con cifras de cobertura que aparentan ser excelentes, y recibimos del Gobierno palmaditas en la espalda ante el bajo desempeño de la educación, como queriéndonos decir que si nos fue mal esta vez, fue cuestión de suerte.

Pero el azar no tiene nada que ver en esto. Educar es una decisión política. Brindar una pésima educación también lo es.