Las dos Marías y los dos Enriques: engañando unidos

De un tiempo para acá la derecha colombiana ha tomado como caballito de batalla lograr que declaren crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, a lo cual nadie se opone, pero lo asumen como si eso se tradujera en responsabilidad para aquellos a quienes acusan de haberlo instigado: Ernesto Samper y Horacio Serpa.
 
En un escenario cuyo propósito pareciera ser el de crear cortinas de humo para desviar la atención sobre los verdaderos responsables, ahora la senadora uribista Paloma Valencia y la columnista conservadora María Isabel Rueda (esta última con una columna mala-leche donde pinta a Samper y Serpa como un par de mafiosos dejando un reguero de cadáveres a su paso) han salido a reclamar porque Samper no firmó una carta que nadie le pidió firmar, en la que sus homólogos Belisario Betancur, César Gaviria, Andrés Pastrana y Álvaro Uribe le piden a la Fiscalía declarar el crimen de lesa humanidad.
 
Que Samper no haya firmado es una nimiedad magnificada a la enésima potencia, pues el fiscal Eduardo Montealegre ha aclarado que si a noviembre del año entrante –cuando se cumplen 20 años- el crimen prescribe y luego se le declara de lesa humanidad, el proceso se reabre. Así opera aquí y en Cafarnaúm, porque es norma universal de justicia. Otra cosa es que el crimen no pueda ser declarado de lesa humanidad debido a que la justicia halló culpable y condenó a uno de sus autores materiales, motivo por el cual la godarria se ha unido en torno al perverso propósito de remover ese obstáculo.
 
En una cosa estoy de acuerdo con la ‘mansa’ Paloma: en que “ha habido una mano muy oscura trabajando para mantener en la impunidad el crimen de Álvaro Gómez”. Sólo que, para el caso que nos ocupa, esa mano negra es la de quienes quieren que se sepulte la hipótesis de la autoría intelectual de un grupo de militares. A eso precisamente dediqué mi columna de hace 15 días, después de observar atónito que la familia Gómez Hurtado aparece ahora defendiendo nada menos que a quien se le comprobó haber disparado contra la humanidad del dirigente conservador ese fatídico 2 de noviembre de 1995.
 
¿A qué puede obedecer tan delirante defensa post pena cumplida, después de que el reo pagó 18 años de cárcel y acaba de entrar en libertad condicional? A que sólo si declaran el crimen de lesa humanidad (y para ello es condición sine qua non que al único condenado le anulen su sentencia) se revivirían los términos judiciales para que la familia Gómez Hurtado pueda demandar responsabilidad patrimonial del Estado y así tener acceso a una multimillonaria indemnización.
 
Lo llamativo es que detrás de este propósito han montado una muy poderosa campaña mediática de propaganda negra, la cual tiene confundida a buena parte de la opinión. En ella participó activamente el programa ‘Los Informantes’ de Caracol del domingo 12 de octubre mediante lo que llamé un publirreportaje judicial, consistente en que su directora, María Elvira Arango (antigua empleada del Noticiero 24 Horas), elaboró una pieza publicitaria para esa campaña donde mostró al hombre que fue condenado a 40 años de prisión, Héctor Paul Flórez Martínez, como un inocente “chivo expiatorio”, pese a que es asesino confeso de otros crímenes. Y no presentó los puntos de vista de quienes allí aparecieron como acusados de haber orquestado el asesinato, ni mencionó la primera y más fuerte hipótesis que se investigó: la de un coronel del Ejército al mando de un grupo de Inteligencia Militar conocido como Cazadores, con sede en Bucaramanga.
 
Pero no se trata aquí de repetir la columna citada, sino de manifestar la profunda extrañeza que produce comprobar que pasados 15 días exactos de su publicación y a pesar de la solidez de los cuestionamientos que allí les hice tanto a María Elvira Arango como a dos miembros de la familia Gómez Hurtado (ambos de nombre Enrique), no se ha producido la mínima aclaración o solicitud de rectificación contra mí ni contra Semana.com. Ante tan yerto panorama de reacciones sólo es posible concluir que “el que calla otorga”, pues en caso contrario, el suscrito redactor de dicho artículo se habría visto enfrentado a una dura controversia, que tampoco rehúye.
 
Al margen del debate ético que María Elvira pretende eludir, a dos miembros de la familia en cuestión y a María Isabel Rueda (antigua empleada de El Siglo y exdirectora del Noticiero 24 Horas) sí se les puede conminar a que aclaren tres cosas:
 
1. Cómo explica Enrique Gómez Hurtado la reunión clandestina de dos horas que sostuvo en su propia casa con el coronel Bernardo Ruiz Silva por los días en que este huía de la justicia tras ser cobijado con orden de detención, acusado de haber dirigido el complot para asesinar a su propio hermano. No se trata aquí de acusar al anfitrión, pero mientras no haya explicación a tan extraño hecho, queda la impresión de un Caín en turbio lance.

2. Cómo hace Enrique Gómez Martínez para no entrar en conflicto de intereses con su propia familia al representar al único condenado que hubo por el asesinato de su tío, en el trámite de un recurso de revisión que busca anular la sentencia, siendo que se trata de un proceso en el que la familia intervino con su entonces apoderado, Hugo Escobar Sierra, desde el comienzo de la investigación, participó como parte civil y estuvo de acuerdo con la condena.

3. Por qué el 4 del agosto de 2007 María Isabel Rueda dijo esto en su columna de la edición 1.318 de Semana: “No creo que (Samper) haya tenido nada que ver con el asesinato de Álvaro Gómez”. Y por qué más abajo agregó: “Siempre he creído en la teoría de que un crimen de Estado acabó con la vida de Álvaro Gómez, entendiendo por ello la posibilidad de que miembros de las Fuerzas Armadas (…) sin conocimiento de Samper, hubieran planeado y efectuado el magnicidio”. Y por qué hoy piensa otra cosa si en esa misma columna cita una declaración de Hernando Gómez Bustamante, alias ‘Rasguño’, según la cual fue “un favor del narcotráfico a políticos para ayudar".
 
Lo que no puede ocurrir es que pretendan hacer recaer el peso probatorio de ese crimen en lo que ‘Rasguño’ dice que le dijeron Carlos Castaño y otros delincuentes, todos muertos. Siempre se ha sabido que Castaño quiso enlodar a la Policía para que salieran limpios los militares, y, según la revista SEMANA, las declaraciones de ‘Rasguño’ son señal de que el hombre “¡está loco!”, mientras que la Corte de Nueva York que en diciembre del 2013 lo condenó a 30 años de cárcel sentenció que “todas las declaraciones que había entregado el narcotraficante en procesos como el del magnicidio de Álvaro Gómez (…) carecían de veracidad y hacían parte de una estrategia para tratar de buscar beneficios jurídicos que le ayudaran a rebajar su condena”.
 
DE REMATE: Tienen toda la razón los que hoy luchan por conseguir que se declare crimen de lesa humanidad el asesinato de Álvaro Gómez, de modo que al volverse imprescriptible se pueda llegar algún día hasta sus autores intelectuales. Pero es precisamente a esos autores hasta ahora impunes a quienes conviene recordarles una frase –también imprescriptible- de Abraham Lincoln: “Se puede engañar a todos algún tiempo, se puede engañar a algunos todo el tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo”.
 
En Twitter: @Jorgomezpinilla
Jorge Gómez Pinilla