¿Alcalde de Medellín, en desacato?

El 30 de noviembre de 2002, un grupo paramilitar sacó de su negocio de comidas del barrio 20 de Julio de la comuna 13 de Medellín a Arles Edison Guzmán Medina y se lo llevó hacía las montañas que rodean este sector de la ciudad. Con el paso de los días, y ante la angustia de no saber nada sobre él, su esposa, Luz Enith Franco Noreña, denunció la desaparición ante la Fiscalía General de la Nación. Ese día, la señora llevó un pequeño mapa, hecho a mano, del posible lugar donde estaría enterrado su pareja, se trataba de un botadero legal de escombros.

El investigador que le recibió su testimonio le dijo a Luz Enith que con ese mapa podrían hacer algo, pero unas semanas después, cuando la señora volvió a preguntar por su caso, le respondieron que en ese sitio “era muy difícil buscar restos humanos porque había muchos escombros y que iba a ver si podía conseguir una maquinaria con la cual podía remover esos escombros para empezar la búsqueda”. 

El asunto no pasó de ahí y, mientras tanto, los paramilitares del Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc), continuaron desapareciendo pobladores de los barrios de la comuna 13, quienes eran conducidos a la ya famosa escombrera. Se calcula que entre finales de 2002 y mediados de 2005 fueron arrojados allí más de 300 cuerpos, razón por la cual fue condenado Diego Fernando Murillo Bejarano, alias `Don Berna’, a 26 años de prisión.

Sin embargo, los restos de las víctimas no han sido recuperados, pese a la presión de diversas organizaciones de víctimas para que la administración municipal suspendiera el permiso de depósito de escombros y se exploraran estrategias de búsqueda para dar con los cuerpos de los desaparecidos.

El caso llegó a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín a través de los diversos testimonios de quienes integraron el Bloque Cacique Nutibara y hoy vienen siendo juzgados bajo la Ley 975 de 2005. Según la evidencia recogida, advierte un documento judicial, “los integrantes de dicho bloque no solo aterrorizaban a la población, sino que las víctimas eran sacadas violentamente de sus casas, amarradas, torturadas y/o asfixiadas mecánicamente y/o desmembradas, descuartizadas y/o decapitadas. Luego eran enterradas en lugares que eran utilizados comúnmente para ese fin, como la Escombrera y la Arenera”.

El 4 de septiembre de 2013, este tribunal exhortó al Alcalde de Medellín, Aníbal Gaviria Correa, a  adoptar mecanismos de búsqueda y protección de los desaparecidos que hoy estarían bajo toneladas de escombros, depositados desde hace más de diez años en la ladera occidental de la capital antioqueña. 

En su justificación, el tribunal expuso que “la situación de La Escombrera, donde se ocultaron y enterraron los cuerpos de centenares de desaparecidos en Medellín, como lo tiene establecido la Sala, constituye una afrenta a las víctimas y una grave violación de los compromisos y deberes del Estado, cuya aplicación e interpretación deben guiar a esta Sala. Continuar arrojando escombros sobre los desaparecidos, viola el más elemental sentido de humanidad y la Alcaldía tiene la responsabilidad y los instrumentos para superar esa situación. La Sala no puede ser indiferente ante el sufrimiento de las víctimas que reclaman unas mínimas medidas de reparación”. 

En ese sentido, el tribunal indicó que el “Alcalde de Medellín, en asocio de las autoridades competentes, y en cumplimiento de los compromisos y deberes internacionales del Estado, tiene el deber de adelantar y tomar las acciones y medidas necesarias para suspender el arrojo de escombros en los sitios conocidos y delimitados como la Escombrera y la Arenera de Medellín y rehabilitar esas zonas de tal manera que constituyan un acto de memoria y dignificación de las víctimas y de los desaparecidos que fueron sepultados en esta zona, con audiencia y opinión de las víctimas. La Sala lo exhorta a cumplir ese deber y le hará seguimiento a esas medidas y al cumplimiento de ese deber”.

En respuesta a esa decisión, el Alcalde pidió claridad al respecto en carta enviada el 26 de noviembre de 2013 a la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín. A través de oficio fechado el 6 de febrero de 2014 y recibida en la Alcaldía cuatro días después, el magistrado Rubén Darío Pinilla Cogollo le recordó a Gaviria Correa sus obligaciones. 

Inicialmente, el magistrado precisó que “la obligación de suspender el arrojo de escombros en los sitios denominados La Escombrera y La Arenera es una obligación legal de la Alcaldía de Medellín, pues hace parte de los deberes del Estado, no una obligación impuesta en o derivada de la decisión de la Sala”.

Esa decisión fue respaldada por la Corte Suprema de Justicia en auto del 20 de noviembre de 2013, que precisa que esas obligaciones “configuran indicaciones colaterales dirigidas a las citadas autoridades para que desplieguen las acciones que legalmente les corresponde en orden a resguardar elementos materiales probatorios y evidencia física del aludido acontecer delictivo”.

Sin embargo, familiares de las víctimas y abogados que las representan me confirmaron que en ‘la escombrera’ siguen depositando escombros, sepultando con cada volquetada la posibilidad de encontrar a sus familiares, lo que contradice esa filosofía que pregona el mandatario local de hacer de “Medellín un hogar para la vida”, consignada en su plan de desarrollo 2012-2015.

Si bien Pinilla Cogollo le indicó al alcalde Gaviria Correa que no hay un plazo determinado para que se cumplan esas obligaciones, también dejó claro que la decisión tiene efectos inmediatos y se encuentra en firme; no obstante, Gaviria Correa continúa desatendiéndolas, por lo que podría estar incurriendo en un desacato. ¿Habrá alguna autoridad que se apersone del caso e investigue? Lo dudo.