Las FARC van ganando

El 2013 fue el año de la recuperación política de las FARC y de la sostenibilidad de su aparato violento. A diferencia de quienes dicen que el proceso de La Habana no les ha reportado beneficios, la realidad enseña lo contrario.

Primero. Rompieron el aislamiento político y legitimaron la violencia en la democracia. Consecuencia del reconocimiento que les otorgó el presidente Juan Manuel Santos se apuntalaron dentro y en el exterior como un actor político. Dejaron de ser un grupo narcoterrorista, así sigan traficando cocaína y perpetrando actos terroristas, por gracia de la nueva narrativa del Gobierno. Ahora utilizan las armas para “bien de todos”. A pesar de que la mayoría de los colombianos no cree eso, lo cierto es que su organización, Marcha Patriótica, actúa sin dificultades legales, y su anterior brazo, la Unión Patriótica, se reestrenó saludando a los “compañeros de las FARC” y con una campaña en defensa de Simón Trinidad. La cosa llegó al paroxismo con la declaración del nuevo embajador estadounidense que pide que se les dé amplia participación política.

Segundo. Reventaron la cohesión ciudadana contra el terrorismo. Uno de los elementos claves del declive sostenido que sufrió las FARC entre el 2002 y el 2010 fue la unidad de la sociedad en su contra. En virtud del lenguaje y la propaganda gubernamental, que hace eco al discurso autojustificatorio del grupo, se consiguió vender la idea de que el país está dividido entre amigos y enemigos de la paz. Una treta que beneficia a los terroristas y sataniza a los críticos, no de la paz, sino de la impunidad.

Tercero. Consiguieron que importantes sectores políticos, sociales, “académicos” y de los medios de comunicación patrocinen que los integrantes de las FARC tengan el derecho a gobernar a Colombia, sin importar sus delitos o si perpetraron crímenes de guerra o graves violaciones a los derechos humanos. Se “impone” la necesidad de la paz “sin importar el precio”. Todo es válido y se debe aceptar en aras de la reconciliación.

Cuarto. Mantienen su capacidad de acción violenta a pesar de la manipulación de las cifras de seguridad. La realidad es que el Plan Espada de Honor se propuso reducir las estructuras del grupo al 50 % a diciembre del 2013, pero los datos del conteo del enemigo que realiza el Ministerio de Defensa acreditan que tan sólo se redujeron en 700 integrantes entre el 2010 y el 2013. Las FARC tienen prácticamente el mismo número de miembros que al final del gobierno anterior. Un absoluto fracaso. A octubre, comparado el 2010 con el 2013, los atentados terroristas saltaron de 405 a 705, un crecimiento del 74 %. La voladura de oleoductos aumentó de 31 a 196. A pesar de que el número de integrantes del grupo no ha variado substancialmente, la desmovilización cayó de 2.108 a 1.116 integrantes. Respecto a ese mes del 2012, se produjeron 557 capturas menos, el 20 %, igual porcentaje que registra la disminución de los dados de baja en combate. En ese período asesinaron aproximadamente 320 miembros de la fuerza pública e hirieron 2.228, en total; a octubre, 2.548 quedaron fuera de acción. Las cifras hablan solas.

Quinto. En La Habana insisten en que se elimine la política contra los cultivos ilícitos y que no se criminalice a quienes se dedican a esa actividad. Las estadísticas de Mindefensa demuestran que el Gobierno está desmontando, gradual pero aceleradamente, el esfuerzo contra los cultivos. La aspersión cayó en 53 % en todo el 2013 y la erradicación manual a octubre en el 44 %. La incautación de toneladas de coca se contrajo a esa fecha en 10 %. Además el Congreso expidió una ley que permite la salida de la cárcel de delincuentes dedicados a la coca, una vez cumplan la mitad de la pena.

Sexto. Nunca antes llevaron a un presidente tan lejos. Santos compareció ante la Corte Constitucional con el fin de defender  el “marco jurídico para la paz”, que permite la renuncia a la persecución penal de graves violaciones a los derechos humanos y de los menos responsables de crímenes de lesa humanidad y de guerra. Un monumento a la impunidad defendido por el jefe de Estado que, en cambio, no dijo nada ante la caída del fuero penal militar en la Corte, figura jurídica rechazada vehementemente por la cúpula terrorista.

Séptimo. Hicieron del fiscal Montealegre un títere de los violentos. Cada vez que surge una voz que reclama justicia o advierte sobre los estándares internacionales que se deben respetar en el proceso de La Habana, sale ese funcionario, abogado de oficio, a teorizar, promover, defender y propugnar por impunidad para las FARC y por darles el derecho a gobernar. ¡Repugnante espectáculo de un funcionario cuya misión constitucional es perseguir a los criminales, no protegerlos!

Octavo. Se favorecieron con la reforma al Código Penitenciario y al de procedimiento penal. La nueva ley permite conceder la prisión domiciliaria a miembros de las FARC condenados por rebelión. Salen de la cárcel a la casa o al cambuche. Se les premia omitiendo su pertenencia a una organización que realiza los crímenes más atroces en el hemisferio.

Noveno. Pararon el país. Como se lo propusieron, fue el año de la “movilización popular”. Paros por doquier. El Partido Comunista Clandestino a toda máquina promovió marchas, tomas y todo tipo de manifestaciones orquestadas y articuladas en una sola estrategia de agudización de los conflictos sociales y de legitimación de la “solución política negociada”. No se puede generalizar, pero sería ingenuo pretender que la ola de paros es simplemente el renacer espontáneo de los movimientos sociales. Las FARC llevan mucho tiempo trabajando la construcción de dicho escenario. La prueba es que le ganaron el pulso al Gobierno en  Catatumbo y en el paro minero, sin hablar de la demostración de fuerza con verdaderos “combates urbanos” en Bogotá, que obligaron a declarar el toque de queda en varias localidades.

Décimo. Con los acuerdos parciales alcanzados con el Gobierno, las FARC avanzan en institucionalizar el control que ejercen en alejadas zonas del territorio nacional debido a la violencia o a la colonización armada. Las Zonas de Reserva Campesina recibieron el impulso de Santos y son el camuflaje con el cual consolidarán el poder territorial y desde donde buscarán construir una plataforma para la toma del poder nacional. El grupo tiene claro que la “solución política negociada”, es decir, el proceso de La Habana, es un elemento táctico y estratégico supeditado a la consecución de sus objetivos, no su abandono. Habrá “Acuerdo” si se ajusta a las necesidades de su Plan Estratégico.

Y, finalmente, sus mayores ganancias vendrán en el 2014. Han tejido un escenario en el cual la reelección del presidente candidato depende del “proceso de paz” o, lo que es lo mismo: depende de Timochenko, Márquez y Catatumbo. La viabilidad de Santos está condicionada a cómo empleen las FARC sus recursos de violencia y movilización en los primeros meses del nuevo año. Lo tienen en la mano y lo saben.

De todo esto queda una lección: Las FARC van ganando y saben lo que hacen mientras a la sociedad la duermen a punta de titulares, discursos y mentiras. El 2014 debe ser el año de la reivindicación de las víctimas y del reclamo de justicia, no de los victimarios, ni de la impunidad.

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