Las Bacrim también son políticas

A finales de abril, Los Urabeños amenazaron a Beatriz Elena Mestre, una mujer quien ha estado reclamando la devolución de su finca robada por paramilitares de las AUC en el municipio de Turbo, Antioquia. “Quieren tierra, se la vamos a tirar encima hp…” decía el panfleto metido debajo de la puerta de la oficina de Tierra y Vida, una organización que ayuda a reclamantes de tierra en Urabá. Tristemente, ese tipo de amenazas se ha vuelto común en Colombia, con 683 reclamantes de tierra amenazados hasta febrero de este año, que a menudo terminan en la muerte de personas que ya han sido víctimas del conflicto armado.

Las amenazas provenientes de las Bacrim dirigidas no solamente a reclamantes de tierra sino innumerables activistas y grupos sociales, indican que estos grupos armados sí tienen un lado político. Esta tesis va totalmente en contra  de lo que casi es un consenso en el país, que estos grupos armados son puramente económicos. Uno de los puntos más citados de este argumento es que las Bacrim no son contrainsurgentes, y aún más trabajan con la guerrilla, lo cual es cierto. Pero el error ahí es que lo político no se define según una posición contrainsurgente – de hecho lejos de eso.

Lo político es más bien la capacidad de tomar e implementar decisiones que definen, normalmente limitando, las reglas del juego de la vida social; es el control de la sociedad al imponer restricciones y permisos para ciertas acciones; es establecer la jerarquía social y decidir quienes quedan en cada posición de la misma. Para lograr ese nivel de poder, la coerción es una herramienta necesaria pero insuficiente. Además pensándolo bien, eso es lo que intentan hacer los Estados, pero a través de las leyes, un sistema de justicia, sus instituciones y obviamente un aparato coercitivo. El problema en Colombia es que la capacidad estatal para la implementación efectiva de sus decisiones ha sido supremamente débil.

Es en ese espacio en el que el Estado colombiano no define las reglas del juego sociales, donde se han metido actores privados, incluso las Bacrim. El ejemplo de los Urabeños – entre otros – en el norte del país es bastante diciente. Por la gran importancia de la tenencia de la tierra en establecer la posición de las personas en la jerarquía social regional y por ende su poder político, social y económico, las amenazas y la violencia contra los que reclaman su tierra efectivamente buscan mantener la estructura social actual. De hecho las alianzas entre ese grupo armado y varias élites y testaferros regionales muestran que los segundos están buscando mantener el poder que conlleva tener tanta tierra, mientras el primero ofrece la coerción necesaria para conservar un orden social que también le es beneficioso.

Los Rastrojos también proveen un ejemplo diciente. Este grupo armado, aunque debilitado y dividido hoy en día, ha amenazado y atentado contra numerosos actores sociales, como sindicalistas, defensores de derechos humanos, entre otros. Pero algunos han argumentado que esos actos violentos son solo una fachada para que analistas como yo crean que las Bacrim son contrainsurgentes, como lo eran las AUC. De hecho, puede ser cierto que no son contrainsurgentes - pero los efectos de esa violencia terminan siendo totalmente políticos según la definición utilizada aquí. Ese tipo de violencia resulta ser una manera de decir que independiente de los varios intereses de las Bacrim, ciertos puntos de vista no son bienvenidos en las sociedades bajo su control. También muestra que aceptarlas sin denunciarlas es su regla del juego primordial.

Adicionalmente hay que pensar en la limpieza social, a menudo llevada a cabo por estos grupos. Esa estrategia no es única a las Bacrim, sino ha sido utilizada por todas las organizaciones armadas, desde las pandillas más pequeñas hasta incluso la guerrilla. Es quizás la manifestación más clara de la violencia política: matar a ladrones, drogadictos, los de la comunidad LGBT, sapos, y otros terriblemente llamados “desechables” es definir sin lugar a dudas lo que es y no es permitido en una sociedad, las reglas del juego y la posición de las personas en la jerarquía social local. Es esencialmente  un sistema arbitrario y violento de justicia, mediante el cual se busca lograr el control territorial. Más político no podría ser.

Finalmente, no pretendo argüir que las Bacrim son solamente políticas. La evidencia de sus intereses y motivos económicos es más que abundante. Tampoco busco justificar sus acciones. Creo sinceramente que entre mejor entendamos a estos actores, mejor sabremos combatirlos. Definir lo político en cuanto a estos grupos armados como contrainsurgente (o insurgente) es un error analítico, que lleva a políticas limitadas. Se debería crear una estrategia que no solo ataque a las Bacrim militarmente sino que también busque llenar esos espacios políticos con las leyes e instituciones estatales. Así se le puede quitar el poder conseguido por las Bacrim a través de sus estrategias también políticas.

*Kyle Johnson es politólogo de la University of Connecticut y es Magister en Ciencia Política de la Universidad de los Andes.