La tardía guerra contra las llamadas "Bacrim"

Las dejaron coger ventaja. Las vieron crecer impávidamente y poco o nada se hizo en el pasado para contrarrestar sus expresiones de violencia. Hoy, cuando su dominio territorial es amplio y sus tenazas contra la población civil son asfixiantes, el Gobierno nacional despierta de su letargo y decide confrontar las llamadas “bandas criminales emergentes”, conocidas como “bacrim”. Es la nueva guerra nacional.
 
Y suena extraño que sea la nueva guerra nacional, cuando estos grupos armados de origen paramilitar tomaron fuerza a mediados del 2006, después del último proceso colectivo de desmovilización y dejación de armas, ocurrido el 16 de agosto de ese año que involucró a cientos de paramilitares del Bloque Elmer Cárdenas.

El término “bacrim” no es un invento de la prensa ni de analistas especializados en el tema de seguridad, es una definición que las mismas autoridades militares y de policía le dieron a esos nuevos grupos criminales en el año 2006, cuando se conformó bajo la responsabilidad de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional una oficina de coordinación interinstitucional e información que articularía los procesos de inteligencia, operativos y de confrontación contra estas organizaciones ilegales. Según se dijo en su momento, esta nueva dependencia apoyaría el trabajo de la Policía Nacional, el Ejército y el DAS para hacerle frente a esa nueva expresión de violencia.

En sus inicios, esa dependencia comenzó a generar informes sobre las “bacrim”, georeferenciando su ubicación a lo largo y ancho del país, revelando sus estructuras y precisando su modus operandi. Los primeros documentos indicaron que para el año 2006 se habían conformado 22 estructuras armadas integradas por cerca de 4 mil hombres. No obstante, no se volvió a saber nada de esa oficina. ¿Alguien puede dar razón de ella?, ¿a dónde fueron a dar sus análisis?

La situación era tan preocupante a finales de 2006 que el Primer Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción realizado en mayo de 2007 por una unidad de análisis especializado de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (CNRR) recomendó el “fortalecimiento de la oficina de Coordinación Interinstitucional de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional, encargada de coordinar la información y operaciones en contra de las llamadas “bandas criminales”. No es claro si efectivamente se atendió la recomendación o no de la CNRR.

Lo que sí puede constatarse es que hace más de cuatro años se identificaron los riesgos ligados a estas “bandas criminales emergentes”, pero poco o nada se hizo para evitar el desangre producido por estas estructuras armadas en diversas regiones del país. Su consolidación territorial así lo demuestra.

Hoy el Gobierno nacional tiene en marcha una nueva estrategia, denominada D-6, que le apunta a desarticular estas bandas criminales emergentes. Pero, ¿por qué es tan tardía su reacción?

El cambio de actitud sería entendible si, por ejemplo, hubiese habido en este país un cambio radical en la orientación ideológica de quienes llegaron a la conducción del Gobierno central el 7 de agosto de 2010. Pero no fue así. Resulta que el hoy Presidente de la República era el Ministro de Defensa en el año 2006, justamente cuando se comenzó a difundir el término “bandas criminales emergentes”, y el Director de la Policía Nacional es el mismo de hace cuatro años, el general Oscar Naranjo.

Una posible respuesta podría tener relación con las “ronchas” que levantaban las llamadas “bacrim” en la administración del presidente Álvaro Uribe Vélez. Su existencia y crecimiento evidenciaban el fracaso de la política de reinserción impulsada con los antiguos miembros de las Auc y las falencias de un proceso de desmovilización que, en el fondo, llevó a una reacomodo de las fuerzas armadas ilegales liderado por mandos medios que no se acogieron a estos acuerdos, además, quedaba en entredicho la eficacia de la política de Seguridad Democrática. Decenas de informes nacionales e internacionales realizados por especialistas independientes advirtieron los riesgos, pero todos fueron desacreditados. El objetivo era acallar el asunto.

Esa tendencia al silencio la compartió inicialmente el gobierno de Santos. En sus primeros meses, sectores de su gobierno y comisionados afines a las directrices de la política de Seguridad Democrática cuestionaron internamente el Segundo Informe de Desarme, Desmovilización y Reinserción preparado por especialistas adscritos a la CNRR durante el 2010 y divulgado en diciembre de ese año. Consideraban “exagerado” las advertencias que indicaba que las llamadas “bacrim” se habían fortalecido con el paso de los años y de ellas hacían parte numerosos desmovilizados de las Auc.

Pero los hechos confirman hoy lo que tanto se negó en su momento: en el país operan siete organizaciones criminales (Paisas, Rastrojos, Urabeños, Erpac, Águilas Negras, Nueva Generación y Renacer), integradas por cerca de seis mil hombres diseminados en 17 departamentos y 152 municipios.

El presidente Santos ha dicho que son “bandas criminales. No son grupos armados ilegales. Son parte de unas bandas de crimen organizado. Que eso quede bien claro: no son grupos armados ilegales”. Tal afirmación permite deducir que hay una estructura superior a las “bandas criminales”. Así las cosas, ¿cuáles son esas “bandas de crimen organizado” de las que hacen parte?, ¿se les tiene identificadas?, ¿dónde operan?, ¿quiénes son sus líderes?, ¿en qué negocios, legales e ilegales se mueven?, ¿tienen conexiones con grupos criminales del exterior?

Una lucha tardía y una mala caracterización del “enemigo” pueden derivar en una sucesión de fracasos cuyas consecuencias las sentiremos todos los colombianos, no sólo aquellos que viven en las zonas de influencia de estas “bandas criminales”. En esta confrontación, el presidente Santos y el general Naranjo tienen una segunda oportunidad. Solo el tiempo dirá si la nueva estrategia fue exitosa o se convirtió en un fiasco, como la primera vez.

* Periodista y docente universitario.