Las basuras de Petro

Un fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca acaba de confirmar que la decisión del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, de entregar en 2012 a la Empresa de Acueducto la recolección de basuras que realizaban cuatro empresas privadas, es ilegal. Habría que agregar que fue improvisada y temeraria y que ha ocasionado perjuicios a la ciudad por más de 200.000 millones de pesos.

Señala el tribunal que el cambio del objeto social de la Empresa de Acueducto para el efecto, no podía ser realizado por la junta directiva, como dispuso Petro, sino por el Concejo municipal.

En septiembre de 2012, en forma intempestiva, el entonces alcalde anunció el nuevo modelo y el 11 de diciembre expidió el decreto que montó al Acueducto en la aventura de recolectar diariamente 6.000 toneladas de basura en la ciudad. La Personería y la Contraloría de Bogotá le advirtieron que el Acueducto no tenía experiencia ni equipos para realizar esa tarea. La Procuraduría, la Contraloría, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA), el Ministerio de Ambiente y la Veeduría Distrital, entre otras entidades, le advirtieron por su parte que ese acto era ilegal e inconstitucional.  

No les hizo caso. El 18 de diciembre de 2012, un grupo de 1.500 personas, entre conductores y operarios, se lanzaron a recolectar la basura en 362 volquetas (vehículos prohibidos para esa tarea, por razones ambientales). Su inexperiencia e ineptitud se hizo evidente y en cuestión de horas la ciudad se vio colmada de desechos. Para remediar la crisis, Petro y sus asesores más cercanos desataron una rocambolesca cadena de malas decisiones como la importación, a marchas forzadas, de 22 compactadoras, 2 barredoras y un carro taller que alguien ubicó en Nueva York y que eran parte de un lote de equipos desuetos y en mal estado.

Poco después compraron, por 78.000 millones de pesos, un lote de vehículos compactadores que resultaron inadecuados para los residuos sólidos que maneja la ciudad y para las condiciones en las que se presta el servicio. Pero, sobre todo, el propio Petro se tuvo que rendir ante la evidencia del desastre que había desatado y se vio obligado a reenganchar a los operadores que intentó sacar del mercado.

El inventario de daños por ese concierto de improvisación, irresponsabilidad y mala gerencia es extenso y le ha costado una fortuna a la ciudad. A pesos de hoy, por falta de planeación, poner en marcha la operación -las volquetas, etc- costó 40 mil millones de pesos. Compraron más equipos de los necesarios -el lote sobrante vale 39.186 millones- pero como además compraron equipos inapropiados, han tenido que gastar más de $20 mil millones en mantenimiento. Para cumplir la tarea de recolectar las basuras, la subsidiaria Aguas de Bogotá tuvo que asumir una planta de personal de 3.200 personas que se han organizado en 17 sindicatos. Además de los de operación y comercialización, el sistema de basuras genera hoy a la Empresa de Acueducto, valor  en riesgo de cartera por 30.154 millones. Y como lo que mal arranca mal termina,  la pérdida podría llegar a ser total si como consecuencia del fallo -y de no tener 5 años de experiencia- la empresa no puede participar en la licitación que adjudicará el servicio para los próximos 8 años.    

La Procuraduría destituyó al alcalde en 2013 por la ilegalidad en la implementación de su modelo de basuras. La Superintendencia de Industria y Comercio suspendió el modelo en 2014 por infringir la libre competencia y le impuso al Distrito una multa por 75.000 millones, que se suma a los perjuicios pues fue pagada en 2016.

Petro hizo su defensa ante la justicia, con base en el ataque. Nunca aceptó sus errores, ni los costos y perjuicios que ocasionaron. Se declaró perseguido por mafias, por “el cartel de la contratación”, por “los enemigos de la paz” y comenzó una estrategia de manoseo a la justicia que arrancó con una “tutelatón”, -350 tutelas ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca-  una de las cuales fue fallada en su favor por el magistrado José María Armenta, cuya esposa es empleada del Acueducto.  

El moño rojo para rematar la operación vino en 2014 cuando el Consejo de Estado revocó las 23 tutelas que a esa fecha tenían suspendido el fallo de destitución e inhabilidad.  Cuando ya parecía irremediable que perdiera el caso, Petro logró unas medidas cautelares personalizadas y a la hora exacta, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que dictaminó que "los derechos políticos del señor Gustavo Francisco Petro Urrego (...) se encontrarían en una situación de gravedad y urgencia."

La decisión del Tribunal de Cundinamarca viene a confirmar -aunque tarde- la validez de las sanciones que impusieron a Petro la Procuraduría y la SIC, que no se trataron de persecuciones sino de actos de justicia. También lo obligaría a responder en lo penal y en lo administrativo por lo que hizo. Aquí, por mucho menos, hay exfuncionarios condenados y en la cárcel, aunque es improbable que le suceda, porque quizás no haya ningún caso, como el del exalcalde, que ilustre mejor cómo se puede enredar a la justicia en Colombia y cómo volver confusa e inasible una cadena de actos ilegales, más que evidente.

 @germanmanga