Saqueo capital

La funcionaria con el sueldo público más alto que existe en Colombia es la directora de noticias de Canal Capital, Claudia Palacios. Recibe $40 millones 700 mil mensuales, distribuidos así: $35 millones 700 mil de salario en dinero más $ 5 millones representados en un carro con chofer para su servicio. Todo esto ha sido advertido como violatorio de manuales de contratación pública. Ella gana más que el gerente, Darío Montenegro ($18 millones), que el alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa ($12 millones 831 mil 139) y que el mismo Presidente de la República, Juan Manuel Santos ($33 millones).

Canal Capital, técnicamente se considera que está “apagado”: Su promedio de televidentes diario es de escasos 8.000, de acuerdo con la firma IBOPE, especializada en medir audiencias. No es un error de mecanografía: es una audiencia promedio diaria de 8.000 (ocho mil) personas. Bogotá tiene alrededor de nueve millones de habitantes.

Sin contar el salario de Montenegro, los once funcionarios del canal que más dinero ganan –encabezados por la señora Palacios- suman al año $1.692’300.000,00. Con esa nómina faraónica, Canal Capital tiene, adicionalmente, 13 jefes de emisión y de redacción que se comen $1.000 más al año y presentadores que chupan otros $720 millones. Y esto, sin contar una nómina paralela de 12 personas que orbitan al señor Montenegro, así como una serie de contratos a dedo que les ha otorgado a sus amigos, sobre lo cual me referiré más adelante. Por lo demás, organismos de control tratan de establecer si son ciertas algunas quejas que han recibido en el sentido de que Montenegro cobraría porcentajes a sus beneficiados a cambio del otorgamiento de sueldos o aumentos salariales astronómicos y contratos leoninos.

El presupuesto del canal para este año es así: $15 mil millones que los bogotanos aportamos con fondos de la Secretaría de Hacienda, más $ 6 mil millones que los colombianos damos a través de la llamada Autoridad Nacional de Televisión. Otros $8 mil millones la entidad debe conseguirlos por su cuenta para gastos de funcionamiento, pero no los recauda porque Montenegro prefiere regalar los servicios del canal como si fueran manotadas de chicles que llevara entre sus bolsillos. En efecto, les obsequia transmisiones a entidades como la Universidad del Rosario, el Club del Nogal o la Cámara de Comercio de Bogotá. Empero, cálculos del mismo canal indican que solamente hay dinero hasta junio, cuando los bogotanos deberemos aumentar nuestro detrimento con aportes adicionales.

El tren de gastos de Canal Capital impide sostener los sueldos modestos de empleados indiscutiblemente útiles, por lo cual un grupo de 60 de estos, todos del área técnica, fueron despedidos –algunos con antigüedades de 16 años–, de manera que, para citar un ejemplo, los camarógrafos profesionales y sus asistentes que salieron han sido reemplazados con 10 teléfonos celulares de mala calidad que Montenegro compró por ahí para que los mismos periodistas filmen con ellos las imágenes con las que deben ilustrar sus notas.

Darío Montenegro se vinculó a los medios de comunicación en los años 80, ligado a la secta cristiana fundamentalista conocida como Opus Dei. Deambuló por el sector privado hasta finales de los años 90, cuando salió de Caracol Televisión como consecuencia de un enredijo de dinero. Luego, anduvo por el sector público hasta llegar a la saqueada Comisión Nacional de Televisión en los días más oscuros de este organismo, que debió ser abolido como única manera de exterminar la corrupción que se lo comió. En ese caso, el Gobierno aplicó la incierta fórmula de “muerto el perro se acaban las pulgas”, como ocurrió luego con el DAS, siniestra policía política.

Además de su nómina paralela de 12 personas para administrar un canal muerto en términos de audiencia, Montenegro les ha otorgado contratos a dedo a amigos y exjefes suyos. Es el caso del de $ 367 millones que le concedió a Francisco Ortiz (ex jefe suyo en RTVC) para producir 80 “microcápsulas” que, de acuerdo con entendidos, “regaladas son caras”. De la misma manera, a través de una fundación llamada Conexión Bienestar, le dio un contrato de producción, a dedo, por $120 millones, a Carolina Angarita, quien fuera su jefa en la firma Ennova.

Con la Universidad Javeriana Montenegro hizo otro contrato, a dedo, por valor de $ 400 millones para montar un “observatorio de medios” encargado de mirar el curso del “proyecto” ideado por él y la señora Palacios. El intermediario en este negocio fue el señor Germán Ortegón, profesor de planta de la Javeriana y, de manera simultánea, resultó convertido en “gerente educativo y cultural” de Canal Capital, con un sueldo mensual de once milloncitos 900 mil pesos. En este amasijo, el canal aportó 300 millones de nuestros impuestos y la contraparte puso el resto ($100 millones), todos en especie, lo que implicó que aportara en persona al afortunado señor Ortegón. La misión de trabajo, sin necesidad de hacer ningún esfuerzo, dictaminó al final la desastrosa realidad del canal en un informe que no fue publicado, como era obligatorio. Fueron $ 400 millones de pesos botados a la basura, pues de antemano se sabía que se estaba pagando para hacerle un electrocardiograma a un cadáver insepulto.

Montenegro todavía logra convencer a uno que otro despistado de que él hizo el milagro de levantar la audiencia de Canal Capital. El alcalde Peñalosa, su jefe inmediato, sabe que es una mentira, pero calla porque él también es maestro destacado en el arte de comer fríjoles y eructar champaña.

Y la censura, descuella. Por ejemplo, el corresponsal en La Calera, Jaimer Castillo, se entregó con entusiasmo al deber profesional de investigar las corruptelas de la cuestionada alcaldesa de ese municipio, Ana Lucía Escobar, con tan mala fortuna que resultó ser vecina, amiga y compañera de cabalgatas de Darío Montenegro, así que este último ordenó de plano que Canal Capital solamente se podrá referir a ella si se trata de “noticias positivas”. Esto, tratándose de un canal público, no solamente es delictuoso sino inmoral.

Vale la pena mencionar que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 21, dispone: “no habrá censura”. Aunque, entre tanta impudicia, ¿qué diablos importa lo que diga la pinche Constitución?