La muerte que Álvaro Uribe no quiso evitar

Tres meses antes de aquel septiembre fatídico del 2004, el profesor Alfredo Correa de Andreis le había escrito una carta al entonces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez. La razón: la privación de su libertad por supuestos nexos con las FARC. La carta nunca tuvo respuesta a pesar de que el recibido tenía el sello de la oficina de la Presidencia. Poco después, desesperado por su situación, el docente de la Universidad del Norte y de otras universidades de la costa, le escribió una segunda misiva, pero, al igual que la primera, no recibió respuesta.

Su situación era desesperada: el DAS lo había detenido, su casa había sido allanada por orden de un fiscal y unos supuestos testigos habían asegurado ante el ente acusador que él era uno de los ideólogos de esa guerrilla. En la primera carta, el profesor no solo se identificó con el número de su cédula y le informó al primer mandatario de sus palmarés como académico e investigador sino que también  le describía en detalles el día de su detención por un puñado de agentes del DAS y sus señalamientos de ser miembro de las FARC. Incluso, en dicha misiva, Correa instó a Uribe a hacer gala de su buena memoria:

“Usted me conoce físicamente y acudo a su buena memoria al señalarle saludos de mano en una ocasión en el Centro de Convenciones de Santa Marta, tal vez también en la propia Universidad del Norte, sin embargo de esta segunda oportunidad no tengo certeza. Usted se dirigió a mí al momento del saludo diciéndome “profesor, ¿cómo está?”. No sé si esto tenga algo de importancia pero según se comenta usted cuenta con una excelente memoria”.

Uribe diría después, cuando la prensa hizo público el asunto de las misivas y Correa de Andreis era ya un cadáver, que él no las recibió, a pesar de que, como expresó Magda Correa de Andreis, hermana del sociólogo asesinado,  estas tenían el sello de radicado de la Presidencia e hicieron el proceso exigido para llegar a manos del entonces presidente de los colombianos. “Indiscutiblemente el presidente se lavó las manos como es su costumbre”, aseguró la mujer. “Pero como es su palabra de presidente contra la nuestra, no sucede nada”.

Lo anterior no parecía una situación aislada, sino un comportamiento sistemático del presidente. El país aún recordaba la imagen de Eudaldo León Díaz Salgado en ese video que se volvió viral después de su muerte, cuando este tomó el micrófono e intervino en aquel consejo comunal llevado a cabo en Corozal, Sucre, y denunció con voz grave que lo iban a matar, que el gobernador Salvador Arana lo iba a matar. Un mes después de aquella denuncia, el alcalde del municipio de El Roble estaba muerto y sus palabras de hombre desesperado por la inminencia de las amenazas, al parecer, no hicieron eco en el mandatario.

Hasta junio de 2004, el nombre Alfredo Correa de Andreis había estado asociado exclusivamente a la academia y a la investigación social. Su vida había girado en torno a las universidades del Norte y la Libre. En el momento de su captura tenía lista una investigación en la que denunciaba los supuestos desvíos de dineros asignados al desarrollo de la población campesina en la costa Atlántica por manos inescrupulosas. Sus afirmaciones, que habían replicado algunos medios de comunicación del país, incomodaron, sin duda, como lo dejo ver el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, a sectores influyentes y poderosos de la capital del Atlántico.

Poco después de aquellas afirmaciones, Demóstenes Camargo de Ávila, el polémico fiscal 33 de Cartagena --quien había emitido con anterioridad la orden de captura contra Fredy Muñoz Altamiranda, un joven periodista cartagenero, corresponsal del canal Telesur en la capital de la República, y quien fuera señalado de ser miembro de las FARC-- hizo detener a Correa de Andreis bajo el cargo de rebelión y concierto para delinquir.

Tres semanas más tarde de aquella detención que su abogado calificó de arbitraria y sin fundamentos probatorios, el profesor Alfredo Correa recuperó su libertad. Algunos medios de comunicación hablaron entonces de un montaje, similar al que se le hizo al periodista de Telesur, pero aun así, ante las pruebas que parecían irrefutables, ante la comprobación de la falsedad de los testigos que intentaron enlodar la intachable hoja de vida del sociólogo, el fiscal 33 insistió en la culpabilidad de Correa. Llegó a tal extremo de la irracionalidad jurídica que afirmó, poco después del asesinato del docente, en una nota enviada a la periodista y socióloga Claudia Ayola, quien escribió en su momento sendos artículos donde señalaba las irregularidades del proceso,  que la investigación que se le seguía a Correa de Andreis precluyó  por motivos de su muerte y no porque fuera inocente.

Las palabras de Demóstenes Camargo de Ávila, quien fuera señalado por el periodista Muñoz Altamiranda de ser una ficha jurídica del paramilitarismo de la costa norte colombiana, al lado del entonces director del DAS, Jorge Noguera, condenado a 25 años de prisión por el asesinato del docente universitario, va en contravía de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a este departamento de seguridad del Estado en septiembre de 2013 pedirle perdón público a los familiares y al país por el asesinato vil de ese hombre de paz que fue Alfredo Correa de Andreis.

De la misma manera, las afirmaciones de este señor no solo van lanza en ristre contra la sentencia del Juzgado 11 del Tribunal Administrativo de Bogotá que afirma que la muerte de Correa fue el resultado de una “alianza criminal y perversa entre el DAS y el paramilitar Edgar Fierro Flórez”, sino también contra la imagen y la memoria de un trabajador social cuyo único error fue haber destapado una olla podrida de la cual hacían parte las cabezas visibles de una mafia poderosa.

No está demás que la Rama Judicial, en aras de limpiar el campo de la justicia, saturado de manzanas podridas, empiece a investigar el pasado oscuro de este exfiscal cuyas acciones parecen decir mucho más que sus palabras.

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*Docente universitario.